Reclaman que el Consejo avance contra los jueces que sobreseyeron a Cristina
López Murphy amplió la denuncia contra Grünberg y Obligado, que beneficiaron a la vicepresidenta y sus hijos
El diputado nacional por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy le reclamó al Consejo de la Magistratura que avance con el juicio político de Adrián Grünberg y Daniel Obligado, los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner y sus hijos, y que frenaron el juicio del caso Hotesur-Los Sauces, que investiga los negocios hoteleros de la familia de la vicepresidenta y sus vínculos con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
López Murphy sostuvo en su presentación que existen “nuevos elementos” contra los camaristas y presentó como prueba el dictamen del fiscal de Casación Mario Villar, que pidió reabrir la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en los negocios de la vicepresidenta y su familia, cerrada el 26 de noviembre de 2021.
El diputado presentó un escrito que lleva también las firmas de María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, durante el gobierno de Mauricio Macri, y de los legisladores porteños Marina Kienast y Roberto García Moritán, aliados de López Murphy en Republicanos Unidos.
Según los denunciantes, el dictamen de Villar, que reclama la nulidad del sobreseimiento, pone en evidencia “la gravedad institucional del obrar” de los jueces, que es –dijeron– “irregular y escandaloso”. Villar, fiscal ante la Cámara de Casación, sostuvo que Grünberg y Obligado resolvieron el caso “con base en su sola voluntad, sin acudir al derecho vigente” y “enmascarando la falta de fundamentos con apreciaciones dogmáticas”.
Y afirmó: “Considero que la resolución del a quo no cuenta con los fundamentos mínimos, necesarios y suficientes, lo que habilita su descalificación como acto judicial válido, por cuanto la solución adoptada revela una decisión puramente subjetiva, y por consiguiente arbitraria, que no deriva de los hechos ni constituye una aplicación del derecho vigente, circunstancia que impone que se case la sentencia y se la deje sin efecto”.
Villar agregó: “En cada uno de los fundamentos se percibe a simple vista que la única coherencia que poseen es su unidad de dirección hacia cerrar la causa, lo cual incluye el argumento que les permitió llevar adelante los fundamentos de fondo para intentar justificar el sobreseimiento”. López Murphy y los demás denunciantes le solicitaron a la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura que les informe el estado del trámite del expediente. Pero desde que el Consejo tiene nueva integración, con 20 miembros, esa comisión nunca fue constituida.
“Deben ser apartados porque corrompieron la ley”, dijeron los denunciantes, que ampliaron su pedido de jury del 29 de noviembre pasado. Pese al reclamo, no es probable que esos juicios políticos prosperen. El kirchnerismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, el organismo que controla la actuación de los jueces, y para abrir un proceso es necesario el voto de dos tercios de los consejeros. La denuncia original contra los jueces fue por “mal desempeño” y por el delito de prevaricato, que castiga con una multa e inhabilitación absoluta perpetua al “juez que dictare resoluciones contrarias a la ley “.ß