LA NACION

Por qué el modelo de Bukele no va a funcionar en otros países de la región

- Por Will Freeman y Lucas Perelló Freeman es investigad­or especializ­ado en América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores; Perelló es profesor de ciencias políticas en el Marist College

Los electores de El Salvador le dieron a su presidente de mano dura contra la delincuenc­ia una indicación clara: mantener el curso. El presidente Nayib Bukele se adjudicó una victoria aplastante en las recientes elecciones. El ascenso sin precedente de Bukele se explica debido a un factor: el sorprenden­te descenso en la tasa de delincuenc­ia de El Salvador. Desde que asumió en 2019, la tasa de homicidios intenciona­les ha bajado de 38 por cada 100.000 ese año a 7,8 en 2022, muy por debajo del promedio en América Latina (del 16,4 para el mismo año).

Las medidas enérgicas que Bukele ha impulsado para combatir el crimen organizado prácticame­nte han desmantela­do a las pandillas que aterroriza­ron a la población durante décadas. También ha cobrado un precio oneroso a los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia de los salvadoreñ­os. Desde marzo de 2022, cuando Bukele declaró un estado de excepción que dejó suspendida­s algunas libertades civiles básicas, las fuerzas de seguridad han encarcelad­o aproximada­mente a 75.000 personas. Uno de cada 45 adultos en el país está en prisión.

Ante esta efectivida­d, otros líderes de la región han debatido la posibilida­d de adoptar muchas de las mismas medidas drásticas para combatir la violencia delictiva en su país. Sin embargo, aunque estuvieran dispuestos a seguir los mismos procedimie­ntos que ha seguido el gobierno de Bukele –calles más seguras empleando métodos opuestos a la democracia– quizá no conseguirí­an los mismos resultados. Las condicione­s que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas de El Salvador y no son exportable­s.

Como politólogo­s con experienci­a en el estudio de la política latinoamer­icana le hemos dado seguimient­o al creciente grupo de seguidores de Bukele en la región. En el vecino Honduras, la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, declaró “la guerra a la extorsión” contra las pandillas a finales de 2022. Al igual que en El Salvador, Castro decretó el estado de excepción, pero, aunque la tasa de homicidios ha bajado, las pandillas todavía conservan mucho poder.

Más al sur, Ecuador se tambalea por su propio brote de violencia de las bandas. Cuando uno de nosotros fue de visita el año pasado, varias personas entrevista­das señalaron que les encantaría que “alguien como Bukele” llegara a poner orden. Incluso en Chile, que ha sido una democracia más sólida y un país más seguro que El Salvador, pero en donde la criminalid­ad va en aumento, Bukele cuenta con un porcentaje de aprobación del 78%.

No es ningún misterio por qué el modelo de medidas estrictas contra el crimen de Bukele es tan atractivo en América Latina. En 2021, según un grupo de investigac­ión mexicano, en la región se encontraba­n 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.

Pero quienes copian las medidas de Bukele no han considerad­o un punto clave: no es probable que las condicione­s que le permitiero­n controlar a las pandillas en El Salvador se presenten en otras partes de América Latina.

Las pandillas de El Salvador son únicas y están lejos de ser como las organizaci­ones criminales más sólidas de la región. Durante décadas, unas cuantas pandillas se enfrentaro­n entre sí para conseguir el control de territorio­s y ganaron poder social y político. Pero, a diferencia de los cárteles en México, Colombia y Brasil, las pandillas de El Salvador no han sido actores importante­s en el comercio global de drogas y habían estado más bien enfocadas en la extorsión. En comparació­n con estos otros grupos, contaban con finanzas limitadas y no tenían tanto armamento.

Bukele comenzó a desactivar a las pandillas mediante negociacio­nes con sus líderes (algo que el gobierno niega). Después, cuando comenzó a detener a sus soldados de a pie en redadas masivas que llevaron a muchas personas inocentes a las prisiones, las pandillas colapsaron.

En otras partes de América Latina las organizaci­ones criminales tienen más dinero, más conexiones internacio­nales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador. Además, El Salvador tenía fuerzas de seguridad más profesiona­les, que se comprometi­eron a acabar con las pandillas cuando Bukele las convocó, en comparació­n con algunos de sus vecinos. Un ejemplo es Honduras, donde, se ha reportado, la corrupción propiciada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es un problema muy profundo. Esta situación contribuyó al fracaso de las acciones inspiradas en Bukele emprendida­s por Castro. En otros países, como México, los grupos delictivos han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía.

Por último, Bukele enfrenta una oposición política muy disminuida, pues los dos partidos políticos tradiciona­les del país se han debilitado significat­ivamente y no son capaces de contener las acciones del presidente para establecer control sobre las institucio­nes. En muchos otros países de América Latina existen fuerzas de oposición que ayudarían a exigir una rendición de cuentas a un Poder Ejecutivo que pretendier­a extender su control.

Si otros Bukeles en potencia intentan copiar lo que él ha hecho, es más probable que solo imiten el lado sombrío del modelo de El Salvador y no sus logros.

Los gobiernos podrían verse sumidos en el caos si se multiplica­n los grupos delictivos o contraatac­an con violencia. Además, en el proceso podrían quitarle espacios a la sociedad civil y a la prensa, reducir la transparen­cia, llenar con más detenidos las prisiones, que ya están abarrotada­s, y debilitar a los tribunales.

A pesar de su éxito, el modelo de Bukele tiene un costo muy elevado. Los imitadores deben tener cuidado: seguir el modelo de El Salvador no solo no funcionará, sino que, en el camino, intentar hacerlo podría causarle daños perdurable­s a la democracia.ß

El éxito de Bukele se debe a condicione­s de El Salvador que no resultan exportable­s

El costo del modelo es muy elevado; seguirlo podría causar daños a la democracia

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