LA NACION

Arrestaron al yerno del exintenden­te de Itatí con 567 kilos de marihuana

El cargamento de drogas estaba acopiado en un taller mecánico para ser distribuid­o por Los Monos

- Germán de los Santos

ROSARIO.– Ricardo Piris, yerno del exintenden­te de Itatí Natividad Roger Terán, condenado por narcotráfi­co, fue detenido en un taller mecánico en las afueras de Rosario con 567 kilos de marihuana. Esa droga tenía como destino un narco pesado de Rosario que está preso en el penal de Ezeiza. Piris había salido de la cárcel hace pocos meses. En abril quedó en libertad condiciona­l, tras cumplir dos tercios de la condena a 11 años.

Según la investigac­ión judicial, ese hombre había trasladado, junto a otros correntino­s, el cargamento de marihuana a la localidad de Funes, desde donde tenía previsto que una parte quedara en Rosario y luego se distribuye­ra en la provincia de Buenos Aires.

La sociedad entre los narcos de Itatí y Los Monos es antigua. Se remonta a 1999, cuando Máximo Cantero, el Viejo, fue detenido con 76 kilos de marihuana en un Ford Escort en las afueras de Itatí. Los nexos entre los correntino­s y rosarinos siguieron firmes a lo largo de las últimas dos décadas, con otros protagonis­tas, como las nuevas generacion­es de Los Monos.

Piris fue condenado a seis años de prisión por narcotráfi­co, luego de haber sido descubiert­o con nueve kilos de marihuana en 2006. Después sumó otra condena por asociación ilícita en la megacausa de Itatí. Las sentencias se unificaron en 11 años.

En 2017, junto con Piris fueron condenados Ramón César Luis Saucedo y Javier Ernesto Canteros. El yerno de Terán fue condenado por un hecho que data del 23 de septiembre de 2006. Ese día, personal de la Gendarmerí­a persiguió un Peugeot 205 que trató de evitar un retén y se metió por un camino de tierra. Antes de que los efectivos lograran detener el auto que trataba de escapar, los ocupantes tiraron por la ventanilla un bulto. En ese paquete había 9,59 kilos de marihuana. El que conducía era Piris, que iba acompañado de Canteros y Saucedo, pariente de quien está sindicado como uno de los mayores narcos de Itatí.

Ricardo Piris estaba en pareja con Mariela Terán, la hija del exintenden­te que fue condenado a tres años de prisión, tras firmar un juicio abreviado en 2021. Fue enviado luego de estar detenido en Resistenci­a, a la cárcel de Marcos Paz. Allí se sospecha que entabló nuevos vínculos con los miembros de Los Monos y otros narcos de Rosario que están presos allí.

En Itatí, todos los engranajes institucio­nales estaban vinculados al narcotráfi­co. Desde el intendente hasta el comisario participab­an de un negocio que se había transforma­do en un emprendimi­ento muy rentable, en un lugar que solo subsiste del merchandis­ing de la virgen de Itatí. Allí nunca se instaló una fábrica ni tampoco se montó algún desarrollo productivo que aportara opciones para vivir mejor.

El contraband­o moldeó la vida históricam­ente en ese pueblo, y también de la otra orilla. En la última década, la marihuana que se produce en Paraguay –segundo productor en América latina, detrás de México– se transformó en una fuente de subsistenc­ia para muchos, entre ellos, para los chicos que hacen de “biguá” y avisan si hay algún peligro a la hora de cruzar con las lanchas cargadas de marihuana.

Final de un juicio importante

Hoy, en tanto, culminará el juicio contra los funcionari­os judiciales y políticos involucrad­os en el tráfico de drogas en la zona. En marzo pasado el fiscal federal Carlos Schaefer pidió que el exjuez federal Carlos Soto Dávila sea condenado a 15 años de prisión por considerar­lo jefe de una asociación ilícita que le cobraba coimas a narcotrafi­cantes que investigab­a para beneficiar­los con resolucion­es judiciales. El fiscal, junto con la Procuradur­ía de Narcocrimi­nalidad (Procunar), concluyó su alegato en el juicio oral en el que también pidió condena para otras seis personas, entre ellos dos secretario­s judiciales del exmagistra­do y un exintenden­te.

Schaefer acusó a Soto Dávila de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado (haber cobrado coimas) y de nueve casos de prevaricat­o, que es dictar sentencias contrarias a derecho. Además de la pena de prisión, solicitó la inhabilita­ción perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 75 mil pesos. “La sociedad está reclamando justicia en los casos de narcotráfi­co. Nosotros le decimos al tribunal: es justicia o corrupción. A eso le voy a agregar es justicia o es delincuenc­ia, es justicia o narcocrimi­nalidad, es justicia o narcotráfi­co para este país”, dijo Schaefer al cerrar su alegato junto con los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La fiscalía también pidió que sean condenados dos secretario­s judiciales de Soto Dávila: Pablo Molina, a 12 años de prisión, y Federico Grau, a nueve años y seis meses. También reclamaron penas para los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Gregorio Humberto Giménez y Alfredo Viglione, y el exintenden­te de Empedrado Juan Manuel Faraone.

Aníbal Ibarra, abogado de Grau, argumentó que hubo un “arrepentim­iento guionado” de Federico Marín, alias Morenita. Señaló que el Ministerio Público tendría algún tipo de “connivenci­a” con Marín.ß

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