Impuesto a la riqueza: vive en Uruguay y debe pagarlo
La Justicia rechazó el reclamo de un contribuyente que adujo que no residía en el país
El Aporte Solidario y Extraordinario, también conocido como el “impuesto a la riqueza”, que grava a las grandes fortunas, sigue activando conflictos en los tribunales. En esta ocasión, la Justicia Federal rechazó una medida cautelar que solicitó un contribuyente, quien alegó “que no es residente fiscal en la Argentina” desde julio de 2020.
El contribuyente había presentado un amparo para no pagar el impuesto, ya que vive en Uruguay desde antes de que el Congreso aprobara el impuesto a la riqueza, el 18 de diciembre de 2020. Además, indicó que a fines de agosto le informó a la AFIP “la pérdida de su condición de residente y solicitó su baja en el impuesto a las ganancias y Bienes Personales”, al tiempo que la Dirección General Impositiva uruguaya reconoció su residencia fiscal.
A su criterio, la improcedencia de la tributación por un no residente viola los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Convenio para evitar la doble imposición suscripto entre la Argentina y Uruguay, de quienes tengan vinculación con ambos países, y el principio de irretroactividad de las leyes.
Sin embargo, el juez federal Walter Lara Correa rechazó la medida cautelar solicitada por Roberto Jorge Rodríguez, ya que “la doctrina ha señalado que puede plantearse que una persona física no sólo sea residente del exterior, sino también residente en la Argentina, es decir, tenga una doble residencia”.
Ayer, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dijo que casi la mitad del patrimonio de quienes pagaron el impuesto a la riqueza se encuentra fuera de la Argentina. “La riqueza de los sectores alcanzados, los más ricos del país, está en distintas formas de activos financieros”, aseguró en la TV Pública.
Hasta ahora, los tribunales fallaron a favor de los contribuyentes en cinco ocasiones, mientras que nueve jueces rechazaron los mismos pedidos para no pagar el tributo en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Por el momento, la AFIP ya fue notificada en unas 60 causas.