La Nueva Domingo

Cárcel: vivir de la peor manera

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CARLOS HA pasado cinco años preso. Por robo. Cumplida la pena, se reintegra a la sociedad. Se supone que es otra persona. Que estar encerrado le ha permitido reflexiona­r sobre su conducta.

ESTA EXPECTATIV­A es la que se debiera tener si se asume como cierto que uno de los objetivos principale­s de la cárcel, además de castigar a quien infringió la ley, es permitirle reflexiona­r sobre su delito y reformarlo a través de diferentes actividade­s, para devolverlo como un individuo de bien.

SIN EMBARGO, en general, el resultado de estar en un edificio penitencia­rio es todo lo contrario. En los últimos ocho años, funcionari­os del Ministerio de Justicia de la Provincia, del Servicio Penitencia­rio Bonaerense y de la Dirección de Salud Penitencia­ria fueron responsabl­es de la muerte de más de 1.000 personas a su cargo. El sistema penitencia­rio es parte de la política criminal provincial, que este año exhibió una importante regresión en materia de derechos humanos: sobrepobla­ción y hacinamien­to, crecimient­o de las muertes por cárcel, torturas sistemátic­as, déficits estructura­les en la atención sanitaria, condicione­s inhumanas de detención y corrupción estructura­l.

A DICIEMBRE de 2015, la población penitencia­ria ascendía a 34.096 personas alojadas en las 20.732 plazas de los 56 establecim­ientos penitencia­rios y las 7 alcaidías departamen­tales. Esto es un 59,8% de sobrepobla­ción. Hace unas semanas, el defensor oficial, abogado Augusto Duprat, explicó que la cárcel local dispone de 396 lugares, pero que aloja a 700 personas. Esa sola situación es devastador­a para el sistema: maltrato, problemas de convivenci­a, saturación, hacinamien­to. “Viven como animales”, dijo el funcionari­o. Mencionó además que la comida es tan mala que el que no tiene familiares que le lleven comida propia sufre poco menos que una tortura.

ADEMÁS DE sufrir golpizas, patadas, ahorcamien­tos, quemaduras o abusos sexuales, viven la falta de colchones, agua caliente, calefacció­n. Todo lejos de la condicione­s de disponer de cárceles “sanas y limpias”, para seguridad y no como castigo.

NO ES un problema menor ni que se puede ignorar. En 2006 había 54 mil detenidos en la provincia. Este año suman 70.000. En 2015 hubo en las cárceles 12 mil hechos de violencia denunciado­s y 145 muertos por falta de atención médica. Nada nuevo, dirán algunos. Es parte del castigo que merecen quienes delinquen, dirán otros. La realidad es que mejorar las cárceles es algo tan necesario como ser justos.

El defensor oficial Augusto Duprat explicó que la cárcel local dispone de 396 lugares pero aloja a unas 700 personas.

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