Piden llevar a juicio al presunto responsable de una casa de citas
La fiscalía solicitó la elevación a debate de la causa seguida a Juan Ramón Romero Miranda. Durante un tiempo habría regenteado el lugar desde la cárcel en la que estaba detenido.
El fiscal Mauricio Del Cero pidió ayer la elevación a juicio de la causa seguida a Juan Ramón Romero Miranda (45), a quien acusó de regentear una casa de citas ubicada en pleno centro de la ciudad, incluso de haberlo realizado durante un tiempo desde el interior de la unidad penal en la que se encontraba detenido por la causa Suris.
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, de delitos sexuales, requirió al juez de Garantías Nº 2, Guillermo Gastón Mércuri, que el imputado, apodado “Mendu” o “Mendocino”, sea juzgado por los delitos de “facilitación y explotación económica de la prostitución ajena”.
El procesado fue absuelto en septiembre del año pasado por el Tribunal Oral Federal bahiense, en el marco del juicio llevado adelante contra Juan Ignacio Suris y otras diez personas por la presunta comercialización de drogas.
Recientemente, un fallo de la Cámara de Casación Federal revocó el veredicto y ordenó la realización de un nuevo debate.
El 27 de enero pasado, Romero Miranda fue detenido durante un operativo desarrollado, poco después de las 21, en una propiedad ubicada en Soler al 300, donde personal de la Policía Federal “halló a tres mujeres de nacionalidad argentina en situación de prostitución”, según se informó oficialmente.
Del Cero sostuvo en su requisitoria que el “Mendocino” estableció y organizó el lugar “con la exclusiva finalidad que las mujeres que allí se encontraban ofrecieran y concretaran servicios sexuales a cambio de dinero”.
Mencionó que el imputado controló, coordinó y dirigió la actividad, sosteniendo que decidía los días y horarios de atención, las tarifas y la admisión o rechazo de mujeres al privado de su propiedad.
Indicó que Romero Miranda abonaba los gastos e insumos del sitio, quedándose con un porcentaje del dinero cobrado por los pases, los que representaban "su ganancia a costa de la explotación sexual ajena”.
Además de declaraciones de testigos y efectivos policiales, y otras pesquisas llevadas adelante por la Prefectura Naval Argentina a partir de una denuncia anónima a la línea gratuita 145, el fiscal valoró el resultado de las intervenciones telefónicas ordenadas en la causa, en las que detectaron comunicaciones entre una mujer que oficiaba de encargada y el imputado, quien por entonces se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra, en relación con la investigación de la justicia federal.
Consideró que al analizar las escuchas “resulta evidente el control y dirección que mantenía Romero”.
También refirió que, una vez que recuperó la libertad, mediante tareas de vigilancia, se determinó que el procesado regenteaba personalmente el sitio.
Por todo ello, Del Cero solicitó al magistrado la elevación a juicio de las actuaciones seguidas al sospechoso.
Ahora se le dará traslado al defensor de Romero Miranda y, en caso de no haber oposición, la causa pasará a debate y se deberá sortear el Juzgado Correccional que lo lleve adelante.
Para el Ministerio Público, a partir de las pruebas reunidas, quedó evidenciado el control y dirección que el procesado tenía del sitio