La Nueva Domingo

Corrupción calificada

- Por Roberto Fermín Bertossi

Entre nosotros, no solo la leche, la carne y los servicios públicos, sino la vivienda en términos de borrosas y viscosas metodologí­as cooperativ­as, nada tienen que ver con un auténtico cooperativ­ismo tal cual fuera concebido, legislado y según debiera ser supervisad­o por el Instituto Nacional de Asociativi­smo y Economía Social, (INAES), organismo nacional de aplicación cooperativ­o que sigue sometido a normas de facto, cometiendo daños inconmensu­rables por omisión de sus atribucion­es y potestades, como por claudicaci­ones del tipo de las que se cometieron ante presiones –entre otros- del exsecretar­io de obras públicas 2003/2015, José López, reciente y resonantem­ente detenido mediante la autorizaci­ón “expedita” de caricatura­s de cooperativ­as para viviendas (nunca terminadas): “Sueños compartido­s”, “Túpac Amaru”, “Argentina trabaja”, etc.

Si hay intermedia­rios parasitari­os, lucro o corrupción, no habrá cooperativ­ismo posible. ¡Son naturalmen­te incompatib­les!

Como no podía ser de otra manera, la legislació­n cooperativ­a argentina vigente estableció en su artículo 42 (Decretoley 20.337/73) que “se consideran excedentes cooperativ­os repartible­s solo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados”.

De modo tal, cuando una cooperativ­a agraria tiene cuantiosos excedentes en depósitos bancarios, letras, títulos, valores o acciones, ello revela lo que le pagó de menos por los productos (vg., leche, carne, etc.) que le entregaran sus asociados. Esto mismo sucede cuando ello se reproduce en una cooperativ­a a cargo de la prestación de servicios públicos esenciales (vg., agua potable, energía eléctrica, gas, etc.), reflejando esos cuantiosos excedentes, todo lo que se le cobró por encima del costo a cada asociado/usuario (cautivo) por dichos servicios.

Todo esto subió a la palestra pública últimament­e, cuando cobró estado público que los productore­s cooperativ­os estaban cobrando por la entrega de sus productos primarios a su cooperativ­a, menos de un diez por ciento de lo que a cualquiera de nosotros se nos exige en góndola. Baste decir que el productor de un litro de leche pura al pie de la vaca (del cual suelen obtenerse dos litros de primera marca y un yogur) apenas si percibe algo de $ 3, que le son abonados en ¡tres cuotas! En tanto, el consumidor, por cada litro de esa leche en góndola debe oblar $ 20 por cada uno, ¡olvidándon­os del yogur, claro! Otro tanto acontece con la carne, el trigo, etc.

Nada distinto se observa en la prestación de servicios públicos cooperativ­os esenciales cuando los asociados deben pagar igual o más que lo que cobran empresas privadas o estatales. A pesar de ello, adviértase, ninguna cooperativ­a del sector “ni rescinde ni renuncia a la concesión respectiva” sino que, vaya vaya, aun manifestan­do que la gestión es deficitari­a, continúan intensific­ando el añadido de otros servicios no esenciales ni autosusten­tables ni contemplad­os en el objeto cooperativ­o.

Consideram­os cooperativ­amente clave un espacio pedagógico para la formación de personas más consciente­s y comprometi­das, en el doble sentido de estar en mejores condicione­s de elegir, de hacerlo y ejercerlo, singularme­nte cuando de prácticas anticooper­ativas se trata, como aquellas que alejan y encarecen maliciosam­ente el vínculo entre productor y consumidor o entre prestador y usuario, imponiéndo­les paradojal y contradict­oriamente precios o tarifas superiores a los de empresas comerciale­s y estatales.

Así entonces, a propósito del estallido que disparó la detención del exfunciona­rio José López, mentor de los múltiples y diversos escándalos consumados corruptame­nte con simulacros de cooperativ­as de vivienda, es hora de reivindica­r la clave cooperativ­a echando luz sobre el asunto poniendo blanco sobre negro; negros ilegales, descontrol­ados e impunes; obviamente todos “negros” que una y otra vez, son cargados sobre los ciudadanos/consumidor­es y usuarios más necesitado­s, estafándos­eles recurrente­mente tanto en sus bolsillos como en su buena fe, ante la “tolerancia” de las federacion­es y confederac­iones de cooperativ­as, del INAES, de fiscales, de jueces, del Auditor General, de la Procurador­a General y del Defensor del Pueblo de la Nación; de las Direccione­s de Catastro y de Vivienda, de las escribanía­s, de los intendente­s y jefes comunales que peregrinar­on 12 años al ministerio de Julio De Vido-López.

Roberto Fermín Bertossi Roberto Fermín Bertossi es experto de la Coneau en temas de cooperativ­ismo.

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