Aborto: “El protocolo está contra la vida”
El arzobispo de San Juan, monseñor Alfonso Delgado, consideró que el reglamento viola la Constitución.
El arzobispo de San Juan, monseñor Alfonso Delgado, consideró que el protocolo para la realización de abortos no punibles difundido por el ministerio de Salud contradice disposiciones de mayor rango y viola la Constitución Nacional.
Pese a que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró que el aborto no estaba en la agenda, el prelado juzgó que el protocolo "es bien claro y pretende arrasar con la ley, la Constitución y los Derechos Humanos.
"Este protocolo atenta contra el primer derecho humano, el derecho a la vida. En este caso, se trata de la vida del ser más inocente e inerme: el niño por nacer, que ya tiene documento de identidad propio, su ADN. Si se aplicara, el niño por nacer seguiría con su derecho a heredar, pero no tendría derecho a nacer. Es un absurdo de consecuencias muy graves", manifestó el arzobispo.
Para monseñor Delgado, el protocolo aprobado por el gobierno nacional también viola el derecho humano fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
"Es otro derecho humano básico de cualquier persona frente a acciones que lo quieran obligar a violar su conciencia y sus convicciones", observó.
El arzobispo sanjuanino también puso el foco en las consecuencias físicas y psíquicas de las mujeres que pasaron por la experiencia traumática de un aborto.
"¡Los sicólogos entienden lo difícil que es curar el profundo dolor del alma de estas personas cuando llegan a tomar conciencia de lo que han hecho contra la vida de un ser humano!", dijo el sacerdote.
Monseñor Delgado también expresó: "Si alguien realizó o participó en la muerte de un niño por nacer, les pido que no pierdan la esperanza de la misericordia de Dios.
"El camino es el encuentro con la verdad y el perdón de Dios, y convertir esa herida en ayuda eficaz para que otros niños amenazados puedan llegar a vivir, transmitiendo la experiencia dolorosa a otras mujeres y trabajando por la vida de los más vulnerables", manifestó.
Derechos
De acuerdo a la normativa vigente, en Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud. Esto es cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado Avance. La semana pasada el Ministerio de Salud de la Nación había publicado en su web el protocolo actualizado y los cambios fueron criticados por la Iglesia Católica. ANP e ILE. En particular cuestionaron que en lugar de hablar de aborto no punible (ANP) se haga referencia a la interrupción legal del embarazo (ILE) y que se excluya la objeción de conciencia institucional. Cifras. El ministerio de Salud considera que en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, pero aclara que estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. por otros medios.
Si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios (el concepto de salud involucra el aspecto físico, psíquico, mental y emocional), o cuando el embarazo proviene de una violación, lo cual obviamente incluye a la persona con discapacidad intelectual o mental. Para hacerlo efectivo sólo se solicita una declaración jurada de la víctima o su representante legal donde afirme que el embarazo es producto de ella.
Por esto, se subraya que "para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación". Comentá esta crónica en lanueva.com