La Justicia había confirmado que no podían entrar más presos en el penal de Saavedra
Hace algunos meses, en el marco de esta grave situación, la jueza de Garantías Susana Calcinelli dispuso prohibir, al menos de manera momentánea, el ingreso de nuevos detenidos a la cárcel de Saavedra y la Cámara Penal confirmó esa medida hace 15 días.
Lo hizo la Sala I (votos de los camaristas Guillermo Giambelluca y Pablo Soumoulou), luego de rechazar una apelación presentada por el director provincial de Asuntos Contenciosos de la Subsecretaría de Política Penitenciaria, doctor Maximiliano Veloso.
Veloso argumentaba que la medida judicial era infundada, alteraba decisiones organizacionales y de gestión, invadía facultades propias del Poder Ejecutivo y afectaba a todo el sistema penitenciario en su conjunto.
La resolución “no fue arbitraria ni irrazonable”, fundamentó por su lado la Cámara.
Calcinelli había visitado la Unidad Penal Nº 19 el 26 de abril y, en ese marco, observó que tanto en el pabellón de Separación del Área de Convivencia (denominado SAC), como en el pabellón Nº 7, de modalidad estricta, “existen falencias de carác- ter estructural”.
Citó humedad en paredes y pisos, roturas de vidrios, presencia de moscas, malas condiciones de higiene, canillas rotas o con pérdidas de agua en algunas celdas, colchones en malas condiciones o falta de los mismos. También anotó quejas por la comida y que algunos internos están las 24 horas encerrados en sus celdas.
Para evitar un “agravamiento de las condiciones de detención”, Calcinelli dispuso la fumigación de los pabellones, la reparación de las cañerías y canillas, como así el destape cloacal pertinente y la reposición de vidrios y también prohibió el ingreso de nuevos detenidos hasta que se provean los colchones necesarios.
“Excede en casi un tercio”
“La sola existencia de los faltantes de colchones en la cantidad dada, nos demuestra el agravamiento en las condiciones de detención que sufren los internos y habilitaban el reclamo en tratamiento, por lo que nada más hay para decir sobre el presente agravio”, afirmaron los camaristas.
“Nótese que la cantidad (937 internos) excede en casi un tercio el cupo máximo (726 camas)”, ampliaron.
De todas maneras, como advirtió el juez en lo Correccional de La Plata Eduardo Eskenazi en el habeas corpuso colectivo, ese tipo de resoluciones -aún con sentencias firmes- muchas veces no se respetan.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había señalado que la Justicia no solo tiene la facultad de pedir que se eviten condiciones ilegítimas de detención sino que puede “exigir la adopción, por parte de las autoridades penitenciarias, de conductas positivas de realizar reformas sistémicas. Es tarea de los jueces velar porque el encarcelamiento se cumpla en for- ma acorde con los parámetros que establecen las leyes y las normas constitucionales, y ordenar, dado el caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública”.
En la cárcel local, en tanto, también se venía registrando el traslado progresivo de presos del conurbano. Según datos de abril, se calcula que en los últimos años esa cantidad se triplicó.