Los únicos privilegiados
Un componente básico de la buena administración es tomar en cuenta la relación entre los efectos de corto y largo plazo de las políticas que se ejecutan. Esto es crítico en el campo social, donde la acumulación sostenida de causas de pobreza genera situaciones de las que es imposible salir. Es lo que se llama la cronificación, y es un tema al que se supone que el populismo –autoproclamado defensor de los pobres– debería haber prestado especial atención.
Una mirada a lo que pasó en los últimos 20 años de populismo muestra que millones de personas no podrán superar sus carencias, aun bajo condiciones económicas coyunturalmente favorables. Son quienes, a pesar del aumento de las oportunidades laborales que pudiera darse, carecen de las capacidades requeridas por el mercado para insertarse laboralmente de forma permanente (educación, experiencia) y tienen dificultades para incrementar su capital humano y el de sus hijos, que heredarán su vulnerabilidad socioeconómica. Un elemento central de la pobreza crónica es su alto grado de reproducción intergeneracional, y el sesgo contra los niños y jóvenes: del total de pobres crónicos casi la mitad son menores de 15 años, que viven en asentamientos, pero también fuera de ellos y que ya tienen su vida hipotecada.
¿Por qué un movimiento político que tiene la frase sobre “los únicos privilegiados” como su supuesta guía causó este desastre social? La respuesta es que, además de los dislates económicos que aumentaron las necesidades insatisfechas hasta niveles récord, cientos de miles de chicos y adultos fueron excluidos del sistema educativo y laboral como resultado de un proyecto que privilegia las corporaciones sobre los derechos humanos de las personas, y por un Estado que ignora cualquier criterio de eficiencia social de sus acciones. En el campo laboral, la legislación y las alianzas políticas protegen solo a quienes ya están dentro del mercado, porque los empresarios no quieren correr más los riesgos del actual régimen, y eso impide entrar a aquellos para quienes lograr un empleo formal sería la base de su integración social. El resultado de este modelo es que en 20 años casi la mitad de la gente en edad de trabajar permanece fuera del mercado formal y la creación de empleo privado asalariado registrado fue casi inexistente en los últimos 11 años, con el impacto inevitable sobre salarios y calidad del trabajo.
Peor: los estudios muestran la relación directa que hay entre la mala calidad del trabajo de los padres y la pobreza de los niños, que así se han convertido en el sector más desprotegido de la sociedad. Los niños son víctimas directas de un modelo laboral que el populismo exhibe como una conquista histórica. La educación no sirve para cambiar este panorama, porque se priorizó la defensa de los “derechos” gremiales por encima de las necesidades de formación de los niños más pobres, sin la que nunca podrán construir una vida digna. Resultado: solo el 40% de los adolescentes termina la secundaria a tiempo y en 2021 el 70% de los niños de hogares pobres que cursaban el 6° grado de primaria no alcanzó niveles mínimos de conocimientos en lengua y matemática.
Es tan grande la prioridad que el kirchnerismo dio a las definiciones ideológicas que la idea de calidad educativa fue ignorada, en el funcionamiento del sistema y en la formación docente. Las evaluaciones regulares, herramienta básica para tener un diagnóstico y marcar un rumbo, fueron criticadas permanentemente, hasta lograr ignorarlas en la toma de decisiones estratégicas. Tampoco hubo iniciativas creativas en campos vitales para el desarrollo infantil, como la nutrición o la calidad de la vivienda, en un gobierno que dilapidó 200.000 millones de dólares en 10 años con subsidios innecesarios de todo tipo.
También impacta ver la diferencia entre la energía comunicacional que puso el kirchnerismo para la defensa de las minorías y la que puso en la defensa de los niños. No hay un solo caso emblemático de protección de derechos que haya mostrado la decisión de dar a los niños un lugar relevante en la agenda humanitaria, como sucede con los colectivos Lgbtq, que ocupan regularmente los medios. Una razón es que es en las provincias políticamente aliadas donde se producen las mayores violaciones de derechos, y los organismos de control no están dispuestos a generar conflictos políticos, por eso guardan un escandaloso silencio. Como corolario, a medida que se fue consolidando la pobreza estructural, la respuesta es una avalancha de transferencias de dinero que consolidan la presencia política de las organizaciones aliadas sin ningún criterio de calidad en sus intervenciones. Desde el punto de vista de la (mala) política, es el modelo “ideal”: asegura el apoyo de los sindicatos amigos a cambio de defender sus privilegios, permite construir y apoyar con sumas enormes movimientos sociales que no solo trabajan políticamente en los barrios, sino que además dan testimonio de la supuesta sensibilidad populista; alimenta un discurso político contra los rivales ideológicos, haciéndolos responsables de la pobreza por su “avidez” capitalista. Nada que cambie el futuro, mejore las posibilidades de vida de los niños y jóvenes y les permita salir de esta trampa perversa.
Lo más impresionante, tratándose de un movimiento político que dice representar a las mayorías, es que tuvo todas las herramientas para hacer una verdadera revolución social. Disfrutó de un ciclo económico inédito; tuvo números holgados en el Congreso para producir reformas en todos los campos; pudo haber armado una gran coalición con las provincias más pobres para transformar su situación. Pero prefirió sostener en silencio a las oligarquías políticas que explotan la miseria, como lo muestran de manera indudable las estadísticas provinciales. Toda esta enorme pérdida de oportunidades para millones de personas que ya no tendrán retorno desde su vida empobrecida se justificó con un discurso que asume y proclama el monopolio ético del populismo y sus aliados sociales y gremiales en todo lo relacionado con la pobreza, mientras castiga a la derecha por su “insensibilidad”.
Semejante panorama muestra el desafío ético, político y operativo que tenemos para transformar la vida de millones de personas, y que excede en mucho el tema de los planes sociales que hoy ocupa el centro del conflicto político sobre la pobreza. Es tan crítica la situación que, aun cuando logremos estabilizar la economía y aumentar la inversión, el impacto sobre la reducción de la pobreza será limitado si no se modifican las condiciones que permitan a las personas acceder a los espacios básicos del progreso personal: la educación y el trabajo. En el mejor de los casos, si la economía crece, veremos un gran aumento de la desigualdad.
Debemos plantear el debate ético porque hay que terminar con los discursos ambiguos en los que resulta más importante el palabrerío y la adhesión política o ideológica que los resultados concretos sobre el bienestar de las personas, en especial los más necesitadas. La insensibilidad que mostró el populismo respecto de la construcción de la vida de niños y jóvenes debe ser parte primordial de las discusiones sobre el futuro.
En la discusión es muy importante recuperar conceptos que forman parte del proyecto de vida de las personas –progreso, propiedad, seguridad– y las herramientas para su logro –inversión, innovación– que el populismo denostó y agredió reiteradamente. Por la importancia que tiene su presencia comunitaria, es importante que las organizaciones de la sociedad civil –en especial las Iglesias– participen de esta discusión, para acompañar una nueva etapa de mayor equidad. Es un desafío político, porque es crítico construir alianzas con la fuerza necesaria para sostener los cambios imprescindibles ante la presión del populismo para defender su discurso y privilegios. Cualquier acuerdo estratégico deberá incluir una agenda con metas, compromisos e instrumentos institucionales y hacerlos parte explícita de las alianzas que se conformen.
Es un desafío operativo porque es necesario refundar el Estado introduciendo herramientas desacreditadas por el discurso y la acción populistas. Conceptos como calidad, impacto, evaluación no solo son aplicables a los futuros proyectos de inversión, sino también al funcionamiento cotidiano del Estado. Para eso se requiere que el futuro gobierno asuma el rol de asegurar los derechos básicos de los ciudadanos que le indica la Constitución en todo el territorio nacional, y que el Congreso aplique con decisión las herramientas de control, dejando de lado la centralidad que hoy tiene la lógica dilapidadora de los movimientos sociales.
El populismo, que quiso apropiarse de la “liberación”, demostró cuáles son los resultados de su paso por la historia argentina. Resolver esta herencia será un proceso largo y complejo; pero solo será posible si cambiamos la esencia del modelo cuyas principales víctimas son aquellos a quienes dice defender. Los únicos privilegiados deben dejar de ser los amigos del poder. Desde el punto de vista ético, la opción elegida por el kirchnerismo es inaceptable. Priorizar los acuerdos políticos generó un daño doble: pobreza actual y pobreza futura. Esta es una discusión necesaria, en la que no hay puntos medios. Donde la grieta/diferencia tiene un sentido moral, que debe remarcarse. Debemos ser defensores de los más débiles.