Un vínculo que corre peligro
Los padres que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y que ahora tienen miedo de ser deportados por el Gobierno de Donald Trump están inundando los servicios de defensoría para los inmigrantes con solicitudes de ayuda para asegurar cuidado a sus niños en la eventualidad de que sean expulsados del país.
La Coalición de Derechos Humanos para Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) ha estado recibiendo cerca de 10 solicitudes al día de padres que piden tutela temporal para sus hijos, informó el portavoz del grupo, Jorge Mario Cabrera. El año pasado, CHIRLA registró unas dos peticiones por mes.
En Nueva Jersey, la abogada de inmigración Helen Ramirez dijo que ella está recibiendo cerca de seis llamados telefónicos al día de padres tras no haber tenido ningún pedido de ese tipo el año pasado. “El mayor miedo es que sus hijos terminen en los servicios infantiles”, comentó Ramirez.
El gobierno de Trump ha ordenado a sus agentes mayor rigurosidad en la aplicación de las leyes migratorias y las autoridades están realizando escrutinios más estrictos a los inmigrantes.
Para quienes son padres de ciudadanos estadounidenses y se ven forzados a salir del país, la Oficina de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “se amolda, en la medida de lo posible, a los esfuerzos de los padres por dejar disposiciones” para sus hijos, dijo la portavoz de ICE, Sarah Rodriguez.
Unos cinco millones de niños menores de 18 años viven con al menos un proge- nitor que está ilegalmente en Estados Unidos, según un estudio de 2016 del Instituto de Políticas de Migración (MPI), organización sin fines de lucro que analiza el movimiento de las personas a nivel global. La mayor parte de los niños, un 79 por ciento, son ciudadanos estadounidenses, según el reporte.
En el segundo semestre de 2015, ICE expulsó a 15.422 padres que dijeron tener al menos un hijo nacido en Estados Unidos, según datos de la agencia.
Al ex presidente Barack Obama se le denominó “Deportador en jefe” luego de que en 2012, se expulsó a más de 400.000 personas, la cifra más alta de cualquier gobierno para un solo año.
En 2014, el gobierno de Obama se empezó a centrar en una porción más acotada de inmigrantes, aquellos que habían ingresado recientemente al país o que habían cometido delitos graves. Trump ha dicho que su administración mantendrá la política de priorizar criminales para deportación.
En la zona rural de Nueva Jersey, Seidy Martínez y su esposo José Gómez han comenzado a tener la difícil conversación con su hija de 10 años de lo que pasaría si ellos son deportados.
Martínez, quien trabaja como empleada doméstica, y Gómez, quien se desempeña en un criadero de caballos, son hondureños.
Ingresaron a Estados Unidos ilegalmente y no tienen papeles, a diferencia de su hija, quien recibió asilo, y su hijo de tres años, que es ciudadano estadounidense.
“Ahora estamos preocupados todo el tiempo. No tenemos nada que nos permita quedarnos aquí”, dijo Martínez. “Nuestra principal preocupación es qué le pasará a nuestros hijos”.
Martínez le dijo a su hija que podría vivir con su tía en Miami y está considerando presentar documentos le que den algunos derechos legales a sus familiares si ella y su esposo son deportados. La niña intenta consolar a su madre. “Ella me dice, ‘mami, tranquila. No tengas miedo, yo también tengo miedo pero no te preocupes que todo va a estar bien’”, comentó.
Grupos de inmigración están ofreciendo servicios a bajo costo para ayudar con la documentación necesaria. Pero algunos padres dicen que han tenido problemas para hallar ayuda accesible ya que se les ha pedido hasta más de 1.000 dólares para preparar documentos legales.
Kristina Cooke es periodista de la agencia AFP-NA.
“Unos cinco millones de niños menores de 18 años viven con al menos un progenitor que está ilegalmente en Estados Unidos, según un estudio de 2016.”