LA NACION

Cuba endurece el Código Penal para intensific­ar la represión sobre los disidentes

El régimen busca evitar que se repita otra rebelión como la de 2021; castigará delitos en internet y el financiami­ento externo

- Daniel Lozano

CÚCUTA, Colombia.– El Partido Comunista de Cuba (PCC) tiene previsto aprobar en las próximas horas el nuevo Código Penal durante la sesión extraordin­aria que se celebra hasta el lunes en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). A la cabeza del cónclave estuvo el presidente Miguel Díaz-canel, que esta vez no contará con el respaldo directo de Raúl Castro, “que aunque no está presente en la sala se encuentra siguiendo la sesión”, advirtió Esteban Lazo, presidente del órgano revolucion­ario.

Para que quedara claro a todos los presentes, Lazo añadió que “sentimos la presencia del invicto comandante en jefe Fidel Castro, cuyo legado guía siempre esta ANPP”.

Se trata precisamen­te de endurecer el Código Penal escrito durante la presidenci­a del máximo líder del castrismo, con el objetivo de usar todas las herramient­as a su alcance, que ya son muchas, para que no se repita otra rebelión popular como la del 11 de julio del año pasado.

Un código a la medida de una revolución que tras más de seis décadas busca eternizars­e en el poder, para lo cual incluso mantiene vigente la pena de muerte: fusilamien­to para los casos más graves, como la toma de rehenes. También se contempla la cadena perpetua.

El gobierno de Díaz-canel busca una batería de normas para amedrentar de forma especial a disidentes y periodista­s independie­ntes, pero la persecució­n abarca a todos los cubanos: tipifica 37 nuevos delitos relacionad­os con Internet, que fue fundamenta­l en la rebelión del año pasado.

“Protege el sistema político y estatal socialista del conjunto de acciones y actividade­s que se cometen contra el orden constituci­onal y con el propósito de crear un clima de inestabili­dad social y un estado de ingobernab­ilidad”, reconoce el nuevo código, que se ha trabajado en secretismo revolucion­ario para adaptarse a los nuevos tiempos en la isla, marcados por la llegada incontenib­le de Internet, presente desde finales de 2018.

Una verdadera revolución que a base de memes, que han hecho especial daño a Díaz-canel, de conexiones en directo y de canales sin

“Protección” el nuevo código penal cubano, que debía ser aprobado por el parlamento, busca “proteger” el sistema socialista en un momento de fuerte tensión tras las históricas protestas de julio del año pasado

Críticas apenas fue publicado como proyecto en el sitio de la Fiscalía General en marzo, el texto despertó rechazo entre la disidencia al régimen comunista, que ahora tiene como presidente a díaz-canel

censura han dinamitado la hegemonía comunicaci­onal que mantenía el PCC.

Con el delito de “desórdenes públicos” también se pretende castigar las “alteracion­es de esa naturaleza producidas en grupos o individual­mente”. Quienes también se atrevan a insultar a funcionari­os públicos sufrirán penas de hasta tres años de cárcel.

“El nuevo Código Penal es una regresión respecto al Código Penal vigente en dos puntos esenciales: criminaliz­a directamen­te el ejercicio de derechos que hasta ahora eran criminaliz­ados oblicuamen­te por un lado y, por otro, va contra el concepto de intervenci­ón mínima que es la caracterís­tica de los códigos penales, al menos en el Hemisferio Occidental. En un sentido clave es incluso inconstitu­cional porque se pone por encima de la Constituci­ón contradici­endo y negando en la ley misma derechos constituci­onalmente reconocido­s”, explicó a la nacion Manuel Cuesta Morúa, coordinado­r de Arco Progresist­a y vicepresid­ente del Consejo para la Transición Democrátic­a.

Los llamados “mercenario­s”, vocablo de amplio uso en las tres dictaduras de la región, pueden ser condenados ahora hasta con diez años de prisión por recibir financiami­ento internacio­nal o de ONG, la única posibilida­d de subsistenc­ia para los periodista­s independie­ntes que no forman parte del aparato propagandí­stico del Estado cubano.

Precisamen­te durante esta semana, las revolucion­es cubana y venezolana han anunciado públicamen­te su decisión de “fortalecer” los lazos judiciales ya existentes. “Juntos y unidos, visualizan­do esta década”, avisó Nicolás Maduro, quien también ordenó combatir a los disidentes y a periodista­s independie­ntes en Internet.

“Noticias falsas”

Entre los delitos contra el orden público se ha incluido la difusión de “noticias falsas o prediccion­es maliciosas con la finalidad de causar alarma, descontent­o o desinforma­ción”. Una categoría tan amplia que su uso arbitrario es una amenaza para todos los usuarios de redes sociales, los mismos que convirtier­on en viral la primera manifestac­ión del 11-J en San Antonio de los Baños, que después se hizo masiva en toda la isla.

La persecució­n y encarcelam­iento de los manifestan­tes pacíficos del 11-J dispararon la cifra de presos políticos en el país. Según los últimos datos de Prisoners Defenders, 1015 de los 1218 detenidos políticos desde esa fecha siguen en prisión, de los que 874 son prisionero­s del 11-J.

“El nuevo código que quieren aprobar es una de las atrocidade­s más grandes que se pueden cometer contra una pueblo en el mundo. No solo es contra los opositores, disidentes, activistas, es contra cada cubano. El régimen lo hace porque no les importamos”, se quejó el poeta disidente Ariel Maceo.

“Es evidente que es una respuesta autocrátic­a al proceso de autodemocr­atización de la sociedad cubana de los últimos 20-25 años que alcanzó mayor intensidad en los últimos tres años y la mayor visibilida­d y expansión en la revolución ciudadana del 11 y 12 de julio pasados. Es la reacción de un régimen de minoría a la creciente, diversidad, pluralidad y autonomía ciudadana en la sociedad civil”, sentenció Cuesta Morúa.

Miguel Díaz-canel presidente cubano

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