Tras nueve años, fueron sobreseídos directivos del Patronato de la Infancia
En una causa en la que estaban acusados de abandono de persona y encubrimiento de la violación de una joven con retraso madurativo.
El exdirector del Patronato de la Infancia y tres integrantes del equipo técnico de la institución, acusados de abandono de persona y encubrimiento de la violación de una adolescente que vivía en el lugar y tenía retraso madurativo, fueron sobreseídos en los últimos días por la justicia de Garantías local, a casi 9 años de denunciados los hechos.
La resolución fue adoptada por el juez Guillermo Mércuri, aunque la fiscal Olga Herro, quien encabezó la investigación y había pedido llevar a juicio a los cuatro procesados, adelantó que va a recurrir ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.
Esta medida beneficia a Antonio López, extitular del Patronato; Susana Camblor, coordinadora de apoyo escolar; Verónica Godoy, trabajadora social y al psicólogo Esteban Godia. Todos habían sido indagados en 2012.
Mércuri, en el marco de una resolución de más de 100 fojas, concluyó que estas personas no habían cometido ningún delito.
Entre febrero y agosto de 2008, la joven, entonces de 17 años pero con un retraso madurativo moderado, estaba sometida a un régimen de salidas de la institución, para reforzar los lazos con su familia.
En ese contexto se produjo la violación, al menos en una oportunidad, en una vivienda de Roca al 1800 de Punta Alta. Por el delito fue condenado a 7 años de cárcel Néstor Luis Ibars (quedó firme a fines de 2016 y fue detenido), mientras que el también acusado Juan Esteban Mardones se mantiene prófugo.
La chica -que era incapaz de prestar consentimiento y aceptar libremente la relaciónquedó embarazada y fue sometida a un aborto terapéutico.
Su declaración mediante la cámara Gesell permitió confirmar los abusos que sufría cuando era retirada los fines de semana del Patronato para ser llevada a Punta Alta.
“Todos sabían”
La investigación avanzó y se acusó al director y al equipo de apoyo del Patronato de conocer esta situación y no actuar en consecuencia.
La abogada María Fernanda Petersen, por entonces secretaría de la entidad y madrina de la joven, fue quien lo denunció.
Informó, a través de un acta, que desde julio de 2008 se estaba al tanto del peligro que afrontaba su ahijada cada vez que se le permitía visitar a su entorno familiar.
De hecho, Petersen reclamó la renuncia de los cuatro imputados, que luego fueron despedidos.
“Todos sabían de los abusos sexuales a los que estaba expuesta mi ahijada. Incluso constaba en el acta, la que no fue inmediatamente presentada al Tribunal de Menores ni al Servicio de Protección y Promoción de los Derechos del Niño. Las salidas se permitieron y la joven quedó embarazada”, aseguró.
Sin embargo, ahora el juez de Garantías resolvió que "no se tipificaron los delitos" (de abandono de persona y encubrimiento), desde el momento que "no se probó un daño concreto a la víctima" de parte de los cuatro acusados.