¿Afianzar o socavar la Justicia?

La sucesión de actos impulsados desde sectores del oficialismo para presionar y condicionar a los magistrados es de una gravedad inusitada

En tres editoriales sucesivos publicados dos semanas atrás denunciamos los ataques que se llevan adelante desde la vicepresidencia de la Nación y desde el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, el Ministerio Público y diversos organismos de control con el fin de que queden impunes los gravísimos actos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En ese sentido, hubo una decisión unilateral de los miembros kirchneristas de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal para poner en práctica algunas normas que podrían beneficiar a los investigados por corrupción, la Anses comenzó a presionar a jueces para que se jubilen y un consejero alineado con el oficialismo quedó al frente del Consejo de la Magistratura.

Numerosos especialistas, medios de prensa independientes locales e incluso del exterior del país, al igual que diversas instituciones, elevaron sus voces de condena, pero es necesario ahondar en la dimensión penal de tales acciones. Es importante insistir en ello no solo para determinar la entidad de los delitos y las faltas que implican, sino para discernir si no estamos frente a un golpe de Estado cívico, de los que hoy están de moda, con el antecedente del intento de asalto al Capitolio.

Hay quienes ven como natural y hasta comprensible lo que está haciendo la vicepresidenta; otros colaboran más activamente con su propósito, sin advertir que pueden ser cómplices de un delito. Algunos ni siquiera reparan en que, por su condición de abogados, si estuviéramos en un país más serio, podrían ser sancionados gravemente por más que aleguen ignorancia sobre las más elementales reglas de conducta profesional, lo que quizás sea cierto.

También hay quienes, por obsecuencia, insultan aún más fuerte que su jefa. Y otros que ignoran graves problemas éticos derivados de su posición: son los jueces “militantes”, que ponen sus cargos al servicio de la causa sin advertir cómo degradan las magistraturas que los invisten. Un juez que milita deja de ser juez. Como sucede con el caso de Eugenio Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay barbijo que filtre sus demasías, considerándose más allá del bien y del mal, pese a haber sido suspendido en una oportunidad por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Un párrafo especial merece la actitud del Instituto Patria, que obra como usina de pensamiento, estrategia, diagramación y concreción de aquellas acciones, creado por la vicepresidenta de la Nación con recursos opacos, imposibles de financiar con cuotas sociales.

Cabe recordar que, en 2019, fue detenido un empleado de ese instituto por haber robado cerca de 100.000 dólares que estaban ocultos en la referida entidad.

En tanto, una investigación promovida por la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Juntos por el Cambio respecto de la financiación del Instituto Patria fue desistida por el actual titular del organismo, Ricardo Nissen, apoderado de los hijos de Cristina Kirchner, en Hotesur SA. Al no interesarle ya a la IGJ seguir adelante con esa causa, la Corte se vio obligada a cerrarla.

Desde estas columnas hemos criticado que Cristina Kirchner insista en denunciar una supuesta “mesa judicial” durante la gestión de Macri para coordinar una persecución contra ella y sus exfuncionarios, al tiempo que la vicepresidenta promueve y sostiene aquella estructura “Patria” que, sin ser un bufete legal, colabora con todos los medios a su alcance para salvar a los corruptos.

Queda claro que si, al comienzo de la actual gestión, Cristina Kirchner intentó disimular su interés por cooptar a la Justicia, en los últimos meses ya lo expresa en forma desembozada y hasta alardea de sus intervenciones. A la fecha, no quedan dudas respecto de quién es la cabeza máxima que dirige tales operaciones.

Sin embargo, ni la vicepresidenta ni el kirchnerismo gobiernan solos: forman parte de una coalición integrada, entre otros, por el “albertismo”, que ahora coopera activamente con el operativo “elusión”. El propio Alberto Fernández, en su época antikirchnerista, había sido uno de los principales denunciantes de la actual vicepresidenta. Se ha sumado también la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien venía manteniéndose al margen de esas burdas operaciones, pero que en las últimas semanas se ha plegado a las diatribas.

Otro intenso colaborador es el massismo, que aparenta poner límites, pero que nunca se ha pronunciado decididamente en contra de estos atropellos. Tampoco lo ha hecho el sector de Roberto Lavagna, en el que ahora milita Graciela Camaño, una dirigente que solía ser muy criteriosa, pero que facilitó con su voto en el Consejo de la Magistratura la revisión de los traslados de varios jueces, decisiones que habían sido tomadas por el gobierno anterior. Y qué puede decirse de otros sectores, como el sindical de Hugo Moyano, actuando siempre en complicidad con el poder. Todo ello frente al silencio de muchos gobernadores al que ese mismo poder cobija y sostiene por intereses mutuos.

Abundan reproches éticos, faltas administrativas, delitos del Código Penal y contra la Constitución. Por ejemplo, el ataque al Poder Judicial puede calificarse como un golpe de Estado civil, encuadrado en el artículo 36 de la Ley Fundamental. En otro extremo, utilizar recursos del Estado en beneficio propio es un delito: podría ser el caso de Graciana Peñafort, abogada de confianza de la vicepresidenta, quien continúa con esa responsabilidad, pero ahora como directora de Asuntos Jurídicos del Senado, pagada por todos nosotros.

Bajo otra perspectiva, proponer costosas reformas de instituciones, como la Justicia Penal, para beneficio privado es claramente otro delito contra la Constitución y de derecho penal.

Las medidas dispuestas en diversos organismos fiscales o de control para desmantelar equipos de trabajo especializados en detectar delitos o faltas en sus respectivas áreas también constituye un daño al Estado nacional.

Impulsar leyes de beneficio fiscal para amigos, familiares o cómplices, en perjuicio del resto de los ciudadanos, entra en el tipo sancionado en el artículo 36 de la Constitución. Utilizar a la Justicia para amenazar y presionar como se hizo con algunos magistrados es una clara estafa procesal. Armar juicios forzando la jurisdicción para recalar en juzgados amigos, como ocurrió en Dolores, con la denominada “operación puf”, también lo es, al igual que evadir la acción de la Justicia.

Todo lo que se hace fuera de los recursos legales para ayudar a que Cristina Kirchner y sus cómplices zafen de cualquier demanda constituye un delito de derecho penal.

En esta guerra que se ha planteado también hay problemas éticos: intervienen muchos profesionales del derecho, no solo abogados, sino también jueces militantes, sin advertir ninguno de ellos los reproches que sus conductas generan. Conspirar para condicionar a la Justicia y desactivar los controles como lo hacen también es un delito. Muchos de ellos se incluyen entre los ya aceptados “delitos constitucionales” porque están tipificados en la reforma de 1994.

Por todo ello, definir las conductas involucradas en interferir y eliminar controles, y sus eventuales sanciones, es un tema de crucial importancia.

Socavar la Justicia como se está haciendo colisiona directamente con el llamado de nuestros constituyentes a afianzarla. Y hacerlo desde las investiduras y poderes que hemos mencionado importa delitos penales que, en algunos casos, se suman a los que determinaron el procesamiento. Aspiramos a que estas reflexiones sirvan para transmitir algo de racionalidad, adviertan a los que están actuando y convoquen a suspender lo que se está haciendo. Y que, desde la Justicia y la política, se insten acciones legales. Es demasiado grave lo que nos está ocurriendo como para no comprometerse.

Las acciones de Cristina Kirchner y sus seguidores para dominar la Justicia y los organismos de control con el fin de lograr impunidad constituyen un delito penal y contra la Constitución