Cristina Kirchner insistió en apartar a la jueza Capuchetti
Es porque aparece como docente en un instituto de formación policial de la ciudad
La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a reclamar a través de sus abogados apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa en que se investiga el atentado contra su vida, el 1º de septiembre pasado, con el argumento de que al ser docente de la Policía de la Ciudad “recibe un estipendio” de un organismo que depende del gobierno porteño.
Los abogados de la vicepresidenta, José María Ubeira y Marcos Aldazábal, entendieron que el hecho de que Capuchetti sea docente e investigadora del Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad, donde se forma la policía porteña, le hace perder imparcialidad. Los jueces no pueden trabajar de otra cosa que no sea de jueces, excepto la docencia, y muchos magistrados dictan clases en universidades públicas, privadas y en institutos de formación de las fuerzas federales y provinciales. “No tendremos justicia con esta mujer”, aseguró Ubeira en una audiencia pública realizada ayer ante el camarista Leopoldo Bruglia, que debe resolver sobre la recusación de la jueza.
Una primera recusación de Capuchetti ya fracasó y es probable que con esta segunda suceda lo mismo. Ubeira dijo que la magistrada no tuvo voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde dijo que tiene un contrato como investigadora.
“Ser investigador no es lo mismo que ser docente”, afirmó Ubeira, para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada no permitida. “La señora jueza era investigadora, no era docente. Tienen un curro que la habilita a recibir 75.000 pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo”, insistió el abogado.
Aldazábal dijo que el ISSP “no es una universidad” sino “una academia de policías”, un “lugar de elaboración de políticas públicas”, por lo que sostuvo que no es una actividad habilitada para magistrados. “Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente desde hace nueve años y elaboró un trabajo de investigación”, afirmó.
En la misma línea, el letrado indicó que la jueza Capuchetti sigue trabajando en el mismo sitio y que se trata de “una academia de policías, un centro de formación, por lo que es una violación inédita a la independencia de poderes”, sostuvo Aldazábal.
La audiencia terminó poco después del mediodía de ayer, pero por la mañana hubo una primera audiencia de la que también participaron los abogados de la vicepresidenta, ante el pleno de la Sala I de la Cámara Federal. Allí, ante los jueces Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, insistieron en reclamar una ampliación de pruebas para investigar al diputado de Pro Gerardo Milman con relación al atentado.
Un asesor de un diputado del Frente de Todos dijo que escuchó a Milman en el bar Casablanca, frente al Congreso, decir que cuando supuestamente iba a ocurrir el ataque contra Cristina él iba a estar en la costa, como si supiera de antemano sobre el atentado.
La jueza Capuchetti mandó a investigar a este asesor por falso testimonio, pero los abogados de Cristina Kirchner insistieron en que se analizaran los teléfonos de las dos empleadas de Milman que lo acompañaban cuando supuestamente se produjo esa conversación.
Las mujeres –testigos no imputadas– entregaron sus celulares y se debate qué extensión temporal tendrá el análisis de sus comunicaciones. La jueza dispuso que se analizaran los 20 días anteriores al atentado ocurrido el 1º de septiembre pasado, pero Cristina Kirchner pretende que se haga desde julio pasado.
La investigación de esa pista fue lo que produjo el quiebre en la relación entre la querella y la magistrada: fue cuando la jueza Capuchetti rechazó un planteo de los abogados de la vicepresidenta.ß