Otro fallo a favor del municipio en el conflicto del barrio Universitario
La Cámara de Apelación de Mar del Plata validó una ordenanza, pero hay otra causa similar abierta.
A siete años de iniciado el conflicto entre un grupo de 21 vecinos del barrio Universitario y la municipalidad de Bahía Blanca, la Cámara de Apelación de Mar del Plata volvió a validar la ordenanza 16.124 que modificó el Código de Planeamiento Urbano para un amplio sector de la ciudad y que desde 2011 su aplicación se mantiene con restricciones.
Sin embargo, la posibilidad de ponerla en vigencia está todavía lejos de resolverse ya que en septiembre de 2017 la sociedad de fomento del barrio Universitario inició una causa similar a la ahora resuelta, a la cual la justicia dio lugar.
Vale decir que mientras la primera causa se termina de resolver, sigue abierta la segunda, que si bien desde la comuna se espera que se termine definiendo con idénticos recursos que la primera, preocupan los tiempos que demandará su resolución.
La historia
El conflicto que comenzó afectando a los barrios Universitario, Napostá, San Cayetano, Pacífico y Km 5 --que los dejó huérfanos de normativa, con la inédita situación de no poder la municipalidad dar permisos de construcción-- comenzó con el cuestionamiento de los mencionados vecinos a la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en 2011.
La justicia dio lugar a la inquietud vecinal, hasta tanto resolviera si realmente, como éstos planteaban, la municipalidad había omitido realizar una audiencia pública previa a la promulgación de la ordenanza.
La Cámara de Apelación de Mar del Plata ratificó ahora que esa audiencia no era necesaria, luego de concluir que los efectos ambientales de la ordenanza no son negativos para el barrio, sino que, por el contrario, "apuntan a mejorar la situación intergal del sector". La audiencia sólo es necesaria si se advierten que puede haber efectos perjudiciales.
"La ordenanza reduce la capacidad constructiva en los barrios y provocará una merma constructiva de entre el 50 y el 60%, sin generar efectos negativos en el medio ambiente, sino todo lo contrario", señala el escrito.
Se rechazó además los dichos vecinales acerca de que tanto la nueva ordenanza "ha venido a arrasar con la identidad del barrio", afectando la calidad de vida de la población, como también niegan la veracidad de que la municipalidad "no ha respetado el derecho a participar".
Por el contrario, quedó demostrado que hubo discusiones previas sobre la situación del barrio, "con la participación de los vecinos y la sociedad e fomento".
Se asegura que los vecinos "intervinieron activamente" mediante propuestas, opiniones y aportes del más variado tenor.
Inactividad
La Cámara concluye que hubo además en todo el proceso "una inactividad probatoria" por parte de los vecinos, es decir la obligación de demostrar "de manera concreta y fehaciente" que la nueva normativa "poseería entidad para alterar el forma perjudicial el sector o que era un enmascaramiento de la problemática situación".
"Nulo esfuerzo probatorio en tan dirección se constata en la causa", se indica.
La situación
Si bien el conflicto comenzó en 2011, en 2014 se firmó un acuerdo entre los vecinos y la municipalidad, de modo que el juicio se limitó exclusivamente al barrio Universitario, donde sólo se permite la construcción de viviendas unifamiliares "de las características de las existentes" y locales comerciales.
“En suma, la ordenanza ha desarrollado fórmulas inteligentes en la que el equilibrio pueda plasmarse en pos de una ciudad sostenible y habitable”, dijo la justicia.