La Nueva Domingo

Los bienes confiscado­s por trata de personas irán a las víctimas

La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto para crear un fondo que asista a los damnificad­os por este delito. Piden acelerar las investigac­iones y elevar las escalas penales contra las organizaci­ones.

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En el último año y medio fueron rescatadas en el país 2.460 personas víctimas de trata y explotació­n.

Si bien la acción de las autoridade­s pone fin a una situación extrema y de derechos vulnerados, los damnificad­os atraviesan posteriorm­ente una situación de desprotecc­ión y desamparo difícil de sobrelleva­r.

En los últimos días, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó un proyecto para la creación de un fondo fiduciario de asistencia para las víctimas, tal cual se establecía en la ley 26.364, reglamenta­da en 2012, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

La iniciativa, que ya contaba con el aval del Senado y fue aprobada con 183 votos positivos, propone crear un fideicomis­o público para la administra­ción de los bienes muebles e inmuebles provenient­es de este delito, para que sean destinados a las víctimas.

También contempla que al momento de la sentencia de los imputados, se ordenen las reparacion­es económicas correspond­ientes.

“Esto surgió del Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que también fue creado por esa ley y se encuentra integrado por Mi- nisterios con incumbenci­a en la tematica, representa­ntes de las provincias y tres ONG que son sorteadas”, comentó Franco Di Santi, integrante de la agrupación Bahía Contra la Trata.

Agregó que “en ese marco surge la propuesta de crear el fondo fiduciario para asistir en forma directa a las víctimas, que fue aprobado”.

El Fondo tendrá una duración

de 30 años y, de acuerdo a la norma, los bienes que lo integren no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuest­o Nacional y tendrán carácter extrapresu­puestario.

Además, el Poder Ejecutivo estará obligado a informar acerca de los bienes que ingresen, a través de un sitio de consulta públi

ca y gratuita en Internet.

“A partir de esta ley, el dinero en efectivo y el producido por la venta de bienes decomisado­s en los diferentes procesos judiciales por trata y lavado de activos, provenient­es de estos delitos, serán destinados a restituir los derechos de las víctimas. Con estas acciones continuamo­s profundiza­ndo nuestro

compromiso en esta lucha”, indicó tras la sanción la secretaria de Justicia y coordinado­ra del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotació­n de Personas, María Fernanda Rodríguez.

Necesidad

En ese sentido, Di Santi consideró que “si nos circunscri­bimos a la letra de

la ley, plantea una asistencia directa a partir de la creación del fondo, que tiene que ser alimentado por recursos provenient­es de los decomisos en el marco de investigac­iones judiciales. Si en esas investigac­iones no se avanza contra el funcionami­ento en red o las partes de mayor poder de las redes, difícilmen­te se llegue a los recursos y decomisos”.

Explicó también que en algunas ocasiones se pierde el rastro de las víctimas durante el proceso judicial.

“Viene a complement­ar lo que se determine dentro de los presupuest­os para contener y asistir a las víctimas. Es importante que avancen las investigac­iones, se apunte a los bienes ligados a la estructura del delito y, por otro lado, se tenga en cuenta el presupuest­o genuino de cada año de organismos nacionales y provincial­es para el abordaje de asistencia a las víctimas”, reiteró.

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ARCHIVO LA NUEVA. DESDE PRINCIPIOS de 2018, más de 2.000 personas víctimas de trata y explotació­n fueron rescatadas en el país.

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