“El remisero que me mandó la ART fue el que me recomendó al abogado”
A mediados del año pasado, Valeria iba en bicicleta hacia su trabajo. Al doblar en una esquina céntrica, un automovilista abrió la puerta de manera imprevista y la golpeó.
Valeria cayó violentamente y sufrió lesiones.
Como estaba camino a su trabajo, tenía protección de la ART.
Diez sesiones de kinesiología con cobertura de traslado fueron parte de la primera asistencia.
La ART le mandó el remís para llevarla al centro médico. La chofer que primero la trasladó no le dijo nada, pero sí lo hizo el dueño de la flota, que la llevó en el segundo viaje.
¿Qué te pasó?, le preguntó.
Valería le explicó lo del accidente, el tipo de lesiones que había sufrido y el tratamiento iniciado. -¿Te pagan algo? -Que yo sepa no, salvo el tratamiento...
-Ojo porque estos (los de la ART) no se van a hacer cargo. Yo tuve un accidente y solo me pagaron los gastos médicos. No me indemnizaron. Te puedo recomendar un abogado de confianza, te va a asesorar.
Valería no solo recibió una tarjeta del profesional, sino que el remisero le entregó varias “para que repartiera en el trabajo, por las dudas”.
Después de iniciar la gestión, el abogado le pidió que cuando firmara el alta médica lo hiciera en disconformidad. “Yo me encargo del resto”, le advirtió.
Cuando el traumatólogo que la revisó le preguntó quién le había dicho que firmara en disconformidad se sorprendió. “Ah, bueno, acá todos vienen con abogado, ¿qué pasa?”, respondió el médico de manera espontánea. No la revisó ni le mandó a hacer estudios. Nada.
Casi sin saber cómo era la operatoria, Valeria continuó. Un día la citaron a la Comisión Médica de la calle Chiclana y antes de presentarse ante la junta de evaluación recibió otra advertencia llamativa.
“El abogado me agarró en la vereda, antes de entrar, y me aclaró que no dijera nada de la fractura, que iba a pasar como una lumbalgia, y que me iban a hacer agachar y estirar los brazos, pero que dijera que no podía hacerlo. Tuve que hacer el acting y así pasó. Me dieron una incapacidad de 6% y después me pagaron poco más de 200 mil pesos”, sostuvo Valeria.
Recién el día del cobro el abogado le comunicó cuál era su arancel. “Se llevó el 20%. Le había preguntado mil veces y siempre me respondía con evasivas”, reconoció.
A Valeria le quedaron varias sensaciones: que a nadie le importó su diagnóstico -hoy todavía tiene dolencias y limitaciones físicas- y que el abogado solo tenía un fin recaudatorio, aunque también cree que sin el patrocinio legal solo le hubieran cubierto la kinesiología.
El asesoramiento legal es imprescindible, pero para que sea pleno se requiere la prestación de un abogado de confianza.