¿Qué porción de la salud se llevan los extranjeros en el sur del SOB?
Está en discusión —nuevamente— la gratuidad del servicio sanitario para los turistas o los trabajadores foráneos. En el Hospital Penna se atienden entre 3 mil y 4 mil en forma anual.
Después de las noticias de los turistas argentinos que debieron pagar altísimas cuentas por tratamientos médicos en Chile y en Bolivia, la cuestión de la gratuidad de la salud pública en nuestro país para los extranjeros volvió a estar en el tapete.
Mezcla de indignación — muchas veces— casi futbolera, de sensación de injusticia hacia el ser nacional y —lamentablemente— un poco de xenofobia no asumida, ante estas cuestiones el argentino promedio exige que la ley sea pareja, y más de uno demanda deportaciones masivas en represalia.
En nuestro país, el derecho a la salud pública es el mismo para argentinos, residentes o extranjeros de paso; pero eso no significa que siempre sea gratuito. En muchos casos, los foráneos o los habitantes que cuentan con los recursos necesarios deben pagar las cuentas de su atención y/o internación; y eso ocurre en nuestra zona.
Por ejemplo, en el distrito de Patagones primero se determina si el paciente está en condiciones de abonar el tratamiento; en Villarino directamente no se cobra, lo mismo que en el Hospital Penna de Bahía Blanca. En todos los casos se reconoce que el número de extranjeros que se atiende es muy bajo, casi despreciable. El fenómeno de los trabajadores golondrina en el Valle Bonaerense del río Colorado, se explica, es tema del pasado.
Fabián Giménez, director adjunto del Hospital Penna, Nueva. explicó a La que en los dos últimos años se atendieron entre 3 mil y 4 mil extranjeros en el nosocomio, alrededor del 3 % de los pacientes que se reciben en forma anual.
“Si estuviéramos en una zona limítrofe con una constante presencia de personas de otras nacionalidades, deberíamos evaluar la posibilidad de hacer un convenio con el país lindante; pero en nuestro caso no lo consideramos un problema.
“Como hospital perteneciente a la Provincia no aplicamos restricciones a quien se atiende. Para nosotros, primero están los pacientes”, aseguró.
Por su parte, el delegado local de la Dirección Nacional de Migraciones, Alejandro Meringer, recordó que el ex- tranjero, más allá de la situa- ción migratoria, tiene su atención médica amparado por la ley 25.871.
“Es decir, la vida de una persona no puede ponerse en riesgo por un tema económico. Después, en casos como los de los argentinos que debieron pagar su tratamiento en países limítrofes, no está contemplado en la Ley 25.871 ni en su reglamentación; posiblemente habría que analizar la viabilidad de un seguro de salud para el Mercosur, pero es solo una idea”, explicó.
Ante estos hechos, consideró, que la bronca de la gente se debe a la falta de reciprocidad en la medida.
Este sentimiento se exacerba —aún más— cuando surgen denuncias como la realizada hace días desde Comodoro Rivadavia, donde desde el nosocomio local se manifestó el funcionamiento de una suerte de “turismo de salud” por parte de ciudadanos extranjeros, con costos que invariablemente debe afrontar el Estado.
Algo similar podría ocurrir en nuestra zona, donde siempre se habló de colectivos que parten desde otros países con destino al Hospital Penna.
Al respecto, Giménez y Meringer aseguraron que no tienen constancia de que esto haya pasado o esté ocurriendo en la actualidad.
“Siempre se habló de contingentes que venían en los 70 y en los 80 desde Chile a atenderse, pero no tenemos conocimientos de que eso ocurra. Acá se atienden emergencias y cirugías programadas, que son cosas diferentes. Para una operación, hay una lista de espera y la idea es que la gente espere la menor cantidad de tiempo posible”, señaló.
Meringer, por su parte, reconoció que siempre se habló de la existencia de estos tours.
“Sin embargo, no tenemos información oficial más allá del vox pópuli”, explicó.
¿Qué hacer ante estos casos, entonces? Posibilidades hay varias.
Entre ellas se señala que el Estado debería determinar el alcance de la Ley Migratoria en cuestiones vinculadas a la salud; también se plantea generar convenios bilaterales con todos los países vecinos para evitar estos cobros; o —como señaló en la semana el secretario de Salud nacional, Adolfo Rubinstein— establecer una discusión a nivel nacional respecto de cuál es el mejor sistema sanitario para el país.
Ninguno de ellos, lamentablemente, parece ofrecer una solución en el corto plazo.