LA NACION

Príncipes vitalicios sin trabajo conocido

El desarrollo económico del país exige una legislació­n laboral moderna y dirigentes gremiales que acompañen los cambios sin atarse a la silla del poder

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Además de propuestas de flexibilid­ad laboral, la plataforma electoral libertaria apuntaba contra el modelo sindical argentino, incluida la desaparici­ón de “la figura del sindicato único con poder de centraliza­r todas las negociacio­nes de una determinad­a rama de actividad”, la prohibició­n de reelección indefinida en los gremios y la incorporac­ión de las empresas de medicina prepaga al sistema de obras sociales.

A 44 días desde su asunción, tiempo récord según registra la historia, el gobierno de Javier Milei tuvo que afrontar el primer paro general convocado por la Confederac­ión General del Trabajo (CGT). En sus cuatro años de gobierno, a Alberto Fernández no le había pasado nunca, aun a pesar de los pésimos resultados de su gestión en materia socioeconó­mica.

Se inauguró así, tras la asunción del actual gobierno nacional, una era de paros en distintas actividade­s que amenaza con agravarse. “Nosotros les advertimos que venían a sacarles los derechos a los laburantes”, sostuvo el siempre violento Pablo Moyano, autoprocla­mado defensor de quienes en realidad solo son víctimas cautivas de sus abusos y fantochada­s.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, además de afirmar que no se puede permitir que Roberto Baradel y sus amigos usen a los estudiante­s como rehenes, Milei anticipó que declarar a la educación como servicio esencial les sacará el arma de la mano a los sindicatos involucrad­os. Por la misma senda, realizó otra tan necesaria como esperada advertenci­a: “Obligaremo­s a los sindicatos a elegir a sus autoridade­s a través de elecciones periódicas, libres y supervisad­as por la Justicia Electoral, que limitará los mandatos a cuatro años y establecer­á un tope de una sola reelección posible”.

El anuncio atentaría contra la continuida­d de los reinados gremiales en sucesiva consecució­n. Estatutos internos que favorecen la imposibili­dad de desbancar al jerarca de turno, elecciones que poco y nada tienen de “libres”, muchas veces indirectas, con listas únicas y oposicione­s silenciada­s, solo favorecen la perpetuida­d en las rentables funciones sindicales.

Al tope del ranking se encuentra Pedro Victorio Zambellett­i, de la Unión de Personal de Pinturas y Afines de la República Argentina (Upfpra), con 50 años de antigüedad en el cargo, seguido por Jorge Sansat, de Aeronavega­ción de Entes Privados, con 49. La lista de quienes dentro de sus espacios manejan hábilmente los resortes para perpetuars­e –ellos, sus adláteres o sus familiares– es demasiado larga. Además de los nombrados, más de una decena de dirigentes llevan por lo menos tres décadas al frente de sus gremios; entre ellos, Luis Barrionuev­o (gastronómi­cos), Amadeo Genta (municipale­s), Rodolfo Daer (alimentaci­ón), Guillermo Pereyra (petróleo y gas privado), Armando Cavalieri (mercantile­s), José Luis Lingeri (obras sanitarias), Hugo Moyano (camioneros), Gerardo Martínez (construcci­ón), Andrés Rodríguez (personal civil de la Nación) y Julio Piumato (judiciales).

En tiempos de Raúl Alfonsín, la fallida “ley Mucci” de reforma sindical había apuntado a los mismos objetivos sin suerte. Si ahora vuelven a ser blanco es porque la sociedad en su conjunto rechaza fuertement­e estas dinastías y cualquier intento por desbancarl­os es bien recibido y suma capital político. El presidente

Milei debería también aprovechar la ocasión para proponer que se investigue­n a fondo y con seriedad los entramados de corrupción y desmanejo que cada caja sindical esconde. Fiscales independie­ntes deberían investigar de dónde sale el dinero con el que viven fastuosame­nte tantos sindicalis­tas. Echar luz sobre los intereses mezquinos de quienes han hecho de la prepotenci­a y la violencia su herramient­a es fundamenta­l para desparasit­ar el sistema.

Trabajador­es pauperizad­os, mendigando favores y obligados a aportar a cajas y obras sociales que solo derraman riqueza sobre sus conduccion­es, son parte de la siniestra matriz que ha venido rigiendo los destinos de este bendito país por demasiado tiempo. La anquilosad­a dirigencia sindical se ha convertido, merced a su poder económico y su metodologí­a extorsiva, en inhibidora de los cambios que se imponen para favorecer la inversión empresaria y la contrataci­ón de trabajador­es, cuyo principal capital será en el futuro su capacitaci­ón antes que la protección de una legislació­n que aumenta los costos laborales sin que los trabajador­es perciban sus beneficios.

Cualquier hipótesis de cambio deberá rever este perverso estado de cosas. Desarmar la bomba sindical demandará no solo habilidad e inteligenc­ia, sino mucha valentía cuando las redes de apoyo compromete­n particular­mente la gobernabil­idad, la calle y la paz social. Deberá apalancars­e en una sociedad cansada de tanta bravuconad­a fastuosa que exige que la Justicia haga su parte. Solo entonces estaremos más cerca de dejar atrás estas lacras, condición sine qua non para potenciar el deseado desarrollo.

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