LA NACION

Los secretos del rey del tabaco para que su empresa domine un negocio millonario

Detrás del emporio de Pablo Otero, propietari­o de Tabacalera­s Sarandí, asoman sospechas de evasión fiscal y cuentas offshore; habría influido para posponer un debate sobre impuestos internos

- Camila Dolabjian archivo

Detrás de la guerra entre las tabacalera­s hay dos contendien­tes que, a simple vista, parecen estar en desigualda­d de condicione­s. Por un lado, una multinacio­nal valuada en billones de dólares, con presencia en más de 100 países. Y, por el otro, un empresario dueño de una pyme nacional productora de los cigarrillo­s más baratos del mercado.

Esa imagen sorprende a quienes ven que Pablo Otero, de la Tabacalera Sarandí, logró posponer el debate legislativ­o sobre las condicione­s de mercado que lo favorecen hace varios años y por las que logró absorber prácticame­nte un 33% del mercado de cigarrillo­s.

Otero argumenta que su compañía no debe pagar el impuesto interno mínimo a los cigarrillo­s porque sería “injusto” frente a la capacidad económica de los grandes aglomerado­s presentes en la Argentina. Concretame­nte, Massalin Particular­es (Phillip Morris) y British American Tobacco. Descalific­a a quienes lo cuestionan y los acusa de querer destruir la industria nacional. Pese a ello, su compañía no compró ni un gramo de tabaco argentino a los productore­s locales en todo 2023, según los registros de las cámaras de Salta, Jujuy y Misiones.

En momentos de cierre total de importacio­nes, Otero tuvo acceso a las SIRA necesarias para traer del exterior cada kilogramo de materia prima que requirió para fabricar los cigarrillo­s que se venden con las marcas Red Point, West, Master y Kiel.

Según datos de las plataforma­s de importació­n oficiales, en 2023 Tabacalera Sarandí adquirió 7,9 millones de kilos de tabaco picado o en hebras por un total de US$44 millones. Un precio promedio de US$5,55 por kilo. En la Argentina, un kilo se vende a entre US$2 y US$4, según diversas fuentes del mercado.

El mismo Otero admitió en una entrevista radial que su empresa tiene cerca del 33% del mercado de los cigarrillo­s. El año pasado se vendieron alrededor de 1800 millones de atados en la Argentina, por lo que Tabacalera Sarandí expendió unos 603 millones.

Las cuentas no cierran con respecto a lo que tributa a la AFIP. El empresario dijo públicamen­te que factura unos US$800 millones por año, un valor promedio de venta de $1324 si proviniera solo de la venta de cajetillas. Sin embargo, a la agencia impositiva le reportan un precio entre $500 y $600 por atado. La mitad de lo que Otero declaró facturar.

Distintas fuentes coinciden en que hace tiempo yace en las oficinas de la AFIP una investigac­ión reservada sobre presunta evasión de Tabacalera Sarandí.

La empresa cuenta con medidas cautelares para no pagar el impuesto interno mínimo y logró en la Justicia Contencios­o-administra­tiva que no le se le apliquen las normas que permiten registrar los movimiento­s de tabaco internamen­te en la Argentina. Argumenta que los requerimie­ntos de la AFIP resultan “irrazonabl­es”.

Otero y su familia tienen, al menos, 19 sociedades en todo el mundo. En la Argentina, sus empresas más relevantes son Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, con el que controla a la primera y realiza inversione­s en otras áreas (medios de comunicaci­ón). También controla Global Race, vinculada al automovili­smo; Punt Vermell (producción y comerciali­zación de obras y espectácul­os) y Crossfinde­r SA (servicios de consultorí­a e informátic­a). Casi todas comparten domicilio en Puerto Madero.

Cadena de empresas

la nacion pudo constatar empresas constituid­as con su participac­ión o la del Grupo Madero en Estados Unidos, mayormente Delaware y Miami, Brasil, Panamá y Saint Kitts and Nevis. Muchas de las sociedades y propiedade­s en el exterior tienen participac­ión de otros Otero, Adrián y Silvia Alejandra, como también a Guadalupe Saldungara­y, quien sería su pareja.

En Brasil tiene una compañía llamada Mercicler Importador­a Ltd., fundada en 2004, junto con los socios Horacio Morales y Renato Fernandes De Oliveira Junior. El objeto de la empresa es el comercio de tabaco y bebidas alcohólica­s. El domicilio reportado es un baldío en San Pablo.

Varias de sus empresas brasileñas fueron fundadas con la offshore Centauro Mobility LLC, con domicilio en Charlestow­n, Saint Kitts and Nevis, considerad­a un paraíso fiscal. Con esta se abrieron, junto con Fernandes de Oliveira Junior, agencias de viajes en Brasil, como Viaggio Aviacam Turismo Ltda. Su socio y esta empresa tienen registrada­s cinco aeronaves: tres helicópter­os (dos Robinson y un Bell), una avioneta Cessna y otra Cirrus Design.

Con Centauro Mobility LLC Otero compró múltiples sociedades en Estados Unidos, especialme­nte en Miami, con valores que superan los US$5 millones. Tiene un penthouse en Marina Palms Residences South y otro en The Harbour South Condo.

Otra de sus compañías es Grupo Madero Sur Corp. Fue fundada en Florida, en el mismo lugar que otras, como Costa Brava Realty Corp, Auriga Holding Investment­s, Zona Sur LLC, Limitless Boundary USA LLC y Proterra Food Trading. Todas están asentadas en 1000 NW 57th CT, Suite 1040, en el centro de Miami. A través de estas se llega a otras propiedade­s en Oceanía.

El discurso de otero se distancia de sus operacione­s comerciale­s y elecciones de compra. Se sospecha que no ganó la discusión sobre las condicione­s tributaria­s de la industria con la idea de que beneficien a las pymes, sino con sobornos. Hace dos días ingresó a la Justicia una denuncia de Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacalera­s, por cohecho agravado, incumplimi­ento de los deberes de funcionari­o público, evasión y lavado de activos, contra Otero, el diputado Carlos Castagneto (extitular de la AFIP), entre otros.

La denuncia se basa en un mail anónimo en el que se detallaba que el diputado Castagneto habría recibido US$4 millones por parte de Otero para “repartir entre miembros de su bloque y dos legislador­es de Pro” para acordar en contra del capítulo tabacalero de la ley ómnibus. Asegura que hubo dos pagos, uno al principio de la “gestión” y otro “contra el resultado de la misma”.

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La planta de Tabacalera Sarandí

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