La agenda económica se muda al Congreso
para los empresarios, la línea A de subte no termina en la Casa Rosada. Sino que apenas comienza allí para luego hacer su parada más relevante en Congreso. Es allí donde para ellos reside en gran medida el poder real y, ahora, también donde se materializa gran parte de la gestión oficialista. Las medidas más importantes –y muchas de las que más los incomodan– se incuban y se materializan en el Palacio Legislativo, incluso en ocasiones a espaldas (o contra la vocación) de los ministros del gabinete, con quienes los empresarios tienen un diálogo abierto.
Mientras la agenda del gabinete avanza con dificultades, el Congreso no se queda atrapado en nudos gordianos, siempre retoma su labor con una diligencia que no deja de sorprender. Basta ver lo que sucedió el viernes, tras los incidentes en el velorio de Diego Maradona: mientras el presidente Alberto Fernández se ocupaba de explicar en medios masivos lo inexplicable, el Senado le daba media sanción al proyecto que modifica las mayorías para la elección del procurador. Ni el duelo de tres días hizo que se modificara la agenda parlamentaria.
Más allá de cuestiones políticas y judiciales, que inciden y mucho en el clima de negocios, la agenda del Congreso está plagada de proyectos que interpelan al mundo económico. El proyecto de aporte solidario (o impuesto a las grandes fortunas), el de la sostenibilidad de la deuda, el de la movilidad previsional, el de etiquetado de alimentos y el del manejo del fuego son solo algunos de los que están en la agenda más urgente del Parlamento, y que desvelan al sector empresario (y también en algunos casos al gabinete económico, que ahora lidera Martín Guzmán). También miran con preocupación otros que aún están verdes, como el proyecto que propone derogar el decreto 820/16 del macrismo, por el que se modificó el régimen de tierras rurales, y que ya tuvo dictamen de la Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau.
El problema es que no siempre la gestión del Congreso es permeable a contrapuntos, menos aún cuando la decisión de avanzar con algún tema está tomada. Lo evidenciaron los empresarios de la Unión Industrial Argentina, que ni siquiera recibieron respuesta a la carta que enviaron hace dos semanas al senador Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para exponer sus argumentos en contra del aporte solidario de grandes fortunas. Pero no fue la única misiva que enviaron y que no obtuvo respuesta.
En términos generales, los hombres y mujeres de negocios reconocen los esfuerzos de algunos ministros por mejorar el clima económico. Pero también son conscientes de sus limitaciones. “Tienen que ayudarme a convencer a la gente de que no vamos a devaluar”, les pidió el ministro Martín Guzmán, tanto a los empresarios de la UIA, que lo visitaron el miércoles pasado, en una reunión que duró dos horas y media, como a los representantes de AEA (Asociación Empresaria Argentina), que se habían acercado hasta el Palacio de Hacienda algunos días antes. “Ahí te das cuenta de que el ministro tiene 38 años… nosotros con muchos años más ya vimos pasar a varios que dicen, ‘el que apuesta al dólar pierde’”, ironizó un empresario.
La realidad es que la estrategia que tiene en carpeta Guzmán para recuperar la confianza de los mercados es bastante parecida a lo que los inversores y los empresarios imaginan, aunque nunca lo vaya el ministro a admitir públicamente, e incluso, lo niegue. La eliminación del gasto Covid, la reducción de las transferencias discrecionales a las provincias (bajaron en noviembre
28% respecto a octubre y hasta un
54% respecto a septiembre, según la consultora Politikon Chaco), y los adelantos de subas de tarifas para
2021 dan cuenta de un ministro que sabe que no hay salida si no hay una reducción del gasto público. Quienes participan de las discusiones del equipo económico saben que no le fue fácil a la titular de la Anses, Fernanda Raverta, conseguir que Guzmán le liberara el aumento para los jubilados del 5% en diciembre. Primero, planteó eso o un bono no remunerativo, luego el debate se saldó con un aumento del 5%, pero a cuenta de los aumentos futuros. A pedido del FMI, no descartan avanzar en una reforma previsional que vaya más allá del cambio en la ley de movilidad. El sábado voló para Washington Sergio Chodos, representante argentino en el FMI. Se vienen semanas de negociaciones ásperas, sobre todo porque la Argentina podría tener que buscar algo de dinero extra para fortalecer las reservas, calmar las expectativas de devaluación y no estresar por demás el mercado de deuda local (ya en el canje de deuda de la semana pasada por
$193.920 millones, prácticamente no hubo participación privada; la mayoría de los bonos vino de organismos del Estado. Por lo que ya si Guzmán quiere seguir colocando bonos localmente, deberá subir las tasas). Según el economista Emmanuel Álvarez Agis, uno de los que mejor lee al Gobierno, el programa 2021 sólo cerraría con algo de dinero fresco del FMI y de organismos internacionales (en total unos US$5000 millones).
También el ministro pareciera estar convencido de aplicar una política de seducción para recuperar la confianza inversora, y no del garrote. Así lo hace desde que asumió el liderazgo del equipo económico, y desanduvo muchas de las medidas más duras que aplicó el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, a mediados de septiembre. Hay quienes lo escucharon al ministro anticipar que le gustaría quitar el impuesto de 35% a la compra de dólares en marzo, una vez que ingresen dólares de la cosecha gruesa. También suele resistir con una paciencia budista los argumentos de quienes, dentro del gabinete, lo alientan a endurecer las normas para que el campo liquide los granos que acopia a la espera de otra devaluación.
Lo que no queda claro es si el ministro tendrá el respaldo político para sostener este fuerte ajuste fiscal en un año electoral y en un contexto de aceleración inflacionaria. ¿Subirá tarifas hasta 60%, tal cual tiene previsto, con una inflación que corre al 4% anual? Terminarán de habilitar a las empresas para que suban los precios de sus productos incluidos en Precios Máximos? Algo de esto terminarán de saber las empresas de la Amcham, la cámara de comercio americana, que se reúne el 10 con la secretaria de Comercio, Paula Español. Por ahora, hay escepticismo.
Es cada vez más evidente que, a casi un año de haber asumido, Fernández no pudo (o no quiso) dotar a sus ministros de la independencia que requiere la gestión. Con la excepción de Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro del Interior, que se mueve con la templanza de quien cuenta con un aval político irrevocable, el resto camina en arenas movedizas. Casi no hay quien no haya sufrido que el Presidente le desmintiera medidas que horas antes habían consensuado en privado. No sorprende que los enviados del FMI indagaran más sobre política que sobre economía. Lo mismo diplomáticos de los países que luego votan en el directorio del organismo.
“El problema es que el Presidente en un gobierno presidencialista dejó de ejercer su poder, no defiende a sus ministros”, se quejaba un empresario de diálogo con casi todo el gabinete. Hombres y mujeres de negocios lo vivieron después del 9 de julio, cuando fueron convocados para una puesta en escena en Olivos. Horas después, eran criticados por referentes del oficialismo, sin que mediara una palabra del Presidente en su favor. “Si invitás gente a tu casa, no podés dejar que puteen a tus invitados”, ilustró un empresario. Este jueves, en la planta de Sinteplast, Fernández será responsable de cerrar la Conferencia de la UIA. Pocos confían en ver un cambio.