Descubren una vivienda, unidades básicas y comercios en oficinas del Ministerio de Justicia

Tras anunciar el cierre del Inadi, el Gobierno revisa ahora los Centros de Acceso a la Justicia y las oficinas de Derechos Humanos

Una auditoría interna que se está realizando en el Ministerio de Justicia sobre el personal que acude a trabajar y el destino de los edificios propios y alquilados detectó circunstancias alarmantes: por ejemplo, uno de los inmuebles era usado como vivienda particular por un empleado, fueron encontradas oficinas que funcionaban como unidades básicas partidarias, otras estaban cerradas cuando debían estar abiertas, otras estaban en otras direcciones y hasta encontraron que las cámaras de vigilancia no apuntaban a los molinetes de entrada de personal, sino a la paredes.

Estos hallazgos son parte del relevamiento que dispuso el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que la última semana avanzó con el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que además de su sede central tiene 43 delegaciones en todo el país: es decir, a razón de casi dos por provincia. La decisión del cierre se basó en una cuestión política, pero también de recursos y de eficiencia, dado que tenía 400 empleados y 7000 expedientes atrasados sin resolución.

Las denuncias de discriminación serán recibidas de manera digital ahora en el ministerio, que determinará si hay elementos como para que intervenga la Justicia, adonde girará cada caso. El Inadi no puede desaparecer sin más, ya que es un organismo conformado por ley. Solo en ese instituto se redujeron de 430 a 355 los empleados, se pidió la renuncia de los delegados y se redujo en 8 millones de pesos los alquileres, que se rescindieron, en lugares que se usaban con fines políticos, dijeron fuentes del Gobierno.

Cúneo Libarona recorrió personalmente los edificios del ministerio. En su recorrida de jueves y viernes pasado por Salta y Jujuy, por ejemplo, encontró cerradas unas oficinas que debían estar abiertas, dijeron fuentes oficiales.

Pero hubo otros hallazgos que generaron más alarma: en un edificio de la calle Campichuelo, en Caballito, advirtieron que una persona vivía allí, había hecho del lugar su casa. En ese edificio de dos pisos y terraza hay un archivo de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, una sede de la Inspección General de Justicia y una oficina de Acceso a la Justicia, todos organismos del Ministerio de Justicia.

También está en ese predio la imprenta cooperativa Campichuelo, que se autogestiona como empresa recuperada por trabajadores peronistas que resistieron la liquidación del menemismo. Con el apoyo de la Federación Gráfica Bonaerense y el gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación, en 1992 se creó la cooperativa. Se mantuvieron con un sistema de autogestión e imprimen materiales del Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus) del ministerio. En 2003, la imprenta fue miembro fundador del Movimiento de Empresas Recuperadas y en 2005 viajaron a Venezuela invitados por Hugo Chávez para contarle la experiencia de recuperación del taller gráfico que imprime para el Estado.

En sus recorridas, Cúneo Libarona advirtió que en otro de los edificios, en lugar de realizar trabajos para el ministerio, se desarrollaban tareas particulares de las personas que estaban allí, como la venta de calzados o botines deportivos, y en otro lugar sospecha que se hacían operaciones financieras. “¿Dólares o cambio de cheques?”, se preguntaron, medio en broma, medio en serio, funcionarios judiciales. Otros lugares alquilados estaban cerrados o abandonados.

Otra red de oficinas distribuidas en todo el país que está en la mira de las autoridades es la de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Hay más de 100 distribuidos en todo el territorio. Y cada uno implica el alquiler de un local y cuatro o cinco contratos. Están empleadas allí unas 600 personas y sus tareas están siendo analizadas.

Fuentes del ministerio dijeron que en algunas ocasiones esos lugares eran usados más como centros de actividad política ligada al kirchnerismo que como lugares de servicio, donde los principales temas de consulta fueron: el acceso a documentación personal y certificaciones –como el DNI o la partida de nacimiento–, trámites sobre planes o programas sociales y prestaciones de la seguridad social –como el acceso a la jubilación o una pensión específica– y, en tercer lugar, las relaciones de familia, principalmente conflictos por el incumplimiento de la cuota alimentaria.

Las otras sedes ministeriales con distribución nacional son las oficinas del Registro Nacional de Reincidencias, sin mayores problemas dado que es muy fácil medir su productividad y actividad, y las de la Secretaría de Derechos Humanos, que están en algunas provincias y disponen de sedes para, por ejemplo, atender a los migrantes, o donde se requirió una intervención puntual.

Cúneo Libarona dijo que los casos anómalos podrían ser denunciados por fraude y desvío de dinero del Estado, si es que los recursos y el personal no se aplicaban a las tareas del ministerio.

También cambió el control de presentismo y eso redujo la cantidad de personal. De los 6000 empleados del ministerio hay un millar que no aparecieron más, porque están de licencia. Se está montando un sistema de control biométrico, con cámaras y con molinetes. A eso se suma el reporte de tareas y que cada jefe sea responsable de su dotación. Así se descubrieron no sólo empleados “ñoquis”, sino a alguno que vivía en el extranjero, dijo una fuente oficial.

En uno de los edificios se detectó que la cámara destinada al control de los ingresos, en lugar de apuntar al molinete, apuntaba a una pared donde había un cuadro, para evitar la vigilancia. También los sistemas de registro de huellas digitales fueron inutilizados en dos ocasiones en dos edificios.

La idea es normalizar la tarea y determinar quiénes cumplen funciones y quiénes no lo hacen. El ministro dijo públicamente que quienes cobran y no trabajan cometen fraude.