LA NACION

Una necesidad en tiempos de pandemia

- Raúl Aguirre Saravia Presidente de Será Justicia

El gobierno nacional y los bloques de la oposición han acordado la prórroga por un mes de las elecciones legislativ­as de medio término, debido a la pandemia. Solo han establecid­o mediante una cláusula cerrojo que las fechas no podrán modificars­e en un futuro, aunque nada nos garantiza que los comicios puedan realizarse en noviembre, ya que no se ha podido cumplir con el calendario de vacunación. Se habría justificad­o la postergaci­ón, y aún estamos a tiempo, si hubiera ido acompañada de medidas como la boleta única de papel, que aseguraran una mayor protección del acto electoral, ya que en este caso el trabajo de logística previo es menor, se agiliza el trámite de la votación en el cuarto oscuro, se requieren muchos menos fiscales y además, significa un ahorro económico que podría ser usado para adquirir más vacunas o aplicarlo a subsidios de quienes han perdido su trabajo.

La sociedad no puede quedarse de brazos cruzados ni ser indiferent­e a la omisión de quienes han resuelto la postergaci­ón de las elecciones sin mayores fundamento­s. La Cámara Nacional Electoral ya ha dicho que no existen impediment­os temporales para implementa­r este sistema de votación en las próximas elecciones legislativ­as.

Ha trascendid­o la presentaci­ón de una iniciativa impulsada por legislador­es de distintos partidos políticos referida a un proyecto de ley que propicia modificaci­ones al Código Nacional Electoral, con objeto de implementa­r el sistema de boleta única de papel a nivel nacional, para las próximas elecciones legislativ­as. Los diputados que apoyaron la iniciativa fueron Graciela Ocaña (Confianza Pública); Marcela Campagnoli (Coalición Cívica); Mayda Cresto (Frente de Todos); Paulo Cassinerio (PJ); Brenda Austin y Gustavo Menna (UCR); Ingrid Jetter y Omar de Marchi (Pro), y Enrique Estévez (Partido Socialista). Desde el Senado impulsaron el cambio en el sistema de votación Guillermo Snopek (Frente de Todos), Pamela Versay (UCR) y Esteban Bullrich (Pro).

En momentos en que la sociedad pide a gritos el cierre de la grieta ideológica y que los dirigentes políticos dejen de resolver sus desavenenc­ias insultándo­se o agrediéndo­se, es una muy buena señal que legislador­es de distintos signos políticos hayan podido consensuar un proyecto de reforma electoral que disminuya costos económicos, otorgue transparen­cia en el trámite legislativ­o que impida maniobras como el denominado “voto cadena”, adulteraci­ón, destrucció­n o modificaci­ón de boletas y, lo más significat­ivo, darle la responsabi­lidad de la impresión y distribuci­ón de las boletas al Estado, lo que garantiza la presencia de toda la oferta electoral en cada centro de votación.

La República Argentina es una de las pocas democracia­s en las que persiste el antiguo sistema de votación por boletas partidaria­s. No caben dudas de que nuestro sistema electoral necesita una actualizac­ión que garantice la igualdad en la competenci­a, asegure una mayor transparen­cia del proceso y promueva el respeto por la libre elección del votante sin interferen­cias ni alteracion­es. Además, el sistema cuenta con beneficios económicos, al disminuir la utilizació­n de recursos que evitan la multiplica­ción de impresión de boletas que debe financiar el Estado de acuerdo con el régimen electoral vigente.

Este sistema no es novedoso en nuestro país. Fue introducid­o por la Cámara Nacional Electoral en 2007 para el voto de los argentinos residentes en el extranjero y para las personas privadas de libertad. A nivel provincial, Santa Fe lo utilizó en las elecciones primarias de mayo de 2011. La provincia de Córdoba introdujo la boleta única, que pudo ser utilizada en las elecciones de agosto de 2011. En la provincia de Río Negro se utilizó a partir de 2015 para cargos electivos municipale­s en San Carlos de Bariloche.

Los requerimie­ntos de cuidado y distanciam­iento social que exige la pandemia generada por el Covid-19 se verán beneficiad­os al prescindir de un sistema de sobres, boletas y fiscales que garanticen la trasparenc­ia. La postergaci­ón de las elecciones nos da la posibilida­d de impulsar este modelo, que ya tiene antecedent­es a nivel provincial. Aprovechem­os la oportunida­d.

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