Prevenir, investigar, probar
La certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, pero unido a la esperanza de la impunidad". (Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, 1764)
I. En un artículo anterior (“Falta política criminal”, setiembre de 2015) decía que el diseño de políticas públicas en materia de seguridad es una tarea ardua y compleja que requiere de la intervención de personas especializadas y experimentadas. Es necesario contar con información fidedigna del fenómeno delictivo en los distintos lugares y en sus diversas modalidades; se requiere planificación, coordinación y control para evitar abusos y asegurar eficacia.
La Ministra de Seguridad de la Nación pidió aumentar las penas para los homicidas de policías, y desde 2002 ese delito está sancionado con la pena máxima; fijar una más dura sería consagrar la pena de muerte, que está prohibida por el bloque constitucional.
Creo que queda claro que el actual gobierno de la Provincia de Buenos Aires no tenía un plan integral de seguridad, como tampoco lo tuvo el anterior que creía que sólo se trataba de incorporar más policías sin importar su preparación y equipamiento. Ayer y hoy tampoco parece que existiera la firme decisión de ir seriamente contra la corrupción policial, tema central en materia de seguridad, pues si quienes deben prevenir y reprimir el delito lo encubren o participan de él, ninguna medida tiene sentido. Recientemente fueron encontrados 37 sobres con dinero en la departamental de La Plata, lo cual sólo puede tratarse de una espuria recaudación para brindar impunidad a las numerosas actividades ilícitas. los robos con armas en comercios y viviendas con violencia sobre las víctimas, son los que ameritan mayores esfuerzos.
Creo que no resulta admisible poner como excusa la falta de personal en estos casos porque en la investigación de los sucesos delictivos más graves es donde se juega la credibilidad de un sistema penal; esos son los que deben priorizarse y respecto a los de menor y mediana entidad la sociedad puede ser más tolerante en punto a la impunidad, a la vez que las leyes prevén mecanismos alternativos y de simplificación para dar una respuesta racional. No es razonable inundar al sistema judicial de causas por hechos menores y que queden impunes los más graves, máxime teniendo en cuenta que en nuestra provincia más del 80 % de las actuaciones iniciadas se archivan en fiscalía.
El ciudadano que paga sus impuestos para mantener el sistema puede preguntarse: ¿cómo puede ser que en hechos graves no atrapen a casi nadie?, ¿cómo no pueden desarticular las bandas?, ¿no se hacen tareas de inteligencia criminal en una ciudad de dimensión mediana?, ¿de cuánto sirven las tan promocionadas cámaras de vigilancia?.