Con un caso se dictó la ley y, con otro, se la reglamentó
Después del terrible desenlace del caso Micaela García, en Entre Ríos, el Ejecutivo, apurado por el reclamo social, aceleró la reglamentación de la ley que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos de violadores.
La normativa (número 26.879) fue sancionada en julio de 2013, aunque nunca se puso en marcha. El Congreso la aprobó días después de otro caso conmovedor: el de Ángeles Rawson, por el cual fue condenado a prisión perpetua el portero de su edificio, Jorge Mangeri.
Con el fin de "facilitar el esclarecimiento" de hechos que sean objeto de una investigación judicial, se almacenarán los datos de los delincuentes sexuales con sentencia firme.
Además de la carga genética, se consignarán nombres, apellidos, apodos, foto actualizada, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de DNI y domicilio actual.
El registro no será público y la información solo será dada de baja después de 100 años desde el inicio de la causa.
Por otra parte, está en discusión un registro público, aunque todavía no prosperó en el ámbito legislativo, ya que a fines de abril fracasó, por falta de quórum, un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto.
En ese caso, se busca crear un álbum, con el nombre, una foto actualizada y el delito por el cual fue condenado el acusado, que se publique en páginas oficiales y exista para consulta en las comisarías.