EE.UU. contra La Salada: dura crítica a la venta de productos falsificados
En su informe anual sobre propiedad intelectual, el gobierno de Biden señala el uso de las redes sociales para la comercialización de esa mercadería y la venta callejera
Estados Unidos volvió a poner este año a la Argentina dentro de una lista prioritaria de países a observar (priority watch list) por sus “desafíos de larga data” a la propiedad intelectual, con La Salada nuevamente en el centro de la mira como mercado de productos falsificados y piratería. Hace al menos una década que el gobierno norteamericano viene quejándose sistemáticamente de ese complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como “uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica” de comercio irregular.
Pero no es lo único apuntado: el último informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) –2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement– también denuncia en el país la continua venta online de productos falsificados a través de las redes sociales y el crecimiento de la piratería en internet debido a la “casi inexistente” legislación penal que sancione esa práctica.
“Siguen siendo altas las ventas de productos falsificados en otras locaciones físicas en mercados más pequeños y a través de vendedores callejeros, en el barrio de Once en Buenos Aires y a lo largo de todo el país”, señala el reporte al que todo el mundo conoce como “la 301”.
El gobierno norteamericano se muestra crítico con la poca respuesta del Estado ante estos delitos. “La policía argentina generalmente no actúa de oficio y cuando hay procesos legales estos languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias”, lamenta el USTR.
Fuentes de la Secretaría de Comercio dijeron, ante la consulta de la nacion, que “en el caso de La Salada hay facultades concurrentes: fiscalización la tiene la Nación; también tienen las provincias y los municipios. Nosotros como gobierno estamos desarrollando un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior, que hemos repuesto, porque esto no es solo un episodio que pase en La Salada, sino que se verifica en todo el país; se necesita una visión coordinada con todas las jurisdicciones. Ya estamos incorporando tecnología y por supuesto que la venta ilegal está en la agenda”.
El organismo norteamericano señala como otro desafío actual que “los innovadores sectores químico y del agro tienen una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y frente a las filtraciones de tests y otros datos generados para obtener la aprobación de productos”. En ese sentido, se alude a las limitaciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que, según los norteamericanos, “continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que desafían la contratación y retención” de personal. “La Argentina hizo un progreso limitado en materia de protección y cumplimiento de propiedad intelectual en 2023”, insiste el informe.
Es por esa razón que para lograr una mejora en materia de protección de patentes, incluyendo las de pequeñas y medianas empresas, Estados Unidos urge a la Argentina a ratificar el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y a asegurar transparencia y el debido proceso en la protección de los llamados productos de origen en particular si el país avanza dentro del tratado Unión Europea-mercosur.
Cambio de gobierno
La evaluación de EE.UU. sobre propiedad intelectual, marcas y patentes se hace en contacto con cada uno de los países mediante una comisión mixta (TIFA, por sus siglas en inglés) y el foro de innovación, donde cada parte da su punto de vista y hace consideraciones sobre los temas planteados. “Este año, por el cambio de gobierno esto lo vamos a hacer en junio. Está La Salada, está la venta por internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley”, explica Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.
Por su parte y a raíz de este informe, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), emitió un comunicado en el que destaca que “si bien se mantiene a la Argentina dentro de la Priority Watch List, el gobierno de EE.UU. ha cambiado radicalmente su visión en lo que respecta al sector farmacéutico, pues ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas”.
Y agrega: “A diferencia de los últimos 12 años, el USTR ya no incluye críticas relativas a la existencia de limitaciones indebidas a la patentabilidad de productos farmacéuticos y biotecnológicos en la Argentina, ni cuestionamientos a las pautas de patentabilidad vigentes desde el año 2012. Las pautas de patentabilidad argentinas están diseñadas para evitar que se obtengan patentes para desarrollos menores de ever greening en el sector farmacéutico y biotecnológico, evitando la extensión indebida de los monopolios y favoreciendo la competencia, mientras que aseguran el reconocimiento de las patentes para las verdaderas invenciones”.
Por último, se afirma que este cambio de visión puede explicarse a partir del diálogo con el ustr desp legado por la embajada argentina en EE.UU., la Cancillería, y los representantes de la industria farmacéutica nacional. “Los objetivos de las pautas de patentabilidad argentinas están en línea con las políticas del gobierno de los EE.UU. y la jurisprudencia de sus tribunales”, agregaron.
“Es cierto. La industria farmacéutica argentina ha evolucionado mucho. Hoy no solo produce para el mercado interno: está en el mundo produciendo o, en otros lugares, distribuyendo. En función de eso además ahora ese sector pide que la FDA reconozca los procedimientos de la Anmat. Hay discrepancias con Estados Unidos, pero la industria argentina está buscando ser reconocida. No quiere el PCT, pero veremos -como nuevo gobierno- cómo evolucionan estos y otros temas”, agrega Cima.
En el informe del USTR además de la Argentina, en la lista observación prioritaria aparecen, por distintos motivos, otros países. Son Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. En la lista de naciones seguidas, aunque no en orden prioritario, están Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Turkmenistán.