El otro debate de los candidatos
Hay numerosos argumentos que sustentan la realización de debates públicos entre los candidatos a ocupar los principales cargos en una república. Muchos de ellos ya han sido expuestos cuando se sancionó en 2016 la ley 27.337, que establece la obligatoriedad de los candidatos a presidentes que hayan superado el piso que imponen las PASO, a participar de un debate.
Aunque la tradición Argentina había encontrado su primer caso un año antes, en el marco de las elecciones presidenciales de 2015, dichos encuentros se habían realizado por iniciativa de las organizaciones intermedias.
En la ley mencionada, se dejó abierta la posibilidad de que los candidatos a vicepresidentes también participaran de un debate, siempre que ellos tuvieran la buena voluntad de hacerlo. Es el pedido que ha realizado Miguel Angel Pichetto: que se de trámite a esta convocatoria.
“Si las elecciones legitiman a los gobernantes, ciudadanos indepen- dientes, responsables, en posesión de toda la información que necesitan para tomar sus decisiones electorales son los que determinan la calidad y la fortaleza de una democracia”, había fundamentado Norma Morandini cuando presentó el presentó el proyecto de debates
presidenciales en el Senado, y que acompañé con mi firma.
En mi caso, presenté el 18 de julio un proyecto para que el debate de los postulantes a vicepresidentes sea obligatorio. Se trata de los postulantes a ser no solamente titulares del Senado de la Nación, sino que además ocupan el primer lugar en la sucesión presidencial, y en muchos casos quedan a cargo de los destinos del país por períodos cortos de tiempo, en los que el Presidente debe viajar, tomar licencia, etcétera.
Es por eso que no es menos importante que la sociedad pueda conocer las ideas y propuestas de los candidatos a vicepresidentes. El solo hecho de reconocer su potencial función de poder llegar a ser presidente, obliga a que se exijan las mismas condiciones a los candidatos a este cargo que las que se requieren para la Presidencia.
Por otro lado, en las elecciones que tenemos por delante tenemos un hecho singular. Una candidata a vicepresidente, Cristina Kirchner, fue quien designó el candidato a presidente de su espacio. Sin dudas, la sociedad quiere saber qué piensa ella del país que viene, pero no a través de sus actos de campaña, donde no hay diálogo alguno con quien piensa diferente a ella.
La riqueza de un debate obligatorio es que todos los candidatos gozan exactamente de las mismas condiciones y pone a todos en pie de igualdad. Sólo así se puede dar un intercambio franco de cara a la ciudadanía. Querer debatir no puede ser considerado un acto de afrenta; por el contrario, es un acto democrático ante los argentinos.
Aunque el camino que debe transitar un proyecto para convertirse en ley no permita que esta iniciativa sea aprobada para estas elecciones (además de que estamos en un proceso electoral ya iniciado y no deben modificarse sus reglas en el camino), la actual legislación da la posibilidad de que el debate se lleve adelante, si todos los candidatos expresan su buena voluntad a participar. A eso apelamos: a la buena voluntad de los candidatos para exponer e intercambiar sus miradas de la actualidad y del futuro de nuestra Argentina.
(*) Senadora nacional por Tucumán. Autora de la iniciativa.
Apelamos a la buena voluntad de los candidatos para exponer e intercambiar sus miradas de la actualidad y el futuro de la Argentina.