Lázaro Báez suma problemas judiciales que complican el futuro de los Kirchner
Le confirmaron un procesamiento en Chaco; vínculos con causas de la vicepresidenta
Lázaro Báez acumula problemas. El presunto testaferro de la familia Kirchner recibió ahora malas noticias desde Chaco. Allí, 3300 kilómetros al norte de Río Gallegos, la Cámara Federal de Resistencia confirmó su procesamiento por presunta evasión agravada por el uso de documentos falsos y por el monto involucrado.
Báez cosechó el nuevo traspié –que por extensión complica a la familia Kirchner en los tribunales– junto a varios de sus colaboradores. Entre ellos, el entonces presidente de Austral Construcciones Julio Mendoza y su contador Claudio Bustos, cuya sombra también se cernió sobre Bahía Blanca, cuando la AFIP llegó a cerrar su regional allí en la gestión de Ricardo Echegaray para proteger a Austral Construcciones.
La Cámara Federal de Resistencia también procesó al socio de Báez y exsenador justicialista chaqueño Fabio Biancalani como presunto coautor de tres hechos de evasión agravada y al abogado Jorge Chueco, quien intentó fugarse y luego suicidarse cuando la Justicia ordenó su captura en la causa por la “ruta del dinero K”.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani también deberán afrontar embargos por $52 millones cada uno, monto que debería alcanzar para cubrir la cifra que la AFIP estimó que habrían evadido de Ganancias e IVA a través del uso masivo e intensivo de facturas apócrifas. Chueco deberá sobrellevar un monto menor: $3 millones.
El abogado Roberto Herrera logró, sin embargo, un avance a favor de su defendido, Leandro Báez, a quien le habían dictado falta de mérito. La Cámara de Resistencia confirmó que no hay evidencias suficientes para procesarlo junto al resto, por lo que deberá profundizarse la investigación.
Para Báez y sus lugartenientes en Austral Construcciones –Mendoza y Bustos–, lo ocurrido en Chaco es apenas uno de los tres vértices judiciales que afrontan por su presunta evasión tributaria a gran escala que desarrollaron durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Arrastran problemas en Buenos Aires y Bahía Blanca.
En Buenos Aires, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart los procesó en marzo de 2018 por la presunta evasión a través de Austral Construcciones de, al menos, $70 millones, lo que confirmó la Cámara de Apelaciones.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como integrantes de una asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de $673 millones y con embargos por $120 millones.
A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires y en Chaco, la Cámara Federal de Bahía Blanca no definió si confirma o no los procesamientos dispuestos en primera instancia en diciembre de 2019. Es decir, hace un año y miedo.
En Chaco, la investigación comenzó con una denuncia de la AFIP, que detectó presuntos delitos al revisar los libros contables de “Sucesores de Adelmo Biancalani”, constructora de Báez en la que el exsenador Fabio Biancalani sigue como accionista minoritario.
El juez subrogante Enrique Bosch procesó a Báez y los otros acusados en septiembre. Concluyó que hay pruebas de “operaciones interempresas –controlada y controlante– con facturaciones importantes por servicios que, a la postre, no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la AFIP, y que sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.
La Cámara Federal de Resistencia confirmó esos procesamientos. “Tenemos por acreditada la autoría de los procesados por prueba indiciaria sumada a los restantes elementos objetivos aunados”, remarcaron los camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Juan Manuel Iglesias.
En Bahía Blanca, la investigación contra Báez se dividió en dos tramos. El primero espera una definición en la Cámara Federal; el segundo, centrado en los posibles delitos dentro de la AFIP para encubrir lo ocurrido, lo tiene el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y está en sus pasos iniciales.
Según consideró probado el juez López da Silva, Báez evadió con empresarios y profesionales bahienses como Silvio Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Chanquía, procesados y embargados por $70 millones cada uno.
Los abogados de esos empresarios confían en revocar los procesamientos en la Cámara Federal, donde concentran todos sus esfuerzos, recorriendo algunos de sus despachos principales durante los últimos meses, repetidas veces, según reconstruyó
El interés y las presiones sobre esa Cámara exceden a los abogados. El desenlace es determinante para el futuro de Báez e, incluso, de Cristina Kirchner, quien afronta un juicio oral, acusada de liderar una presunta asociación ilícita.
Para el tribunal que condenó por lavado a Báez, Mendoza y Bustos, el origen de los fondos fue el fraude fiscal de fortunas de la obra pública. Y aludió a evidencias que salen –o deberían salir– de Bahía Blanca, Chaco y Buenos Aires.
la nacion.