Advierten los fiscales que la reforma los somete al poder político
El proyecto kirchnerista deja al tribunal que puede desplazarlos en manos de una mayoría de representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso
Fiscales federales expresaron su preocupación por el proyecto de ley aprobado en el Senado que modifica la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal: denunciaron que si la iniciativa se convierte en ley, todos los fiscales quedarán expuestos a ser fácilmente suspendidos si investigan al Gobierno. La maniobra, según argumentan, implica debilitar sensiblemente a la Procuración. “Es como poner a todos los fiscales en comisión”, se quejaron, en referencia a una modificación que aumenta la presencia del poder político en el tribunal con poder para removerlos.
La inquietud entre los fiscales es tan profunda que analizan iniciar acciones legales para frenar la ley, según se comentó en una asamblea extraordinaria de la Asociación de Magistrados, con voces de todas las listas, y se conversó en el seno de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun). “La ley implica un sometimiento del Ministerio Público al Senado”, afirmó Carlos Rívolo, fiscal federal y presidente de Affun. Por una ley similar, impulsada años atrás, la Argentina terminó por ser denunciada ante la ONU.
El debate legislativo y político se centró en la modificación de las mayorías necesarias para elegir al nuevo procurador general de la Nación. Hasta ahora es necesario que el candidato reúna los votos de los dos tercios del Senado. El kirchnerismo no tiene esa mayoría y necesita negociar con la oposición. Por eso promovió la nueva ley, que flexibiliza las exigencias y establece para designarlo el voto de la mitad más uno de los senadores.
“Se debilita el Ministerio Público. La mitad de los fallos de la Corte Suprema se remiten a la opinión del procurador y por eso es necesario que tenga estabilidad en el cargo. Los mejores ejemplos de la importancia de que el cargo tenga esa legitimidad los dio el exprocurador Nicolás Becerra en el Senado, cuando dijo que sin esa mayoría él no hubiera podido dictaminar contra la reelección de Carlos Menem, que lo eligió, o pronunciarse en contra de la validez de las leyes de obediencia debida y punto final”, explicó Rívolo.
El presidente propuso a Daniel Rafecas como su candidato a procurador, pero el juez federal expresó que si cambiaban las reglas para designarlo, él desistía de su candidatura. El kirchnerismo rechazó públicamente las condiciones de Rafecas y avanzó igual con los cambios. Alberto Fernández, que rechazaba también la reforma, terminó dándole su aval. En su entorno esperan que la reforma naufrague en la Cámara de Diputados.
La iniciativa aprobada propone cambios controversiales, dijeron media docena de fiscales federales consultados por la nacion. Pero el cambio en la modalidad de elección del procurador es, en todo caso, lo que menos los alarma.
Los fiscales están preocupados porque se modifica la integración del tribunal de disciplina mediante el cual se puede suspender y remover a un fiscal. Actualmente está integrado por siete personas: un representante del Poder Ejecutivo, uno del Legislativo, dos fiscales generales, un jurado en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y uno por el Consejo Interuniversitario.
Con la reforma siguen siendo siete integrantes con uno del Poder Ejecutivo, pero se introducen tres representantes de la comisión bicameral (dos por la mayoría y uno por la minoría), un integrante del Consejo Interuniversitario, un abogado del Colegio Público de la Capital Federal, un solo fiscal (antes había dos) y desaparece el abogado de la FACA. Con esta integración bastan tres votos y una abstención para suspender a un fiscal.
“Se relaja el jurado de enjuiciamiento y se agregan miembros de la política. Las decisiones se toman por mayoría, la suspensión de un fiscal se hace rápidamente. El nuevo código acusatorio nos da responsabilidad en las investigaciones, pero sin una cobertura institucional por lo que hagamos nos deja a merced de los gobiernos que se sucedan. Nos someten a la política, que hasta de oficio puede arrancar sumarios y terminar de mínima con una suspensión”, dijo Rívolo. Otro fiscal ironizó: “Con esta ley, el fiscal José María Campagnoli [que evitó un proceso en el kirchnerismo] ya estaría vendiendo helado con barbijo caminando por la playa”.
El fiscal Rívolo denunció que hay un sometimiento a la comisión bicameral del Congreso. “Con esta reforma, ¿cuánto va a durar un fiscal que se anime a investigar al poder?”, se preguntó.
Los fiscales están en deliberación. Al menos 80 de ellos firmaron una declaración en la que rechazan la modificación legislativa y analizan si no corresponde intentar frenarla con un recurso judicial.
En la reforma, además, es el presidente del tribunal de enjuiciamiento el que decide avanzar con el caso contra un fiscal. Actualmente, esa es una decisión del procurador.
El otro inconveniente señalado es que se avalan los traslados con la sola aprobación de la Comisión Bicameral del Ministerio Público en el Senado, con lo que si un fiscal concursa para el Chaco o Tierra del Fuego y gana (con pocos competidores), puede ser trasladado, por ejemplo, a Comodoro Py 2002, donde sus decisiones tienen otra gravitación política. Con este recurso se pueden cubrir las vacantes rápidamente en los cargos más sensibles.
Además, se establece que, con el nuevo procedimiento, si en 30 días no es posible elegir a un procurador, la comisión bicameral lo designará de manera interina entre los procuradores fiscales. Actualmente son procuradores fiscales Eduardo Casal (el más antiguo, razón por la que ocupa de manera interina la Procuración, y a quien el kirchnerismo quiere desplazar), Laura Monti y Víctor Abramovich, extitular del CELS y a quien el kirchnerismo ve con agrado para comandar el Ministerio Público Fiscal.
La fiscal federal Mónica Cuñarro dijo en el Senado que “la politización de la Justicia que se ha dado en los últimos períodos es algo nocivo para el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en general”. Y se quejó de la injerencia de la bicameral, que prevé la ley. “Una cosa es control y otra cosa es cogobierno”, afirmó en esa ocasión. Cuñarro había sido invitada por el propio kirchnerismo para dar su opinión.
Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, sostuvo que “para saber cuándo las modificaciones en la ley son reformas que afectan la autonomía o no la afectan, tenemos que ver la diferencia entre control e injerencia”. “Los dos tercios no solo dan legitimidad de origen, sino respeto por la autonomía del Ministerio Público. Los dos tercios aseguran una discusión parlamentaria y son una salvaguarda institucional para que el procurador tenga un determinado perfil”, afirmó Villar.
En el otro extremo, Maximiliano Rusconi, exfiscal, exfuncionario y abogado de Julio De Vido, lanzó una petición en change.org para apoyar la reforma legislativa, que llegó al centenar de firmas en pocas horas.