El bloqueo de San Nicolás. Las coimas y los aprietes que investigó la jueza que ahora pidió licencia
Las detenciones de dos dirigentes de Camioneros revelaron una trama extorsiva; expectativa por el papel del nuevo magistrado
Una protesta sindical, un bloqueo, amenazas explícitas, detenciones y un cambio de juez. La investigación criminal que empezó con el bloqueo a una empresa alimenticia en San Nicolás ahora es una investigación en la que se considera probada la extorsión y la coacción de parte de un conjunto de dirigentes del sindicato de camioneros, que la semana pasada tuvo fuertes movimientos. Presionada por el kirchnerismo y en un episodio de estrés, la jueza Maria Eugenia Maiztegui pidió una licencia médica y dejó el caso en manos de su colega Román Parodi.
La decisión de la fiscal María del Valle Viviani y la jueza María Eugenia Maiztegui de detener a los responsables del bloqueo a la Distribuidora Rey SRL de la localidad de San Pedro por parte de una facción del sindicato de camioneros sienta un precedente: es la primera vez que se firma y se concreta una orden de detención por bloquear el ingreso y egreso de una empresa. Después de esa medida, fueron detenidos, en el marco de otra causa, cinco activistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por bloqueos sindicales realizados durante 2021 a la empresa Expreso del Oeste.
El texto redactado por la fiscal Viviani cuando pidió las detenciones, al que accedió la nacion, describe la maniobra y reconstruye, en base a la prueba descripta, cómo se sucedieron los hechos que dieron lugar a esa decisión judicial. El primer hecho por el que están imputados el titular del sindicato de camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos Maximiliano Cabaleyro y su compañero gremialista Fernando Espíndola ocurrió el 15 de febrero del año pasado, cuando ambos se presentaron, según el escrito judicial, “de forma intimidatoria, violenta y amenazante” en la entrada de la empresa.
“Se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial y a que los camiones de la firma no podían ingresar ni egresar, turbando con su accionar la posesión del inmueble a sus dueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la firma”, escribió Viviani.
Una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato que representan. El colectivo verde y blanco -los colores que identifican al gremio conducido por los Moyanode dominio BZF 423, identificado como propiedad de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros, fue estacionado en el portón de ingreso y egreso de la empresa. Ese bloqueó duró desde el 22 al 26 de febrero.
Según las declaraciones testimoniales, en cuanto Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro
Pablo Moyano fue esta semana a solidarizarse con los camioneros locales
depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa, se dirigió “rapidísimo” en una camioneta Volkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito.
La distribuidora tenía 34 empleados, de los cuales seis participaron del bloqueo. Durante varios días, declararon testigos y los denunciantes, no pudo salir ningún camión de la empresa. Un colectivo blanco y verde bloqueaba. Los Rey declararon que el bloqueo no solamente lo llevaban adelante un conjunto de sus empleados sino también gente del sindicato que ellos no conocían. Una inspectora de la policía y vecinos de la firma ratificaron haber visto el bloqueo. “Eran personas ajenas al barrio que vestían prendas con la inscripción del sindicato de camioneros”, declaró una vecina de la empresa.
¿Cuál era la explicación que justificaba la protesta sindical? Que la empresa adeudaba dinero al Sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no pudo ser probada por la Justicia, que requirió información a la AFIP, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la cartera de trabajo bonaerense. “Debo dejar aclarado que la empresa Rey SRL conforme a los recibos respecto a formulario 931 de la AFIP (...) se comprueba que no poseía deuda alguna por obra social ni aporte sindical. Corrobora dicha afirmación el oficio de la AFIP donde surge que la empresa Rey no posee deuda alguna por los conceptos de obra social”, dijo la fiscal respecto de la respuesta de la AFIP.
El expediente tiene declaraciones testimoniales, imágenes, audios, pericias caligráficas, fotografías y videos, indagatorias, oficios e información brindada por el Ministerio de trabajo y Seguridad Social de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Respecto de esta última cartera, la justicia hizo una observación.
La delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense en San Nicolás había acreditado la existencia de la deuda mencionada por el sindicato de camioneros, pero nunca acompañó su respuesta con la documentación. A partir de ese faltante de información sobre la supuesta deuda es que las autoridades judiciales ordenaron el allanamiento de la sede nacional del gremio que conducen los Moyano. La información sobre esa deuda no fue hallada durante los allanamientos en la sede de San Nicolás ni en la sede central. Una próxima línea de investigación podría estar orientada, según supo la nacion, a dilucidar por qué la cartera de trabajo había respondido que la deuda era legítima.
Cabaleyro y Espíndola recibieron en nombre del sindicato dos cuotas. La primera entrega, de $203.838 se hizo en efectivo en una caja de galletitas Chocolinas, y un cheque por la suma de $102.999. El restante se pagó en dos cheques por $355.583 cada uno. Es por haber cobrado ese dinero que se les imputó a los dos detenidos el delito de extorsión. En el expediente hay un registro audiovisual aportado por los denunciantes que muestra a miembros de la familia Rey juntando y guardando los montos de dinero para pagarle al sindicato.
“Fue obligado a suscribir firmando un convenio de pago con el sindicato de choferes de camiones, por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social”. Esa deuda, reconstruyó la Justicia, estaba registrada, en una planilla número 27337 confeccionada por el propio sindicato, y ascendía a la suma de $805.383.03. Sin embargo, las autoridades judiciales concluyeron, en base a la prueba recolectada, que la deuda señalada por el gremio no era legítima y que era utilizada para extorsionar.
A pesar de las pruebas recolectada por la Justicia, la conducción sindical calificó el avance de esta causa como un caso de lawfare promovido por el procurador bonaerense Julio Conte Grand.
Y después de todos estos movimientos un sector del kirchnerismo reaccionó con un pedido expreso desde la Comisión Bicameral de Inteligencia, y el diputado Leopoldo Moreau le pidió a la jueza de Garantías Maiztegui que le envíe una copia de la causa judicial y los anexos reservados. El legislador dijo que iniciaron una “investigación parlamentaria” para determinar si se violó la ley de inteligencia, como denunció el sindicato el lunes pasado al exhibir chats y escuchas telefónicas.
El jueves pasado se llevó adelante una audiencia en la que se escucharon los puntos de vista de la querella –representada por la abogada Florencia Arietto– y de los imputados, tras la cual la Justicia debe definir sobre la prisión preventiva de Cabaleyro y Espíndola. Antes de resolver sobre esta situación, alegando un episodio de estrés, la jueza (quien no quiso responder a la nacion) pidió una licencia médica de 15 días y dejó el expediente en manos de su colega Román Parodi, quien es calificado en los ámbitos judiciales como un magistrado “imparcial y con experiencia”. La semana próxima deberá tomar contacto con la causa.ß