Cristóbal López desafía a la AFIP para no pagar una deuda millonaria
Junto a su socio Fabián de Sousa pide exenciones para licuar un pasivo por IVA con el Estado superior a los $12 millones
Cristóbal López y Fabián de Sousa abrieron un nuevo frente de conflicto judicial con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los patagónicos quieren que excluyan a una de sus empresas del régimen del impuesto al valor agregado (IVA) por al menos $12,3 millones impagos, pero el mar de fondo es muchísimo mayor: adeudad $1247,1 millones.
El último capítulo se centra en Oil M&S, una de las firmas del Grupo Indalo. López y De Sousa reclaman que la AFIP la excluya del régimen del IVA, tras concluir que le corresponde recibir el mismo beneficio general que el organismo concedió a otras empresas. Pero la AFIP rechazó su pretensión cuando lo plantearon en sede administrativa y, por eso, terminaron en tribunales.
El contrapunto se disparó a partir de una resolución que emitió el jefe de legales del área de grandes contribuyentes nacionales, en febrero de 2021, que resolvió no otorgarle un “certificado de exclusión” a Oil M&S en los regímenes de recaudación del IVA, tal y como se rige por la resolución general 2226. Lo hizo tras constatar que la firma no cumplía con los requisitos previstos.
Ante esa negativa, López y De Sousa demandaron a la AFIP. El expediente tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 9, donde sus abogados plantearon que la decisión de la AFIP es incorrecta y que la apertura del concurso preventivo de acreedores de Oil M&S en 2018 les daría la razón.
La respuesta de la AFIP fue, sin embargo, contundente. Al presentarse en los tribunales, consignó que su Departamento Gestión de Cobro corroboró que hasta noviembre de 2019 no se había siquiera abierto el plazo para que los acreedores acudieran al concurso a verificar sus créditos y que, por tanto, la acreencia no se encontraba verificada.
No solo eso. La AFIP también le informó al juez Pablo Cayssals que las diferencias con López y De Sousa por Oil M&S van más allá de $12,3 millones impagos en concepto de IVA, que a primera vista podrían concentrar la discusión. Le informaron que la deuda de esa firma con el Estado supera los $1247,1 millones de carácter impositivo y previsional. “Por lo tanto”, plantearon dos letradas de la AFIP, “no se entiende, qué ‘BENEFICIO’ [en mayúsculas, en el original] pretende obtener la encartada [por Oil M&S] en estas actuaciones, cuando más allá del régimen de la RG 2226, no posee aptitud para afrontar los exorbitantes pasivos que mantiene con el Fisco Nacional y tampoco ha demostrado dicha circunstancia en sede concursal”.
“Se vuelve a reiterar –insistieron–, la empresa adeuda a este Organismo la sideral suma de $1.247.112.827,85 monto insinuado en el art.32 LCQ [por la ley de concursos y quiebras] y sin perjuicio de las resultas del proceso, pretende mediante este juicio obtener un beneficio fiscal como resulta ser el contenido en la RG 2226”.
Doble revés
Especializada en la provisión de servicios integrales en la industria del petróleo, Oil M&S se encuentra bajo la lupa judicial en otros expedientes. Entre ellos, la causa penal en el que se acusó a López, De Sousa y Osvaldo Sanfelice por presunto lavado de activos a través de la firma Agosto SA.
La Cámara Federal porteña confirmó sus procesamientos en agosto de 2020.
Ahora, en tanto, la decisión de la AFIP de mantener a Oil M&S dentro del régimen de retención y percepción del IVA conlleva un doble traspié para López y De Sousa. Desde el punto de vista económico, pero político, ya que el contrapunto con la AFIP comenzó durante el Gobierno de Mauricio Macri pero continuó y se reafirmó durante la gestión de Alberto Fernández, quien trabajó como abogado del Grupo Indalo.
En ese contexto, López y De Sousa acudieron a la Justicia y solicitaron una medida cautelar. Arguyeron que la conducta del organismo resulta “ilegítima, improcedente y constitucionalmente inválida”.
La AFIP rechazó esos argumentos. “Menos aún se podría en esta instancia evaluar ni una sola posibilidad de otorgamiento de beneficio fiscal alguno a una empresa cuyo pasivo supera a los activos que pudiera detentar”, indicó. “Adolece de solvencia suficiente para que se le otorgue cualquier beneficio impositivo”, agregó. Ahora, el juez Cayssals deberá resolver.