Nace Yacimientos Carboníferos Fiscales

Las fuentes han variado. Así como hoy las renovables y de menor impacto ecológico ganan terreno en el mundo, las revoluciones industriales –durante casi dos siglos– se impulsaron con fuentes como el carbón y el petróleo.

Si en el presente la generación de energía eólica, hidroeléctrica, solar o atómica ha ganado terreno lo cierto es que hasta bien entrado el siglo XX las fuentes eran poco variadas. La Argentina importó carbón y, luego, petróleo y gas, durante casi toda su historia. De allí que, en sintonía con su planteo de desarrollo económico, el presidente Arturo Frondizi se planteó, en el invierno de 1958, la llamada “batalla del petróleo” que buscaba alcanzar el autoabastecimiento energético que lanzó como desafío nacional el 24 de julio. En ese marco fue también que, el 6 de agosto de ese año, firmó el Decreto N° 3.682/58 por el que se creó Yacimientos Carboníferos Fiscales dentro de la estructura del Estado como empresa autárquica y dependiente de la Secretaría de Energía y Combustibles del Ministerio de Economía. Sus funciones quedaron claramente establecidas: el estudio, exploración y explotación de combustibles sólidos, compra, industrialización, la elaboración, transporte, venta y permuta de combustibles sólidos y sus derivados directos e indirectos y la realización de toda operación complementaria de su actividad industrial y comercial.

Un proyecto de 1941

Desde 1907, cuando se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia, la producción de energía propia comenzó a plantearse como un desafío para el país y su desarrollo como nación independiente. El 19 de octubre de 1922, pocos días después de asumir la presidencia Marcelo Torcuato de Alvear, Enrique Mosconi fue nombrado como primer Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), donde permaneció durante ocho años, dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y desarrollo de los combustibles líquidos, tarea que interrumpió como consecuencia de su desacuerdo con el golpe militar de José Félix Uriburu de septiembre de 1830.

Respecto del carbón, un insumo que se trajo de Europa, los antecedentes de la empresa estatal pueden rastrearse en 1941 cuando por Decreto Nº 87.672 el Poder Ejecutivo dispuso la realización de es- tudios, cateos y experimentación sobre los yacimientos de carbón existentes en territorio nacional por parte de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en ese entonces bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, constituyéndose dentro de la citada dirección la División Carbón Mineral. Luego fue creada la Dirección Nacional de Energía, que dio orden a la Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales (DGCSM), como ente autárquico. En 1950 se estableció la absorción de la DGCSM por Empresas Nacionales del Estado (ENDE).

“Su estatuto –estableció una estructura orgánica provisoria consistente en un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y cuatro directores designados por el PEN por períodos de cuatro años, con posibilidad de reelección, y un gerente general encargado de la gestión administrativa, nombrado por el directorio. Uno de los directores debía ser representante de las provincias que tuvieran yacimientos carboníferos.

El estatuto orgánico permanente fue establecido finalmente a través del Decreto N° 9.158/63, que dispuso una organización funcional con una gerencia general, dependiente de la presidencia y el directorio, una serie de gerencias subordinadas a la anterior y una administración específica para el Yacimiento Río Turbio en la misma condición; cada gerencia contenía una organización en departamentos, servicios divisiones, en ese orden jerárquico. El estatuto orgánico de la empresa experimentaría recurrentes modificaciones mediante decretos presidenciales, aunque en numerosas ocasiones estas decisiones fueron consecuencia de cambios operados previamente en los hechos.

Durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, YCF actuó bajo la órbita de la Secretaría de Energía y Minería del Ministerio de Economía y Trabajo y en 1969 tanto la Secretaría como la empresa pasaron a depender del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, lo que generó cambios en su estructura. En 1973, con el regreso del peronismo al gobierno, YCF fue incorporada a la Corporación de Empresas Nacionales, una entidad descentralizada dependiente del Ministerio de Economía, encargada de la gestión de las empresas de propiedad absoluta, participación mayo- ritaria o bajo administración del Estado. En consonancia con las privatización de la economía generalizada por el “Plan Martínez de Hoz” de la dictadura instaurada en marzo de 1976, esta estructura fue disuelta en 1978 aunque la empresa continuó dependiendo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. En 1979, se procedió a una transformación a gran escala de la estructura orgánica, sosteniéndose que debían reconocerse los cambios sucedidos en los años y argumentándose principios de racionalización

Así, en 1980, mediante el Decreto Nº 1.730, se determinó que la subadministración tuviera su sede en Río Turbio, concentrando directamente las funciones productivas y operativas del yacimiento. Se estableció así una división del trabajo entre administración general y dicha subadministración.

En 1981, tanto la Secretaría de Energía como YCF retornaron a la esfera del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1985, el Decreto Nº 1.424 determinó la primera intervención de la empresa con el objetivo de introducir cambios en la estructura orgánica que favorecieran “una mayor eficiencia”. Finalizada la intervención, se reestableció la administración general como ejecutivo de la empresa, pero en 1989, el Decreto Nº 195 dispuso nuevamente la intervención de la empresa con el fin de regularizar su gestión y su situación financiera. Poco después, la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado impulsó su privatización parcial o concesión lo que provocó la renuncia y el reemplazo del interventor y el subinterventor: el profundo giro político impuesto por el presidente Carlos Menem pretendió racionalizar la empresa y su desregulación de modo de encarar una acelerada privatización solventada en la supuesta ineficiencia de las empresas públicas. Finalmente, dos Decretos firmados en 1993 y 1994 dieron lugar, respectivamente, a la privatización y concesión de la empresa, junto a todos los activos que formaban parte de su patrimonio a una sociedad integrada por la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf) y un consorcio de empresas asociadas (Iate S.A., Eleprint S.A. y Dragados y Obras Portuarias S.A.), quienes constituyeron la nueva empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A.

Es de consignar que, como consecuencia de la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado, sancionada apenas asumió el gobierno de Carlos Menem, el 17 de agosto de 1989, numerosas empresas y organismos de regulación estatales fueron privatizados, concesionados o suprimidos, quedando la gestión de su documentación a cargo de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos la que, derivó esos documentos al Archivo General de la Nación.

Sesenta años después

Como es ostensible el derrotero de YCF y sus continuadoras ha sido sinuoso. La vida en Río Turbio, en el ex- tremo sudoeste del país, también se ha visto sujeta a esas idas y venidas que repercuten directamente en la única fuente de trabajo de la región.

Los datos que aporte la Administración de Información de Energía de Estados Unidos para la Argentina permiten apreciar la evolución de la importación de carbón desde 1980 a 2014. El valor medio para Argentina durante ese período fue de 1200.03 mil toneladas cortas con un mínimo de 528 mil en 1983 y un máximo de 2.205 mil en 2014. (Tonelada corta es una cifra menor a los mil kilo).

En los últimos 15 años se observa un sistemático aumento de las importaciones: hasta el año 2004, los valores anuales de importación, fluctuaban entre las 600 y las 1.200 toneladas cortas. Desde entonces el incremento ha sido casi sistemático, alcanzando, desde 2011, las 1.800 a 2.000 toneladas anuales. Además, según recientes datos del Ministerio de Energía, en 2017 se incrementó la importación de crudo, cayó la producción de gas y petróleo local, se redujeron los niveles de “existencias” de hidrocarburos en las cuencas y, como consecuencia, disminuyeron las regalías a las provincias. La carencia de desarrollo de las fuentes alternativas y el desmantelamiento de proyectos en el área atómica acercan un panorama muy preocupante en el área.

Aquel propósito enunciado por Frondizi hace exactamente sesenta años sigue pendiente de concreción: el autoabastecimiento energético parece cada vez más un objetivo inalcanzable

Arturo Frondizi se planteó, en 1958, la llamada “batalla del petróleo” que buscaba alcanzar el autoabastecimiento energético. Aquel propósito enunciado por Arturo Frondizi hace exactamente sesenta años continúa pendiente de su concreción.