Macri, Cristina y el 2019
El presidente Mauricio Macri se fue a su descanso de finde largo en una estancia de las sierras de Córdoba, envuelto en el silencio que premeditadamente decidió asumir frente a la nueva -y probablemente explosiva- situación judicial y política de Cristina Fernández.
Un objetivo central, y de mucho más largo plazo que la coyuntura, es el que animaría esa estrategia del mandatario que parece acompañar todo el Gobierno. Salvo los breves capítulos a cargo de Marcos Peña quien, con una ancha sonrisa, insistió que "todos los argentinos somos iguales ante la ley", o del ministro de Justicia, Germán Garavano, que habló de un punto mucho más concreto y preciso en torno a aquel mutis por el foro de Macri y los planes subterráneos que corren a la par. Dijo que para el Gobierno no están dadas las mínimas condiciones para avanzar en el desafuero de la flamante senadora.
Aquella estrategia de más largo plazo que justifica este estudiado silencio es enfrentar a Cristina Fernández en 2019 por la presidencia. Macri quiere verse cara a cara con su enconada rival cuando llegue el turno de ir a las urnas que tendrán curso dentro de poco menos de dos años. Ese es, aseguran en importantes despachos del Gobierno, el más ambicioso objetivo de largo plazo. Y por la misma razón vuelven recurrentes a un análisis que ya han hecho en oportunidades anteriores, y que reafirmaron esta semana cuando el presidente fue avisado de manera reservada unas doce horas antes de los acontecimientos, que el juez Bonadio se aprestaba a pedir el desafuero y la prisión preventiva de Cristina y de otros varios dirigentes y funcionarios de la administración anterior.
"La escena está donde más nos conviene que esté: con ella libre", decía un funcionario con despacho en la Casa Rosada luego de escuchar la conferencia de prensa de la expresidenta, y con la mira puesta en la marcha de aliados del kirchnerismo y la tradicional izquierda todo terreno en la Plaza de Mayo.
Se explican por si hace falta: el Gobierno reafirma que la situación judicial de la doctora no es un resorte del Poder Ejecutivo. Es una decisión del Poder Judicial que debe componer o descomponer el tercer poder consti- tucional que es el legislativo. Con el añadido para nada inocente que, entre esas idas y vueltas, Macri tiene y tendrá seguramente desde ahora mismo a una Cristina instalada fuertemente en la escena, con sus recurrentes diatribas hacia el presidente, los fantasmas de una operación política y judicial para perseguirla a ella y a todos los que en este país piensen distinto del oficialismo.
Un discurso que, a juicio del Gobierno, no prende en la clase media que mayorita- riamente votó a Cambiemos en octubre, ni a los sectores medios bajos o de segmentos más acomodados. Podría caberles algo de razón, más allá del malhumor de algún segmento de la pirámide social por los nuevos aumento de tarifas y combustibles y el polémico proyecto de ley de reforma previsional, a poco que se repase la composición de quienes marcharon el jueves por la tarde para reclamar "libertad a los presos políticos" o "el fin de la persecución de la dictadura macrista", como rezaban algunos cartelones.
Allí hubo kirchnerismo residual, cristinismo recalcitrante, la izquierda tradicional y los siempre afines organismos de derechos humanos. No movilizaron gobernadores del peronismo, ni sindicatos, ni movimientos sociales. A tener en cuenta.
Aquel acomodamiento de la escena ¡se recuesta además en un dato de la realidad al que el Gobierno mira con indisimulable simpatía: el Senado tiene en sus manos el destino de la expresidenta, y nada parece indicar que la decisión del senador Miguel Pichetto, convertida en doctrina, de no desaforar a ningún colega salvo que exista una condena firme de la Corte Suprema de Justicia, vaya a ser modificada. "Nosotros de nuestro lado no vamos a mover un dedo", se sinceró un senador clave de Cambiemos con prosapia macrista.