Sospechan que el “rey de la marihuana” está otra vez en los alrededores de Itatí
Morenita Marín era el líder de la banda que incluía a políticos correntinos y se fugó mientras estaba en el programa de protección de testigos tras denunciar a un juez federal
ROSARIO.- Federico “Morenita” Marín se crio en las orillas del Paraná, en Itatí, Corrientes, donde aprendió un oficio criminal que lo llevó a la cárcel: cruzar cargamentos de marihuana desde Paraguay a la Argentina en una zona que, según las investigaciones judiciales, parecía estar liberada.
Desde el intendente hasta el comisario participaban de un negocio que se había transformado en un emprendimiento muy rentable, en un lugar que solo subsiste del merchandising de la Virgen de Itatí. Allí nunca se instaló una fábrica ni tampoco se montó algún desarrollo productivo que aportara opciones para vivir mejor. El contrabando moldeó históricamente la vida en ese pueblo, y también de la otra orilla. En la última década la marihuana que se produce en Paraguay -segundo productor en América latinase transformó en una fuente de subsistencia para muchos, entre ellos, para los chicos que hacen de “biguá”, avisan si hay algún peligro a la hora de cruzar con las lanchas cargadas de marihuana.
Como decía el poeta entrerriano Juan L. Ortiz, en ese “mar oscuro” se ocultan misterios profundos vinculados con el crimen organizado. Morenita manejaba parte del negocio con otros dos pesos pesados de la distribución de marihuana a gran escala en por lo menos siete provincias, como Luis Saucedo y Carlos Bareiro. Los Monos en Rosario, por ejemplo, compraban desde fines de la década del 90 la marihuana paraguaya que entraba a las costas de Itatí.
En octubre de 2018, Marín era buscado por todo el país. Se pensaba que había cruzado a Paraguay, pero la Gendarmería lo encontró en su casa, a 30 metros del río Paraná, de visita en la casa de sus hijos. Dormía en Itá Corá, del lado paraguayo, y cada tanto, cuando extrañaba a la familia, cruzaba en canoa por las noches, en medio de una oscuridad cerrada. Los que lo veían nunca lo delataban.
Ahora se sospecha que está, de nuevo, escondido en un islote paraguayo frente a Itatí, según apuntaron fuentes judiciales a En febrero pasado, Morenita se volvió a fugar. Este correntino de 34 años, condenado a 8 años por narcotráfico, desapareció de su casa, donde cumplía detención domiciliaria en la provincia de Buenos Aires.
Marín estaba dentro del programa de protección de testigos, luego de testificar e involucrar al exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila y el exintendente de Empedrado Juan Faraone, entre otros. Se había asentado en la provincia de Buenos Aires, con su pareja y sus hijos. Un día avisó que iba al hospital a atenderse de una dolencia por hemorroides y nunca más volvió. Se sospechó en un principio que lo pudieran haber matado o secuestrado, pero después de investigar a su entorno la sospecha más fuerte es que volvió a Corrientes y cruzó a Paraguay.
Le tira su tierra, necesita a su gente, a su familia, debe andar oculto en las islas del Paraná, ahí donde empezó a ser eso en lo que se convirtió. Volvió a sus orígenes. Volvió a su primer amor. Eso es lo que creen los investigadores que le siguieron los pasos durante años y, después de detenerlo y condenarlo, lo volvieron a perder.
Operación Sapucay
Morenita declaró a la Justicia que le compraba los cargamentos de marihuana a dos paraguayos “pesados”, con un extenso recorrido en el narcotráfico: los hermanos Hugo y Ariel Arce. Este punto también entra a jugar en su búsqueda. Es que algunas fuentes señalan que los Arce también seguirán su rastro en las islas guaraníes. Según el expediente de la llamada operación Sapucay, Morenita y sus socios pasaban unas 15 toneladas semanales de marihuana por medio de embarcaciones que cruzaban desde Paraguay y desembarcaban en los amarraderos de Itatí, donde contaban con la complicidad de las fuerzas que debían combatir a los narcos.
Una vez que la droga tocaba suelo correntino, era acopiada en galpones y de ahí, retirada por los compradores, quienes se encargaban de distribuirla en Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Chaco, Tucumán, Rosario, Santa Fe y Santiago Del Estero (desde donde se exportaba a Chile).
El 14 de marzo de 2017 unos 200 gendarmes arribaron a Itatí, Corrientes, con más de un centenar de órdenes de allanamiento. El pueblo era un hervidero, sobre todo porque los efectivos se llevaron preso al intendente Natividad Roger Terán y al vice Fabio Aquino, al comisario Diego Alvarenga, al instructor de Gendarmería Gabriel Alcaraz, al jefe de la Policía Federal Rubén Ferreyra, entre otros. Terán fue condenado a tres años de prisión, y en 2019 salió en libertad.
Aquel día solo los biguás, los pibes que hacían de “campana” cuando pasaba la marihuana por el río, andaban en sus motos por las calles. Cada engranaje de esa gigantesca maquinaria del contrabando de marihuana había caído, como ocurrió luego con el eslabón que faltaba, que era el judicial: el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, considerado una especie de Virrey por décadas en Corrientes, y sus dos secretarios fueron acusados y detenidos por cobrar sobornos a cambio de dar beneficios judiciales a los integrantes de la banda liderada por Federico Marín, Luis Saucedo y Carlos Bareiro. Soto Dávila y sus secretarios están siendo juzgados. El 31 de mayo próximo tendrán la posibilidad de elegir si deciden aportar sus últimas palabras antes del veredicto.
La causa fue compleja y repleta de discusiones. El exmagistrado señala que se trata de lawfare. Y cuestiona que gran parte de la acusación se basó en el testimonio de Marín, que a cambio de declarar como arrepentido logró beneficios, como entrar al programa de protección de testigos y cumplir su condena en una casa en el conurbano. Del otro lado, los fiscales señalan que la prueba es contundente.
La instrucción estuvo a cargo del exjuez federal Sergio Torres, quien luego dejó el cargo en el Juzgado Federal N°12 de la Capital tras ser designado ministro en la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Ese juzgado concentró más de 36 expedientes y formó la megacausa Itatí, una de las investigaciones sobre narcotráfico más grandes en la Argentina, con 116 imputados.
Repercusión política
La amplia difusión en los medios que tuvieron los operativos para detener a los políticos y efectivos de fuerzas de seguridad provinciales y federales fue inversa a la hora de las condenas de una parte de los acusados, en junio de 2019.
Las altas expectativas que se originaron con esta causa se desinflaron drásticamente a la hora del juicio de una megacausa que parecía que metía un cuchillo en el entramado narco que se tejió en Itatí a lo largo de los años, y que se sustentó no solo en las ventajas geográficas de tener frente al río Paraná al mayor productor de marihuana de Sudamérica, como es Paraguay, sino también en la solidez de las complicidades que abarcaban a todos los jugadores.
Después de sellar acuerdos de juicio abreviado, todos los políticos quedaron libres. Terán y Aquino salieron en libertad en septiembre de 2019, tras firmar una condena consensuada a tres años de prisión. Y Juan Faraone, exintendente de Empedrado, recuperó la libertad en la segunda semana de diciembre de ese año después de acordar una pena a tres años de prisión.
La hija del exintendente de Itatí Mariela Terán y su expareja Ricardo Piris también acordaron sus condenas, pero más severas. La mujer, que está con detención domiciliaria y podría quedar en libertad los próximos días, recibió una condena de cuatro años y Piris, de ocho años y seis meses, debido a que la pena se unificó con otra sentencia.
En cambio, la hija del exintendente de Empedrado Agustina Sigel, quien es gendarme, fue absuelta junto a Cristian Puyol. Sigel fue procesada por ocultar a Marín –quien fue condenado a 12 años de prisión tras acordar un juicio abreviado–, luego de un enfrentamiento con sus propios compañeros de la fuerza en octubre de 2016 en la capital correntina.
Luego, comenzó el juicio contra los funcionarios judiciales y políticos acusados. En marzo pasado, el fiscal federal Carlos Schaefer pidió que Soto Dávila sea condenado a 15 años de prisión por considerarlo jefe de una asociación ilícita que les cobraba coimas a narcotraficantes que investigaba para beneficiarlos con resoluciones judiciales. El fiscal, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), concluyó su alegato en el juicio oral en el que también pidió condena para otras seis personas, entre ellas, dos secretarios judiciales del exmagistrado y un exintendente.
Aníbal Ibarra, exjefe de gobierno porteño y abogado de Federico Grau, secretario del juzgado federal, argumentó que hubo un “arrepentimiento guionado”.
Morenita decidió fugarse antes de que se conozca el veredicto de la causa contra Soto Dávila, en la que jugó un papel clave. Nadie entiende por qué desapareció, porque si cumplía con la detención domiciliaria, en cuatro años quedaría en libertad. Si es recapturado, volverá a la cárcel, pero con Marín, un contrabandista incorregible, el futuro es incierto.ß