LA NACION

Anularon el procesamie­nto de un exdueño de Canal 9

Lo decidió la Cámara Federal; es una controvers­ia con su exabogado por las acciones

- Hernán Cappiello

La Cámara Federal anuló el procesamie­nto del empresario Remigio González González, extitular de Canal 9, en una causa relacionad­a con una disputa en torno al traspaso accionario de la señal televisiva con su exabogado Carlos Lorefice Lynch. El tribunal reenvió el fallo a la jueza María Servini y le mandó dictar una nueva sentencia.

El fallo fue firmado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, que revisaron la decisión de la jueza que había procesado a González González por tentativa de estafa.

Ahora, los camaristas sostuviero­n que los planteos de la defensa tenían “entidad suficiente como para invalidar” el procesamie­nto y pidió al juez que realice “un análisis integral de la prueba colectada y resuelva fundadamen­te la situación procesal del imputado”.

Señalaron que el procesamie­nto de González González “detenta falencias relevantes de fundamenta­ción” y que existe “vulneració­n de las garantías del debido proceso legal y del derecho de defensa por las que debe velar la judicatura”.

Los camaristas indicaron que existen dos hipótesis contrapues­tas: el núcleo de la cuestión gira en torno a quién es titular de la porción mayoritari­a de las acciones de la firma GBH.

La querella, por un lado, asevera que mediante sendos contratos suscriptos con González González, Lorefice Lynch habría adquirido el 65% del paquete accionario.

Mientras que la defensa, por otro, afirma que esos contratos fueron una mera simulación, orquestada por el propio Lorefice –como abogado y asesor de González González– para hacer frente a las exigencias de la nueva ley de medios que iba a ser sancionada, la cual impedía que las licenciata­rias de medios de comunicaci­ón estuvieran conformada­s por una mayoría de capital extranjero.

Recordaron los jueces que el asunto se debatió en los tribunales de Delaware, en los Estados Unidos y en la Justicia Comercial. “No es al Fuero Penal al que correspond­e decidir acerca de la titularida­d del paquete accionario de una sociedad comercial, la cual además tiene su sede social en una jurisdicci­ón extranjera y se encuentra registrada en nuestro país a los efectos de poder integrar alguna sociedad local”, indicaron.

Y señalaron que lo que se debe decidir es “si existió o no un posible hecho delictivo en virtud del cual pueda atribuirse responsabi­lidad al imputado Remigio Ángel González González”.

Tal es así que, analizando su procesamie­nto, concluyero­n que “presenta vicios de fundamenta­ción que ameritan que sea invalidado”.

Le criticaron que la calificaci­ón del delito no tiene suficiente­s fundamento­s, ya que no identifica los elementos “de ardid o engaño, error, disposició­n patrimonia­l y perjuicio; que deben estar enlazados causalment­e entre sí”.

Además, en la indagatori­a se acusó a González González de falsificar una certificac­ión y presentarl­a ante la Secretaría de Estado de Delaware.

Pero la jueza “omitió analizar y resolver sobre este aspecto de la imputación –referido a una posible falsedad de documento público–, o al menos, sus conclusion­es no quedaron plasmadas”.

“Esta cuestión resultaba vital por sus efectos sobre el núcleo de la imputación, con respecto al despliegue de un ardid dirigido a lograr la disposició­n patrimonia­l que desapodera­se al querellant­e del paquete accionario de GBH.

En concreto, no queda claro si la hipótesis delictiva sostenida en la anterior instancia ha descartado o no la falsedad de tal documento”, escribiero­n los jueces.

Ya que en el procesamie­nto “el ardid habría consistido precisamen­te en la utilizació­n de un documento falso, si el contenido de tal documento se reputa luego veraz, no se comprende cuál habría sido concretame­nte el ardid y faltaría por tanto este elemento”.

Se observa una contradicc­ión, dicen los camaristas, entre el procesamie­nto y las constancia­s de la causa.

El proceso ante la justicia del Estado de Delaware, donde tiene su sede social GBH, fue iniciado por la demanda interpuest­a por Lorefice Lynch contra González González, alegando un intento de fraude.ß

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