En medio de una escena complicada
El Gobierno está convencido que detrás de las cuestiones domesticas que lo acechan por estas horas existe un componente político interesado. Interesado en evitar que el presidente pueda disponer de algunos de los impactos de sus políticas en el plano laboral y fiscal que vendrían a corroborar en este final de año las bondades del espaldarazo electoral recibido el octubre.
No figura en esa lista, no al menos del modo clásico al que aspiran quienes desde la oposición más cerrada trabajan para que al Gobierno le salga todo mal, la tragedia del submarino San Juan. En este caso lo único que está por verse es cuál será el costo político a pagar por el Gobierno, si es que hay alguno. y en qué momento se extenderá esa factura al cobro. Siempre hay interesados en sacar partido de la desgracia del Gobierno de turno, pero en este caso se trataría, si alguna vez se lograra rescatar a la nave de las profundidades del océano, de determinar si efectivamente la corrupción estatal fue factor central, sino determinante, para que fallaran elementos claves del sumergible que se comprobaría que fueron causales directos del accidente y posterior explosión que precipito el peor accidente naval militar desde el hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra de Malvinas.
Se discute en todo caso si el presidente debió hablar, dirigir un mensaje a los familiares de los 44 marinos dados por muertos y por qué no lo hizo. Altas fuentes del Gobierno consideraron innecesario el paso en medio del anuncio del abandono de la fase de rescate. Aunque nadie descarta que Macri en algún momento difunda su mensaje, tal vez a la espera de que la Armada, y no la Casa Rosada, dato político no menor, anuncie oficialmente la pérdida de 44 vidas. Dos datos: Macri ya sabía cuando postergó el menaje lo mal que la pasó el ministro Aguad en Mar del Plata delante de los familiares. "Su palabra no agregaba nada", lo excusan. Se da por sentado, aunque nadie lo reconocerá en público, que el drama afecta "a la familia militar".
Los problemas domésticos que atosigan al Gobierno son otros y están a la vista. Ocurren justo en medio de una semana que para el presidente debió ser de ratificación plena de uno de los pilares centrales de la plataforma que lo llevo al poder como es la reinserción de la Argentina en el mundo. La ceremonia en el CCK para asumir la presidencial del G-20 coronó no solo ese cometido sino también la posibilidad cierta para Macri de convertirse en un líder regional, la voz del continente ante los países poderosos que permita a la vez terminar con la larga década de populismo en la región, con la pobre Venezuela como ejemplo más nefasto.
Aquellos problemas le complican al presidente el frente interno. De buenas a primeras el Gobierno tiene problemas que no existían hasta hace días para avanzar con la reforma laboral, con los cambios en el sistema previsional, que parecían "abrochadas" con los dirigentes sindicales, o con el Pacto Fiscal aprobado por los gobernadores. Y con otros actores un tanto más violentos que se han expresado en la calle que amenazan con empiojar el cierre del año. Vale aquí un solo ejemplo: el ministro Triaca le decía el viernes a quien quisiera escucharlo en medio de las protestas que el 80 % de los gremios representados en la CGT apoya la reforma laboral. Por lo tanto, saca cuentas, ese mismo porcentaje de trabajadores registrados está de acuerdo con lo que firmaron los triunviros Daer, Schmid y Acuña, entre otros popes sindicales. ¿Entonces?
También hay que contabilizar entre esos pesares el recrudecimiento del frente abierto en el sur con los grupos que reivindican la causa mapuche. Que debe recordarse ya dejó dos muertos en la Argentina y un clima de latente violencia que se ha instalado en aquellos sectores, muchas veces apañados, o utilizados para sacar bajos réditos políticos, por un sector bien definido de la oposición. El cristinismo rancio y la izquierda, hay que decirlo, están del lado de esos grupos violentos que lesionan la soberanía nacional al pretender que existen en el país "territorios liberados", cuando son en verdad meras tomas ilegales de tierra, a las que para ingresar poco menos que habría que presentar pasaporte, como en Malvinas. Amparados claro está por jueces federales (Otranto y Lleral en el caso Maldonado, y ahora Villanueva) que insólitamente acatan esa dispensa de soberanía que viola lisa y llanamente la Constitución.
El presidente avaló una discutible posición de su ministra de seguridad, Bullrich, que dice que la orden de un juez es casi un cheque en blanco para el accionar de las fuerzas federales. Que la Prefectura "no tiene que probar nada" de su accionar, aún cuando hay un militante mapuche muerto de un balazo por la espalda. Proyectil que se corresponde con el que usa la fuerza de seguridad. Una posición con la que no coincide su colega de Justicia, Garavano, que advierte que la versión del enfrentamiento en Villa Mascardi es "solo la versión de la Prefectura", no la verdad de lo ocurrido. Otro laudo más del presidente se espera, como tantos anteriores que han desatado internas en un gabinete demasiado grande.