Pese a las críticas, los centros de aislamiento siguen operativos
El gobierno de Insfrán no garantiza a las personas que tienen dónde aislarse que no serán detenidas
El de ayer fue el segundo revés para el gobierno de Gildo Insfrán en la Corte Suprema, luego de que en noviembre pasado, a más de ocho meses de iniciada la pandemia por coronavirus, el máximo tribunal ordenó a la administración de Formosa que habilite el ingreso de personas” tras la presión de más de 8800 formoseños que querían volver a sus casas.
Convencidos de que “en la Argentina no hay ejemplos” como el de Formosa, en lo que respecta al manejo de la pandemia, y que “habría que buscar en el mundo quienes hayan podido controlar así el brote” –según palabras textuales del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González–, la gestión de Insfrán, hasta fines del año pasado, dejaba entrar a los formoseños a cuenta gotas, para velar por “el derecho a la vida”.
Las restricciones aún persisten, pero con un protocolo “más flexible”. Ya no se ven, en las banquinas de la ruta 11, del lado de Chaco, a las más de 50 familias que acamparon durante meses a la espera de una habilitación para cruzar el Bermejo.
A Formosa se entra, sí, pero en la fecha y hora que disponga el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, con un hisopado negativo previo al ingresar; otro, una vez adentro; y ante la condición innegociable de que “la persona autorizada acepta cumplir una cuarentena obligatoria en un Centro de Alojamiento Preventivo, de acuerdo a los criterios y directivas de las autoridades competentes, suscribiendo a su arribo el consentimiento informado correspondiente”, según se detalla en la página web del gobierno provincial.
Los datos oficiales indican que Formosa es la última provincia a la que ingresó el virus, a mediados de junio, y la que mejor índice de contagios tiene, a nivel país –1175 contagiados y 20 muertos hasta ayer–. Pero los resultados llegan acompañados de la privación de libertades, avasallamientos, decisiones arbitrarias y múltiples denuncias al gobierno de Insfrán por maltrato y violación de derechos humanos, en particular, en los centros de aislamiento.
“No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa”, afirmó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, después de pasar dos días en Formosa, a fines de enero, para relevar el manejo de los centros de aislamiento, tras la ebullición de denuncias. Una semana después, un grupo de diputados de JXC desembarcó en la provincia norteña para afirmar lo contrario.
En ese entonces, tras detallar historias de los formoseños aislados en aquellos centros, la diputada naciola
nal por la Coalición Cívica Mónica Frade afirmó, en diálogo con la nacion: “No son hechos aislados, es una metodología. En 48 horas de escuchar testimonios desgarradores, confirmo que es una metodología de gobierno”.
Frade se refirió al caso de Zunilda Gómez, una mujer de 33 años que perdió su embarazo tras permanecer 22 días aislada, bajo llave, junto a sus hijos de entre cuatro y 12 años. “Se fue a hacer un control médico, la hisoparon y dio negativo, pero su marido positivo. Los llevaron al Estadio Cincuentenario, el lugar que recorrió Pietragalla y no vio nada, y los dejaron bajo llave”, contó la diputada, luego de reunirse con la joven formoseña.
“Al cabo de unos días, empezó con pérdidas, que derivaron en una hemorragia imposible de frenar. La atendió la policía, ya que en los centros no hay personal de salud, y la llevaron a un hospital, dejando a los hijos solos en la habitación”, continuó. “Luego del raspado, la dejaron nueve días más encerrada, sin control médico”, agregó, para concluir: “Si esto no es una detención ilegal, que me digan qué es una detención ilegal”.
Durante los últimos meses, se hicieron públicos otros tantos testimonios de formoseños que fueron trasladados por la policía a los centros de alojamiento, que, en su mayoría, se encuentran en la capital. A pesar de que el gobierno de Insfrán “flexibilizó” su régimen y afirmó que permitirá realizar cuarentena en sus casas a las familias con menores y a los mayores de 60 años, la letra chica del protocolo todavía da sorpresas.
Tal es el caso reciente de Carlos Ojeda, un no vidente de 82 años que fue encerrado en un hospital junto a su nieta, por diez días, bajo llave. La provincia no le permitió acceder a la cuarentena domiciliaria por vivir en condiciones precarias.
Irma López, de 64 años, fue advertida que, al igual que Ojeda, no podría aislarse en su domicilio. Durante la visita de a la la nacion frontera entre Chaco y Formosa, López dijo: “Cuando vuelva, me va a esperar un vehículo policial del otro lado del puente para trasladarme a donde dispongan. Si tengo que ir a un centro, lo haré”.