Volver a la verdad; no más discursos falaces

El gobierno nacional se ha propuesto enfrentar las distorsiones que el kirchnerismo ha intentado sembrar con su parcial e interesado relato sobre los trágicos años 70

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue escenario de una disputa que evidencia el cambio de época por el que la Argentina transita. Luego de la visita que realizó por varios países en 2022, entre los que incluyó al nuestro, una experta independiente en deuda externa realizó en ese ámbito una presentación de especial interés para nosotros. Al concluir su exposición, en el espacio otorgado a organismos no gubernamentales, un representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tomó la palabra para hacerle notar que al cabo de aquella gira sus mandantes habían advertido a la ONU y al FMI que “el cumplimiento de los objetivos relativos al déficit fiscal y las reformas económicas no puede estar por encima de las obligaciones de los derechos humanos”. Dijo, también, que “desde entonces se vivió un deterioro inédito en las condiciones de vida, en particular desde el cambio de gobierno de diciembre de 2023”.

A ningún argentino habría sorprendido la falta de objetividad del representante del CELS, tan propia del relato ideologizado que cultiva dicho centro. Tampoco, que no hubiera entendido que el informe de la experta de marras se refería exclusivamente a 2022. Sin ninguna prudencia, su cometido fue descalificar y criticar implacablemente al gobierno actual, achacándole una supuesta falta de medidas de contención social.

Sí, sorprendió, por el contrario, y muy gratamente, la intervención del representante permanente de la Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra, embajador Carlos Foradori. Diplomático de carrera recientemente designado para aquel cargo y vicecanciller durante el gobierno de Mauricio Macri, Foradori planteó que habría sido “mucho más sensato referirnos a la herencia recibida que produce consecuencias en la actualidad”. En un claro resumen, mencionó “la deuda con importadores por más de 30.000 millones de dólares, la deuda del Banco Central e YPF por 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro por unos 35.000 millones de dólares adicionales; una inflación del 52 por ciento mensual en precios mayoristas y una pobreza del 45 por ciento con un 10 por ciento de indigentes”. Ese es el crudo aunque sintético balance del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa expuesto por el diplomático argentino.

Foradori se refirió al CELS con más altura que ironía, diciendo que se trata de “una organización no gubernamental preocupada por el presente y con amnesia sobre el pasado”. Defendió, asimismo, al presidente Javier Milei de las acusaciones sobre falta de sensibilidad social. “Carece, sí, de una habilidad que no ha logrado aún adquirir, y es hacer magia”, concluyó.

El perfil del CELS, liderado por gente que hasta estuvo involucrada en el accionar delictivo de organizaciones subversivas, es bien conocido. Ahora esa gente trata de prolongar su influencia a través de figuras afines en destacados ámbitos internacionales, como ha ocurrido con el insustentable Eugenio Zaffaroni en la Corte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La jurista argentina Andrea Pochak, que fue segunda del exsecretario de Derechos Humanos de la Argentina Horacio Pietragalla Corti, contó en su momento con el apoyo de Alberto Fernández y Santiago Cafiero para llegar a la posición que ocupa desde el 1° de enero de 2024 como una de los siete comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Bien predispuesta a devolver los favores, asumió con entusiasmo la defensa internacional de Cristina Kirchner, abrumada, como se sabe, por causas y condenas judiciales.

Ya en su carta de presentación al organisfundado mo, la militante Pochak incurrió en un olvido, por no decir falacia, al afirmar que habría de ser ella la primera argentina en integrar el organismo, desconociendo a la embajadora Elsa Kelly, quien, tras ser promovida por Raúl Alfonsín, llegó a ocupar la vicepresidencia de ese organismo entre 1986 y 1989.

Con sano criterio, Foradori observó que habría sido deseable que el CELS hubiera denunciado con más énfasis el deterioro inédito en las condiciones de vida y la regresión en el cumplimiento de estándares sobre deuda y derechos humanos, producidos por el gobierno que concluyó en la Argentina el 10 de diciembre de 2023.

Todo indica que la política del presidente Milei procurará reducir los efectos de la presencia kirchnerista en numerosos organismos internacionales, que tanto daño ha hecho al país. Basta repasar las mentiras de una narrativa fantasiosa en casos como los de Santiago Maldonado y Milagro Sala, o el concerniente a una organización que se encuentra poco menos que fuera de la ley, como la Túpac Amaru.

El sinceramiento hecho estos días por vías oficiales respecto del número de personas desaparecidas durante la represión de la subversión que asoló al país en los años 70, realizada en muchos casos fuera de la ley, fue absolutamente necesario. No es viable avalar en temas tan delicados cifras en total contradicción con las que están reflejadas en documentos tan serios como el de la Conadep, la entidad creada por el presidente Alfonsín para investigar las muertes y desapariciones de personas durante el régimen militar, y de la que cabe recordar que el peronismo se negó a participar. Cómo iba a hacerlo, si el peronismo apoyó la autoamnistía proclamada por los militares para ponerse a salvo antes de entregar el poder en 1983.

La designación del diplomático Christian Machuca al frente de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería responde al propósito de enfrentar las distorsiones en relación con la Argentina que el kirchnerismo sigue propagando tanto localmente como en el exterior. Aumentar la capacidad de respuesta de manera sólida y con argumentos contundentes es comenzar a transitar el sendero de la cordura y la sensatez. Desarmar el relato desarrollado a lo largo de veinte años llevará tiempo, pero los vientos de cambio que soplan en esta materia van en la dirección correcta.

No es viable avalar en temas tan delicados cifras en total contradicción con las que están reflejadas en documentos tan serios como el de la Conadep, la entidad creada por el presidente Alfonsín para investigar las muertes y desapariciones de personas durante el régimen militar, y de la que cabe recordar que el peronismo se negó a participar