LA NACION

La defensa de la integridad territoria­l

- José María García Arecha

Debido a la vigencia que tiene el problema irresuelto de los pseudomapu­ches en distintas provincias patagónica­s de nuestro país, donde reiteran continuos cortes de rutas, hechos de violencia en terrenos y fincas de particular­es, sociedades de fomento y entidades civiles, sorprenden el silencio cómplice de las autoridade­s nacionales y su desconocim­iento de la pertenenci­a de esos territorio­s a nuestra patria.

Más aún, teniendo entre sus prioridade­s el presidente de la Nación arbitrar las medidas de defensa de la integridad territoria­l y no deslindar la responsabi­lidad que puedan tener las jurisdicci­ones provincial­es o del fuero federal.

Vale recordar un episodio lejano pero ejemplar. En 1964, un grupo delirante de delincuent­es el autodenomi­nado Ejército Guerriller­o del Pueblo (EGP), liderado por el periodista Jorge Masseti, integrante de la Agencia Prensa Latina del gobierno comunista de Cuba, ingresó desde Bolivia y se internó en la selva salteña, sumándose a un grupo local y portando una variedad de armas, abundante dinero y maquinaria gráfica. Aparecían en pequeñas poblacione­s donde se aprovision­aban de alimentos y repartían volantes donde expresaban la motivación de su lucha, reivindica­ndo a los pobres y su propuesta de establecer un territorio bajo su control para solicitar en las Naciones Unidas el reconocimi­ento de un nuevo Estado nacional.

Informado el presidente Arturo Illia por el ministro de Defensa Leopoldo Suárez, le dio instruccio­nes de concurrir al Congreso a dar cuenta de la situación y de ordenar a la Gendarmerí­a Nacional que se internara en el territorio y procediera a detenerlos, desarmarlo­s y toda otra medida necesaria.

Hubo dos enfrentami­entos en los meses de abril y mayo, uno cerca del río Seco, en el sur del departamen­to de Orán, en el que hubo varios detenidos, y otro en la zona de El Bananal, en el que se generó un enfrentami­ento en el que murieron dos integrante­s del grupo invasor, un gendarme y un peón rural. Varios de ellos fueron detenidos, y el resto del grupo huyó nuevamente por la frontera norte, quedando superado así el episodio. La actitud del presidente Illia, un hombre de paz, fue ejemplar.

Ningún argentino desea que se repita un hecho de esta magnitud, pero el silencio de nuestras autoridade­s ante las manifestac­iones de este grupo RAM, que en nuestro hermano país de Chile ha ocasionado tremendos episodios de violencia, y que pese a que la Justicia había liberado a su jefe, volvió a ordenar su detención, está sembrando un camino de un posible y no deseado hecho de violencia interna.

Demasiado tenemos ya de herencia de este oficialism­o. •

Exsenador de la Nación (UCRCABA)

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