Sin acuerdo por la instalación de nuevas antenas telefónicas
Tanto las empresas como los ambientalistas discutieron la propuesta inicial elaborada por la Municipalidad.
El proyecto para 2018. Las empresas y los ambientalistas discutieron la propuesta inicial elevada por la Municipalidad.
Las mediciones en nuestra ciudad dieron índices “muy por debajo” de lo permitido por la OMS, dijo el funcionario del ENACOM, Jorge Zavleon (foto).
La falta de una ordenanza que regule y permita la instalación de nuevas antenas de telefonía en Bahía Blanca seguirá siendo un problema al menos hasta mediados de 2018.
Días atrás el Municipio presentó un proyecto para derogar la ordenanza que regula la instalación de antenas de telecomunicaciones aprobada en 2013 (la cual no se encuentra vigente por estar judicializada) y convocó a una audiencia pública a las empresas, ambientalistas y concejales.
Tanto vecinos como representantes de las firmas de telefonía, e incluso del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), hicieron sus cuestionamientos y emitieron opiniones, fijando entre sí posiciones antagónicas.
El concejal Leandro Santomassimo (Cambiemos) confirmó que en los próximos días analizarán los planteos realizados y luego presentarán un proyecto de ordenanza definitivo, pero recién para mediados de 2018. Para ello deberán conciliar opiniones e intereses opuestos.
Por un lado están los vecinos y ambientalistas que temen por los efectos de las ondas no ionizantes que emiten las antenas. Incluso en la audiencia afirmaron que la exposición continua a esos artefactos produce cáncer y daños al medioambiente.
“La ciencia ya determinó que existe una asociación creíble entre cáncer y radiofrecuencias. Queremos participación en los controles y que los mismos garanticen que no haya daños”, expuso Gladys Girotti, representante de una ONG.
Del otro lado se encuentran las empresas, que pretenden responder al crecimiento de la demanda y mejorar el servicio. Entre las críticas al proyecto de la comuna señalaron que no permiten ubicar antenas en lugares considerados patrimonio histórico, sobre las alturas máximas permitidas.
“Las empresas están dispuestas a invertir en Bahía y hacen falta varias antenas nuevas”, le confió a “La Nueva.”
el presidente de la Cámara Argentina de Informática y Telecomunicaciones, Norberto Capellán.
Si bien no quiso decir qué cantidad pretenden instalar porque “esas necesidades varían rápidamente”, dio a entender que sería más de una decena. Además explicó que apenas el 2% de las radiaciones no ionizantes que emiten las antenas bahienses son por telefonía celular.
En medio de todo este embrollo se encuentra el ENACOM, organismo encargado de controlar a las empresas y las emisiones que emiten sus antenas.
Según el subdirector de la Dirección Nacional de Autorización y Registros TIC, Jorge Zavleon, las mediciones que se tomaron en Bahía en los últimos meses arrojaron buenos resultados ya que las emisiones se encuentran muy por debajo de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
“No hay riesgos para la salud”, dicen desde el ente, contradiciendo a los vecinos.
Desde dicha entidad creen que en la ordenanza el Municipio desconoce que la legislación nacional les otorga el poder de control, lo cual es "el mismo error del pasado".
“Quieren tener el control de las mediciones y contradicen las leyes nacionales, que establecen que las radiocomunicaciones deben ser controladas por organismos federales”, afirmó Zavleon.
Como si todo esto fuera poco, los vecinos dijeron desconfiar de esas mediciones y de las que debería realizar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que brilló por su ausencia en el reciente debate.
El abogado ambientalista Leandro Aparicio dijo que “el OPDS es una cueva de cieguitos, caranchos y hay corrupción por todos lados”.
Según datos municipales, hasta 2012 en nuestra ciudad existían entre 87 y 90 antenas de telefonía. Desde 2013, en que rige la ordenanza paralizada por la justicia, se desconoce la cantidad e in- cluso hay quienes por lo bajo afirman que hay antenas clandestinas.
Lo cierto es que la audiencia dejó un manto de dudas, diferencias de criterios, intereses, sospechas y brechas que la política deberá intentar cerrar para lograr que la ciudad tenga una ordenanza para un servicio que, hoy por hoy, atraviesa a todos.