“Los juicios por jurados no son un gasto sino una inversión en república”
Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, defendió el sistema -la ley está próxima a cumplir 10 años- tras conocerse el dinero que insume. Dijo que se afecta solo el 0,06% del presupuesto de la Corte.
"La Justicia técnica es mucho más cara. Los juicios por jurados no son onerosos y, por el contrario, son más eficientes".
De esa manera el abogado Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, defendió ese sistema de enjuiciamiento vigente en la provincia.
Su palabra se conoció tras
Nueva. un informe de La dando cuenta que el Estado bonaerense invirtió en 2022, en promedio, casi 400 mil pesos por cada juicio por jurados y que este año hubo al menos un debate en Tres Arroyos que costó casi $1,8 millones.
Harfuch dijo que la entidad que representa asistió a todas las provincias donde se impulso el servicio y que incluso él estuvo en la comisión de Legislación Penal cuando se debatió.
"El juicio por jurados insume el 0,06% del presupuesto actual de la Corte. Nada. Los poderes judiciales provinciales gastan más en publicaciones digitales que nadie lee", comparó.
Ya se realizaron 800 juicios en todo el país y en ningún lugar surgieron problemas presupuestarios. "Es un mito", advirtió.
es una institución que tiene dos milenios. Acá estamos empezando. La ley tiene 10 años", explicó Andrés Harfuch.
Y puso un ejemplo práctico de por qué son menos onerosos: el juicio por la Masacre de Monte, desarrollado hace unos días.
"Ese expediente pasó a juicio con 30 cuerpos y 300 testigos. Si hubiese sido con jueces técnicos, el juicio llevaba 3 meses y medio para escuchar a todos. Saquen la cuenta de cuánto sale todo eso en sueldos diarios de todo el sistema. En este caso se hizo en 10 días corridos y con 25 testigos. El juicio técnico se caracteriza por escuchar prueba repetitiva e inútil, no hay filtro de prueba, a diferencia del juicio por jurados", dijo.
Si bien es cierto que la nueva modalidad funciona con un juez técnico como director de audiencia, los otros dos magistrados de un tribunal pueden seguir con el sistema tradicional.
Harfuch insistió en que nadie dice cuánto sale la Justicia técnica, porque "es carísima por lo ineficiente" y remarcó que la Constitución ya definió que los juicios deben ser por jurados, más allá de costos.
Problema y solución
Sí reconoció el especialista que existen problemas "solucionables" en algunos juicios por jurados.
"Lo de Tres Arroyos es un problema de organización. Se puede solucionar y lo hemos propuesto a la Corte que, para distritos inmensos como Azul y Bahía, haya subpadrones (para seleccionar jurados)", dijo.
Otra necesidad -agregóes la creación de una oficina judicial de jurados. Buenos Aires es la única provincia que no la tiene.
Sería un ente para cada jurisdicción, integrado por dos o tres personas dedicadas exclusivamente a citar juradosyorganizarlugares, traslados, viáticos, comidas, entre otros puntos.
"Eso agilizaría enormemente todo. Propusimos como prueba piloto a Bahía y Azul y se puede hacer con los recursos existentes. Hoy tenés a empleados de los tribunales dedicados a esas cuestiones y, a su vez, a las propias del sistema tradicional", dijo.
"Algunos juicios, como en la ciudad de Azul, no se hicieron no porque los jurados no vinieron sino porque nadie los llamó", reconoció Harfuch.
Como conclusión, Harfuch remarcó que "la inmensa mayoría de los jurados quedan conformes con su actuación; eso es la democracia. El jurado está para que la gente común ejerza la cosa pública. Un jurado, cuando termina de ser jurado, emerge como mejor ciudadano, con otra confianza en el sistema. Más que un gasto hay que verlo como inversión en república".
También dijo que el sistema lleva apenas 10 años. "Estamos empezando".
"El jurado es una institución que tiene dos milenios; en Inglaterra llevan 900 años; en Estados Unidos, 400. Hay que dejar que se despliegue. Estamos en los comienzos de una nueva institución", cerró.
Buenos Aires es la única provincia que le permite al acusado de delitos graves renunciar a ser juzgado por jurados.