Más violencia en Brasil
La ola de ataques que se extendió por el violento estado de Ceará (nordeste) sumó este sábado su undécimo día ante una población asustada por estos actos vandálicos que el presidente brasileño Jair Bolsonaro calificó de “terrorismo” y que el despliegue de la Fuerza Nacional no consiguió frenar.
“Sus actos, como incendiar o hacer explotar bienes públicos o privados, deben ser tipificados como TERRORISMO”, tuiteó en la mañana el mandatario ultraderechista.
Desde el inicio de los disturbios el pasado 2 de enero, las autoridades locales contabilizaron más de 200 ataques en 43 ciudades de Ceará, un estado pobre del semiárido nordeste, y la policía detuvo a más de 330 personas. Esta ola de violencia se desató después de que el nuevo responsable de la Administración Penitenciaria anunciara el endurecimiento de las condiciones de detención para impedir que las bandas criminales dirijan sus operaciones desde las cárceles.
En los últimos diez días, integrantes de grupos de narcotraficantes atacaron bancos, autobuses e incluso comisarías, sembrando el temor entre la población de uno de los estados más violentos del país, donde viven nueve millones de personas. Los ataques -que arrancaron en la capital, Fortaleza, y se extendieron después hacia el interior- afectaron a la circulación de autobuses, la recogida de basuras o al funcionamiento de los comercios. “La inseguridad es total porque todo está muy complicado. Estamos a merced de los bandidos”, contó a la AFP Juliana Monteiro, una cajera de 31 años que trabaja en Fortaleza y lleva días sin saber cómo podrá regresar a casa tras su jornada.
En la madrugada del sábado, los asaltantes derribaron un gran poste eléctrico en Maracanaú, en las afueras de Fortaleza, donde algunos barrios quedaron sin electricidad durante horas.
La llegada de 300 efectivos de la Fuerza Nacional hace una semana disminuyó la intensidad de los ataques, pero no consiguió erradicarlos, por lo que un nuevo contingente de 200 agentes fue enviado el martes.
Aunque es posible ver a los efectivos de este cuerpo especial patrullando por las calles de Fortaleza, los actos vandálicos continuaron, afectando también al turismo de esta región costera de playas paradisíacas y muy frecuentadas en el verano austral. “No tenemos en quién confiar, ni ninguna garantía de seguridad. Por eso, está muy difícil salir a la calle”, valoró Daila de Queiroz, una ven- dedora de 23 años.
La crisis en Ceará es la primera gran prueba en materia de seguridad para el gobierno de Bolsonaro, que asumió el poder el 1 de enero. El excapitán del Ejército había prometido mano dura contra la criminalidad durante la campaña electoral del año pasado.
En su tuit del sábado, el presidente citó un proyecto de ley de un senador que prevé redefinir el “tipo de conductas que pueden calificarse de terrorismo”, y entre las que el mandatario ya se mostró partidario de incluir a las ocupaciones de terrenos por organizaciones como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
El gobernador de Ceará, Camilo Santana, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT, oposición), solicitó en dos ocasiones el despliegue de la Fuerza Nacional antes de que el nuevo ministro de Justicia, Sergio Moro, la autorizara el pasado viernes. “Estamos sacando privilegios de los presidios y eso causó toda una reacción del crimen organizado”, explicó Santana este jueves, añadiendo que no piensa dar marcha atrás. Los planes de su gobierno, y en especial del secretario de Administración Penitenciaria, desataron la ira de las bandas de narcotraficantes, que llegaron a olvidar sus rivalidades internas para intensificar los ataques. Estos cambios, que pretenden reducir la criminalidad, incluyen el bloqueo de las señales de telefonía celular en las prisiones y el fin de la separación de reclusos por facciones que controlan las cárceles.
“Ya transferimos a 21 jefes de grupos criminales y, en las próximas horas, transferiremos 20 más. Mi decisión es no recular ni un milímetro y no tengo duda que esas acciones tendrán reflejo positivo para los cearenses en un futuro próximo”, añadió el gobernador.
Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, por detrás de Estados Unidos y China, con casi 730.000 reclusos según cifras de 2016. Los centros penitenciarios sufren altos niveles de hacinamiento y son a menudo escenario de brutales enfrentamientos entre bandas criminales.
Los planes trazados por el gobierno de Jair Bolsonaro (foto) desataron la ira de las bandas de narcotraficantes, que llegaron a olvidar sus rivalidades internas para intensificar los ataques.