Retiran el capítulo del tabaco por el lobby de un empresario
Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, consiguió que un grupo de diputados advirtiera que no votaría cambios en el marco tributario
El Gobierno dio marcha atrás con las modificaciones a la industria del tabaco en la nueva “Ley de bases” por presión de la Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, pese a que fue cuestionado por el presidente Javier Milei por el lobby que realizó en el Congreso para que no se tocara el marco tributario del rubro, que lo haría pagar impuestos en igualdad de condiciones con el resto de los jugadores del mercado.
Entre los diputados hubo fuertes acusaciones cruzadas, que apuntaron a varios legisladores en particular por haber puesto como condición el retiro del capítulo tabacalero para apoyar al resto de la norma, pudo saber sobre la base de los la nacion testimonios de cinco de ellos.
El diputado que hizo más fuerza para que se quite el capítulo fue Cristian Ritondo, el jefe del bloque de Pro, que lo habría puesto como uno de los no rotundos de la bancada que preside, en las conversaciones con el Poder Ejecutivo. Interesados en el tema también estuvieron Diego Santilli, Carlos Castagneto, extitular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández que no buscó cobrarle las deudas a Tabacalera Sarandí; y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza. se comunicó con cada uno de ellos, que prefirieron no hacer comentarios.
En el seno del rubro tabacalero hay dos empresas, Tabacalera Sarandí (que produce Red Point y Kiel) y Massalin Particulares (Marlboro, Phillip Morris, entre otros), se disputaron esta serie de artículos que cambiarían completamente las reglas del juego con las que las empresas se manejaron hasta ahora.
Desde 2017, año en el que fue establecido, Tabacalera Sarandí y otras que empezaron como pymes (Bronway, por ejemplo) no pagan el impuesto interno mínimo. Se trata de un monto fijo, hoy de $517,5 por atado de cigarrillos, que funciona como una base de tributación, a cuenta del porcentaje total del gravamen, con intención tanto recaudatoria como extrafiscal, es decir que apunta a encarecer los paquetes para desincentivar el consumo.
A través de una serie de cautelares, Sarandí consiguió no pagar el tributo al advertir la desventaja de una pyme frente a una multinacional, lo que le permitió ofrecer sus productos a un precio hasta 50% inferior que sus competidores. Pasó, desde entonces a la fecha, de un cerca de 8% a un 45% de participación en el mercado.
El artículo 189 y subsiguientes modificaban ese panorama al elevar el impuesto interno, al tiempo que eliminaban el mínimo y establecían que la base de tributación sería la que informe como valor de venta al público la tabacalera, aunque si se verifica que es 20% inferior al que se encuentra en los puntos de distribución, podrá tomarse como base imponible el relevamiento del Ministerio de Salud. Así, el impuesto se elevaría a 73%, el mínimo dejaría de existir y todas las empresas pasarían a tributar lo mismo.
En la industria hay dos cámaras principales: la CIT (Cámara de la Industria del Tabaco), que contiene a Massalin y a British American Tobacco, y Canet (Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras), que agrupa a pymes como Bronway, Formen, Tabes y Cigarrillos y Tabacos SA, que si bien en un primer momento lograron las mismas medidas judiciales que Sarandí para no pagar el mínimo, fueron perdiendo cautelares y ahora sí tributan. Ambas expresaron apoyo a la eliminación del impuesto mínimo. Sarandí, pese a cuestionar la constitucionalidad del mismo, se opone.ß