Indagaron a médicos por los seis casos (uno fatal) de hepatitis
Roberto Baroni y Oscar Casalini están acusados de la muerte de una paciente y lesiones graves a otros cinco. También declararon un anestesista y una enfermera.
A casi tres años de los graves hechos, la fiscalía local indagó ayer a dos médicos, un anestesista y una enfermera por el presunto contagio con hepatitis C de seis pacientes en el Instituto de Diagnóstico Digestivo, uno de los cuales falleció.
Los fiscales Olga Herro y Eduardo Zaratiegui interrogaron, respectivamente, a los doctores Roberto Baroni -director del centro ubicado en Gorriti 371- y a Oscar Casalini, quien habría ordenado, en septiembre de 2012, los estudios endoscópicos y colonoscópicos que derivaron en los graves cuadros de los asistentes.
Dos meses después, y luego de ser sometida a un trasplante hepático en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, dejó de existir una de ellas, Mónica García Suárez, de 61 años.
En la víspera también se presentaron a declarar, en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal, el anestesista José Calió y una enfermera de apellido Rivadeo.
Los cuatro están imputados de homicidio culposo, en concurso real con lesiones graves culposas (cinco hechos).
“Los dos médicos declararon, mientras que el anestesista y la enfermera, amparados en el derecho que le asiste, se negaron a hacerlo, aunque sus abogados decidieron que van a ampliar la declaración, esto quiere decir que van a ser citados por la fiscal en los próximos días”, comentó una fuente allegada al caso.
Baroni y Casalini, como era de prever, negaron los car- gos, aunque no trascendieron otros detalles de lo que dijeron porque se esperan las declaraciones de los otros dos imputados, para su posterior cotejo y análisis integral.
Intervienen los defensores particulares Mercedes Gil Donari (asesora a Baroni), Sebastián Martínez (Casalini), Hugo Sierra y Bouzat (Calió) y Mariano Jara (Rivadeo).
Si bien pudo existir en el caso distintos grados de responsabilidad, para la fiscal Olga Herro, a cargo de la Investigación Penal Preparato- ria, está virtualmente acreditado que la falla señalada que provocó el contagio masivo y fatal se produjo dentro de la clínica y que cada uno de los cuatro acusados incumplieron con su deber de cuidado.
A principios de 2013, la justicia de Garantías había ordenado la inhibición de bienes de los tres profesionales que estaban a cargo del centro médico y de los tratamientos.