Para los expertos, el proyecto que limita las clases puede quedar frenado en la Justicia
La mayoría de los especialistas consultados advierten sobre problemas de inconstitucionalidad en la eliminación de facultades de los gobernadores y cuestionan la falta de un límite temporal
Si el proyecto de ley que le da más atribuciones al presidente Alberto Fernández para gestionar la pandemia y fijar restricciones se aprobara tal como está, terminaría irremediablemente objetado por la Justicia por su dudosa constitucionalidad, según la opinión mayoritaria de los constitucionalistas consultados por la nacion.
Los puntos más críticos están vinculados con la delegación de funciones en la presidencia. Por ejemplo, la norma habla de que los gobernadores son “delegados” de la Casa Rosada, cuando se trata de “agentes naturales” del gobierno.
Otro aspecto que cuestionaron es que la emergencia no tiene un límite temporal. El texto reproduce los puntos del DNU que criticó la Corte la semana pasada, al señalar que viola la autonomía porteña. Los especialistas dijeron que no se superaron los problemas que marcó la Corte. En su fallo, el tribunal habló de facultades concurrentes que es necesario pactar, y la ley no prevé esta instancia.
Desde el gobierno porteño recordaron que la Corte se anticipó a esta situación. En uno de los párrafos del fallo señala que “en el supuesto hipotético” de que en lugar de un decreto sea una ley la que impida las clases presenciales, “la conclusión a la que arriba el tribunal en torno a la vulneración de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires se mantendría incólume”. En otro párrafo se plantea que el fallo de la Corte sirve para casos futuros, como el del proyecto impulsado por la Casa Rosada, tal como explicó Carlos Llera, director del Centro de Estudios Procesales de la Universidad del Salvador, en
la nacion. “Si se aprueba como está, se va a judicializar”, dijo a la
un hombre de derecho que nacion consulta la oposición. “Si se mantienen las objeciones, será finalmente judicializado”, agregó otro experto de consulta de Alberto Fernández.
La constitucionalista María Angélica Gelli indicó a que la la nacion norma exhibe un “marcado centralismo”. Se habla de la salud pública como una obligación del Estado nacional, pese a que la Corte dijo que era “una competencia concurrente entre las provincias, la ciudad y el Estado nacional”. Gelli explicó que la ley “desconoce el federalismo de concertación” y advirtió que si la Corte señaló que lo establecido en el decreto viola la Constitución “es igual que sea dispuesto por decreto o por ley”. La especialista destacó el error de que “los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad no son delegados del gobierno federal”, sino “agentes” para cumplir la Constitución.
Raúl Gustavo Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, dijo que “la norma carece de un plazo determinado para la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”. También remarcó que se menciona a los gobernadores y el jefe de gobierno como “delegados” del gobierno, cuando son “agentes naturales” del gobierno federal.
Daniel Sabsay dijo que la ley “es inconstitucional”, pues “desconoce las autonomías” provinciales. “Es otro burdo arrebato de mentes antidemocráticas”, disparó.
Carlos Laplacette, especialista en derecho constitucional, dijo que el proyecto del oficialismo, como toda ley que plantea una emergencia y una delegación legislativa, es complejo y no es de extrañar que se judicialice. “Es mejor que un decreto; que sea el Congreso el que delegue facultades coloca el asunto en mejor situación”, afirmó, para coincidir en que los problemas del fallo de la Corte subsisten en el nuevo texto del proyecto. Señaló también la necesidad de fijar un plazo razonable para la emergencia.
El único de los consultados que defendió el proyecto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, señaló que la iniciativa no otorga al presidente ninguna clase de “superpoderes” ni viola la Constitución. “El mecanismo de delegación previsto solo habilita al presidente a tomar medidas restrictivas adicionales en situaciones determinadas cuando cumpla con ciertos requisitos”, advirtió. Señaló que “se prevé una consulta previa con el jefe de gobierno y los gobernadores, según corresponda”. Los expertos consultados coincidieron en un último punto: que el proyecto es perfectible y el debate legislativo puede sanear estos problemas.