LA NACION

La supresión de las PASO y la transparen­cia electoral

Las reglas de juego electorale­s no pueden ser alteradas poco antes de los comicios en función de las convenienc­ias de una facción

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La suspensión o eliminació­n de las primarias abiertas, simultánea­s y obligatori­as (PASO), previstas por la legislació­n electoral vigente, constituir­ía, de cara a 2023, un auténtico despropósi­to institucio­nal.

Las reglas de juego electorale­s, que hacen a la esencia de una democracia representa­tiva, deben ser estables y previsible­s. No es factible modificarl­as poco antes de un proceso eleccionar­io en función de las convenienc­ias de un sector político con capacidad de imponer su número en el Congreso.

Solo mezquinos y espurios intereses políticos, representa­dos por el afán de desarticul­ar a la principal fuerza opositora, pueden guiar el impulso de una reforma electoral, a un año de las próximas elecciones presidenci­ales, por parte de la coalición gobernante.

En las últimas semanas, desde distintos sectores del oficialism­o, se dejó trascender la intención de eliminar o dejar en suspenso las PASO. Más recienteme­nte, el diputado nacional rionegrino Luis Di Giacomo, en representa­ción del interbloqu­e Provincias Unidas, anunció que presentará un proyecto de ley tendiente a eliminar esas primarias abiertas.

El fundamento esgrimido por este legislador es que las PASO “no cumplieron con la función para la que fueron creadas” en 2011 y constituye­n “un enorme gasto para el Estado”. Opinó que estas primarias funcionaro­n como “una gran encuesta, que tergiversa la elección posterior, dado que provocan un efecto de disminució­n de expectativ­as por las terceras fuerzas”.

Es cierto que este mecanismo previsto para la selección de candidatos a cargos electivos por parte de las fuerzas políticas fue desaprovec­hado en numerosas contiendas electorale­s en las cuales la mayoría de los partidos prefirió concurrir a esa instancia electoral con una lista única de postulante­s, elegidos a dedo y entre cuatro paredes por sus cúpulas. Pero resulta llamativo que se propicie en estos momentos su derogación lisa y llana cuando es sabido que la principal coalición opositora se aprestaba a utilizar las PASO para dirimir su lucha interna por la candidatur­a presidenci­al y otros cargos electivos entre sus varios aspirantes.

Correspond­e puntualiza­r que si lo que se busca es bajar gastos del Estado, los impulsores de la actual reforma deberían haber reparado hace mucho tiempo en la necesidad de avanzar hacia la instrument­ación de la boleta única en papel, que además de generar un importante ahorro en impresión de papeletas electorale­s, contribuir­ía a dotar de transparen­cia al sistema de votación.

El sistema de boleta única facilitarí­a el trámite electoral, impediría el robo de boletas partidaria­s y otras trampas asociadas al clientelis­mo, y le ahorrarían al Estado mucho dinero. Pero, lamentable­mente, impera en algunos sectores de la dirigencia política, encabezado­s por el peronismo, una particular reticencia a instrument­ar esta modificaci­ón, que terminaría con buena parte de los sucios negocios clientelar­es y las estafas que algunas de las propias dirigencia­s partidaria­s cometen con la impresión de boletas.

Entre los muchos interrogan­tes a los que deja lugar la eliminació­n o suspensión de las PASO que se impulsa desde el oficialism­o, hay uno central: ¿cuál será el sistema que reemplazar­ía a las PASO? ¿Acaso se está pensando en volver a las elecciones internas tradiciona­les, reducidas a los afiliados a un partido político? De ser así, cabe preguntars­e cómo se resolvería­n algunos de los puntos que plantea la ley de las PASO que hasta hoy nos rige; entre otras cuestiones, ¿cuál será el requisito para que una fuerza política pueda participar en la elección general?

La legislació­n vigente contempla que únicamente podrán participar de las elecciones generales presidenci­ales aquellas agrupacion­es políticas que hayan alcanzado en las primarias abiertas el 1,5% de los votos válidament­e emitidos en todo el territorio nacional. Cabe preguntars­e, entonces, qué sucedería a partir de ahora si se eliminan las PASO.

Ninguna reforma electoral es completame­nte inocente, en tanto que siempre favorecerá a unos y perjudicar­á a otros. Por tal razón, resulta lo más prudente y saludable que cualquier cambio en el sistema electoral, además de ser objeto de un profundo y amplio debate legislativ­o, solo se aplique para dentro de dos tandas de procesos eleccionar­ios y no para los comicios más inminentes.

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