La realidad no es la única verdad para el FDT

La célebre frase de Aristóteles que el general Perón nacionalizó y popularizó en sus tres presidencias (“La realidad es la única verdad”) no tiene seguidores entre el trío societario del Frente de Todos (FDT), ni mucho menos respuestas adecuadas.

Cristina Kirchner se aferra a su relato dogmático para desentenderse de la conflictiva y agobiante realidad argentina–queinvariablementeatribuyeaculpablesajenosparavictimizarse– y Alberto Fernández prefiere ocultarla detrás del tono triunfalista de los spots de propaganda oficial, cuyo eslogan (“Primero la gente”) parece hecho a medida de la gente que integra el Gobierno.

Tampoco Sergio Massa escapa de esta regla, aunque con matices. Hace 58 días, cuando tomó el timón del Ministerio de Economía y heredó la crisis generada por la fractura del propio FDT, trazó un diagnóstico realista de la situación socioeconómica y puso el foco en la inflación “enorme” que provoca una injusticia de igual magnitud en la distribución del ingreso. Ahora le dedicó apenas un par de menciones al presentar en Diputados el Presupuesto 2023. Una, para señalar que en el proyecto no hay una medida que baje la inflación, sino que el cumplimiento combinado de las metas –acordadas con el FMI– apunta a un escenario de 60% anual. Otra, que esa pauta presupuestaria es “prudente, realista y responsable” y la desaceleración hasta podría ser mayor. Una calificación no compartida por la oposición ni las estimaciones privadas que, en el mejor de los casos, proyectan 90% para el próximo año.

Es el costo de no contar con un plan propio para estabilizar y desindexar la economía para frenar la inercia inflacionaria, empujada por una fuerte distorsión de precios relativos que lo obliga a actuar más como un bombero que un arquitecto.

Sin embargo, suponer que con una inflación tan alta –sea 110, 90 o 60%– la economía podría funcionar como si no pasara nada (pese a once años de estancamiento del PBI, escasa inversión privada, cepos a importaciones y retroceso de los ingresos laborales), resulta tan temerario como desentenderse del agitado clima social que vive la Argentina. Sobre todo, cuando están reapareciendo conflictos de estilo setentista que generan más incertidumbre ante la complacencia ideológica de facciones afines al kirchnerismo y la falta de reacción oficial.

El pedido público de CFK por tuit a Massa, para que diseñe “un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, después de que el Indec difundiera el dato de 2,6 millones de personas en esa condición (8,8%), alteró casi dos meses de forzada luna de miel con el ministro, aunque podría interpretarse como un acto de oportunismo político para retener votantes. Por un lado, coincidió con el reclamo del Polo Obrero durante el campamento que copó dos días la avenida 9 de Julio. Por otro, la vicepresidenta no podía ignorar que Massa ya se había curado en salud: el decreto que estableció el “dólar soja” de $200 –y rigió hasta ayer– destina parte de la recaudación adicional por retenciones a otorgar “una prestación monetaria extraordinaria (...) y de alcance nacional, que asegure una adecuada alimentación a las personas en situación de extrema vulnerabilidad” (sic). O sea, una forma encubierta de emitir pesos para planes alimentarios, similar al “refuerzo de ingresos” que meses atrás promovía el cristinismo en reemplazo del frustrado proyecto de Máximo Kirchner con apoyo de los partidos de izquierda para establecer un Salario Básico Universal, que hubiera hecho estallar el déficit fiscal.

No obstante, Cristina fue más allá porque volvió a dividir a aguas en el oficialismo. Su reclamo de “una intervención más precisa y efectiva” sobre las empresas alimentarias por haber aumentado fuertemente sus márgenes de rentabilidad, contó con el rápido alineamiento de Axel Kicillof (quien propuso poner un límite a los aumentos de precios) y la vocera presidencial Gabriela Cerruti. En cambio, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, tuvo la honestidad intelectual de admitir por Twitter que las empresas no tienen la culpa del desorden cambiario, las altísimas brechas, la obligación a financiarse a 180 días para importar, los cupos, etc. “Aunque haya abusos normativos y corrupción, es nuestra responsabilidad (Gobierno) que todo esto mejore. En eso estamos. Hasta que no logremos la unificación cambiaria, habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales. Pero unificar el mercado de cambios, sin robusto superávit fiscal primario y casi sin reservas, luce demasiado riesgoso”, se sinceró, para estimar en tres años la posibilidad de lograrlo. En otras palabras, colocó al Estado en el rol de formador de precios que el kirchnerismo atribuye exclusivamente al sector privado.

El clima de conflictividad no se reduce al debate ideológico. El bloqueo de las tres fábricas de neumáticos instaladas en el país, como clímax de un conflicto sindical que se extendió cinco meses, afectó seriamente la producción del sector y hasta aumentó el contrabando o el robo de cubiertas, reeditó la modalidad de huelgas salvajes de la izquierda combativa e incluyó la toma del Ministerio de Trabajo, sin que hubiera una respuesta del Gobierno.

Aunque en los últimos años hubo episodios similares pero esporádicos en otras actividades, nunca se había llegado a tal extremo. Tampoco se entiende por qué el ministro del área no dictó la conciliación obligatoria después de 35 audiencias infructuosas. Ni que Pablo Moyano haya sido presentado como mediador oficioso con el titular del gremio de neumáticos, Alejandro Crespo (PO), cuando sus antecedentes como impulsor de bloqueos a empresas de transporte y distribución (que en algunos casos llegaron a la Justicia), más el reciente ataque de activistas camioneros a directivos una firma logística de Avellaneda, hacían que fuera el menos indicado por compartir métodos violentos y extorsivos.

A pesar del acuerdo salarial logrado ayer, que dejó en suspenso el reclamo sindical de triplicar el pago de horas trabajadas los fines de semana, este conflicto marcó el punto de partida de una competencia sindical para la reapertura o revisión de paritarias y lograr mayores aumentos salariales, que ya incluyó a los gremios del seguro (109%) y bancarios (94%, más un bono de $185.000), mientras camioneros apunta a llegar también a los tres dígitos, con una amenaza: “El paro de los neumáticos va a ser un poroto”, advirtió Moyano. Por su lado, los gremios estatales (ATE y UPCN), resignaron pretensiones a cambio del pase a planta permanente de más de 11.000 empleados.

Esta carrera se asemeja a la que se produjo en 1975 después del “Rodrigazo” y desembocó en la primera hiperinflación de la Argentina. Con una gran diferencia: en aquella época el empleo en negro o precario era mínimo, ahora alcanza a más de un tercio de la población en condiciones de trabajar y sus ingresos fueron los que más perdieron frente a la inflación. En los primeros siete meses de este año subieron la mitad (31%).