Un proyecto busca derogar un impuesto que afecta a la producción agropecuaria
El bloque de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires propuso medidas de “alivio fiscal” para el campo. Fue a través de dos proyectos que presentaron diputados provinciales en la Legislatura bonaerense para “reparar deudas históricas”. Según especificaron en un comunicado, se trata de “la derogación del impuesto inmobiliario Complementario”, que grava a miles de establecimientos rurales y campos productivos, además de la modificación a “la ley de Emergencia Agropecuaria”.
“El impuesto complementario rural es un absurdo que no resiste lógica alguna, más que el desconocimiento y el desprecio ideológico del sector, más allá del meramente recaudatorio. Hay casos donde el propietario de un solo campo de 500 hectáreas, paga mucho menos que un pequeño productor que tiene 4 campos de 30 hectáreas, que terminan sumando apenas 120 hectáreas”, dijo Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica ARI.
También pidieron que el gobierno de Axel Kicillof “tome medidas concretas de baja de impuestos y apoyo económico en situaciones de emergencia climática” para el agro. Especificaron, además, que ambos proyectos llevan la firma de legisladores de todos los bloques de la oposición que acompañaron las iniciativas impulsadas para “brindar alivio fiscal”.
“Es un mal impuesto, regresivo, confiscatorio e inconstitucional, significa una sobrecarga a otro impuesto ya existente, lo cual ya lo convierte en ilegal”, expresó Bugallo. En el documento también aclararon que al eliminar el impuesto inmobiliario Complementario, creado por el gobierno de Daniel Scioli en 2013, quienes cuenten con más de una propiedad de un mismo tipo (terreno baldío, rural o edificado) dejarán de pagar un impuesto adicional por el conjunto inmobiliario que tenga el contribuyente a su nombre.
Sobre la reforma a la ley de Emergencia Agropecuaria, proponen “cambios fundamentales en favor del productor damnificado, ampliando el espectro de beneficios crediticios, tributarios y materiales que actualmente brinda la ley 10.390, entendiendo que para la magnitud de aporte que realiza el sector agropecuario a las arcas provinciales, no recibe la debida contraprestación por parte del Estado ante situaciones de emergencia como sequías, inundaciones, incendios, etc.”.
Se impulsa, entre otros puntos contemplados, la baja en los porcentuales de afectación para acceder a los beneficios en zonas declaradas de emergencia agropecuaria, del 50% al 30%. Y en zonas de desastre agropecuario se reduce del 80% al 50 por ciento.