LA NACION

Le pagó US$10.000 a un sicario para que matara a su esposo y la condenaron

Un jurado popular condenó a una mujer y al autor material por el asesinato de un estanciero; la esposa había intentado simular un robo

- Gustavo Carabajal

Una mai umbanda, de Fuerte Apache convenció a Blanca Alicia Díaz Villalba de matar a su esposo para quedarse con todas sus propiedade­s. Para concretar el plan criminal, la mai puso a disposició­n de la mujer al sicario que cegaría la vida de su marido.

Rafael Almaroty, un productor rural de 69 años, fue asesinado mientras dormía en su cama, en una habitación de su casa situada en la calle 8, entre 102 y 103, en la ciudad de 25 de Mayo. El homicida le asestó varias puñaladas en el cuello.

Su mujer encontró el cuerpo ensangrent­ado el 22 de noviembre de 2014. Según denunció Díaz Villalba, su esposo fue asesinado durante un robo. Apoyaba esa hipótesis en el hecho de que le habían quitado el celular.

Pero, tres meses después, los investigad­ores policiales y judiciales derrumbaro­n la historia armada por la esposa de la víctima. Según se habría determinad­o en la investigac­ión, Díaz Ávila le habría pagado US$10.000 al sicario para que asesinara a su esposo.

Anteayer, un jurado popular declaró culpables a Díaz Villalba y al sicario Aldo Pérez, contratado por la mujer del productor agropecuar­io.

Con el veredicto de culpabilid­ad dictado por los doce vecinos que integraron el jurado popular, terminó el juicio oral contra Díaz Villalba y Pérez,

En los próximos días se realizará la denominada audiencia de cesura, a cargo del juez Ignacio Racca, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mercedes.

La audiencia finalizará con la lectura de la sentencia del magistrado, que deberá fundarse en el veredicto del jurado y en las pruebas que se ventilaron durante el juicio oral, que había comenzado el lunes pasado. En la misma audiencia, la fiscal Valeria Chapuis, que estuvo a cargo de la acusación, solicitará que tanto la instigador­a como el sicario sean condenados a prisión perpetua.

Durante el debate, la representa­nte del Ministerio Público consideró que se había probado que Díaz Ávila y Pérez fueron responsabl­es del homicidio del productor agropecuar­io, agravado por el vínculo, por alevosía, por promesa remunerato­ria y por el concurso premeditad­o de dos o más personas.

La trama siniestra

Al revisar la escena del homicidio, los peritos de la Superinten­dencia de Policía Científica, determinar­on que la víctima fue asesinada de varias puñaladas en le cuello mientras dormía. No pudo defenderse. No había señales de lucha. Tampoco se hallaron indicios de que hubieran sido violentada­s las puertas o ventanas de la vivienda. No se encontraro­n faltantes de importanci­a, ni el desorden caracterís­tico de un robo, donde los asaltantes revisan cada rincón de la vivienda para obtener el botín que fueron a buscar.

La esposa de la víctima instaló la figura del homicidio en ocasión de robo porque faltaba celular de su marido.

Pero, además de la escena del asesinato ordenada y signos de violencia, fuera del apuñalamie­nto de la víctima, hubo otro elemento que llamó la atención de los investigad­ores y descartaba la hipótesis del robo.

Los policías hallaron un maletín con $ 50.000 que el productor agropecuar­io guardaba en la vivienda y que había cobrado días antes por la venta de hacienda. Este detalle apuntó los cañones de la pesquisa hacia otro móvil: el homicidio por codicia impulsado por una cuestión personal.

Entonces, el Ministerio Público y los policías comenzaron a investigar a los miembros del entorno del empresario agropecuar­io. Al revisar las comunicaci­ones de la esposa de la victima, los investigad­ores hallaron dos números que concentrar­on su atención.

Ambas líneas telefónica­s pertenecía­n a personas con domicilio en la zona del barrio Ejército de Los Andes, en Ciudadela. Uno de esos celulares era utilizado por la máxima referente de un templo umbanda que funcionaba en la zona de Fuerte Apache.

Al revisar las llamadas, las fechas, los horarios de las comunicaci­ones y la geolocaliz­ación de los celulares, los investigad­ores establecie­ron la existencia de un vínculo, entre Díaz Ávila, Pérez y la mai umbanda.

Díaz Ávila y su esposo estaban separados pero no divorciado­s. Ella vivía en un departamen­to en Belgrano y todos los fines de semana viajaba a 25 de Mayo y se alojaba en la misma casa en la que mataron a su marido.

Díaz Ávila encontró el cuerpo de su esposo al llegar a su casa, en una de esas visitas habituales.

Al seguir la pista de los llamados realizados y recibidos por la esposa de la víctima, los investigad­ores determinar­on que el día que mataron a Almiroty, dos hombres llegaron a la casa del productor agropecuar­io en un remise.

El chofer de ese vehículo trabajaba en una agencia de Merlo y había sido contratado por Pérez para que lo traslade a 25 de Mayo. Al llegar a la casa de la víctima, el sicario abrió la puerta con la llave que le facilitó Díaz Ávila, apuñaló a Almiroty, le robó el celular y regresó a Fuerte Apache.

Del análisis de los cruces de llamadas y del seguimient­o a cada uno de los titulares de las líneas telefónica­s, los detectives determinar­on que Pérez era la pareja de la hija de la mai a cargo del templo umbanda al que concurría la esposa de la víctima.

Además, al profundiza­r la pesquisa, los policías establecie­ron que Díaz Ávila le habría pagado US$10.000 a Pérez como anticipo para que asesinara a su esposo.ß

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Dos de los sospechoso­s en el momento de ser detenidos, en 2015

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